Introducción

Junio es el mes de las trabajadoras del sexo. Ya sea en las calles o en las redes sociales, acciones de visibilización, demandas de reconocimiento y reivindicación de derechos se renuevan cada 2 de junio, el Día Internacional de los y las Trabajadoras Sexuales. Pero junio de 2020 no iba a ser igual. La pandemia del Covid-19 ya era un hecho en estas latitudes y regía, desde marzo, el decreto presidencial de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Si bien el impacto de la pandemia suscitó hechos bastante extraordinarios en nuestras cotidianeidades, no es simplemente por ello que señalo la particularidad de junio del 2020. Es porque, entonces, el Estado nacional reconoció por primera vez a las trabajadoras sexuales. O casi.

El 7 de aquel mes de 2020, el Sindicato Argentino de Trabajadorxs Sexuales- AMMAR publicaba, en sus redes, el anuncio más esperado:

“Compartimos una excelente noticia para lxs Trabajadorxs Sexuales de la Argentina, en nuestra lucha por el reconocimiento de Derechos Laborales. El Ministerio de Desarrollo de la Nación creó el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular, ReNaTEP, que reconoce los trabajos a partir de saberes y oficios. Nuestra labor está incluida. Al inscribirnos podemos acceder a aportes jubilatorios, obra social, bancarización, comercialización y facturación formalizada. Agradecemos a lxs compañerxs de la UTEP, a Emilio Pérsico, Secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación, y a Vanesa Cufré, que se contactó con Georgina Orellano, nuestra referente a nivel nacional, para contarle la noticia hace un mes. Hoy es una realidad. ¿Cómo inscribirnos? Ingresamos a ReNaTEP Damos clic en formulario de inscripción Completamos nuestros datos y en la pregunta: ¿Cuál es el nombre de la ocupación o trabajo que realizas? Podemos elegir Trabajadorxs Sexuales o Strippers. Este es un paso muy importante en nuestra lucha y es hermoso que se haya hecho realidad en el mes que conmemoramos el Día Internacional de lxs Trabajadorxs Sexuales. #TrabajoSexualEsTrabajo”

En cuanto estuvo disponible en la página web, se registraron, en tiempo récord, más de 800 personas que ofrecen sexo comercial, y se hubieran registrado muchas más si no fuera porque, a las pocas horas de iniciado, el registro fue dado de baja. Al mes siguiente, la inscripción volvió a estar disponible pero ya sin las categorías específicas para las trabajadoras sexuales.

El registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular (ReNaTEP) resulta de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo de la Nación, en particular de su Secretaría de Economía Social, en diálogo con organizaciones y movimientos sociales. Se propuso como una forma de conocer la realidad de quienes trabajan en la economía popular y construir mecanismos para el reconocimiento de sus derechos. Se pensó como un primer paso “hacia la formalización de una gran cantidad de trabajadores/as en nuestro país que viven a partir del trabajo que realizan, pero, al estar por fuera de las relaciones asalariadas tradicionales, por el tipo de trabajo o la forma de organización que adoptan, no son reconocidos y reconocidas como tales y, por lo tanto, ven vulnerados sus derechos sociales, laborales y productivos”.¹

El registro no es obligatorio ni aporta automáticamente ningún beneficio, pero la inscripción permite incorporarse al monotributo social y acceder a instrumentos de la seguridad social. A la vez, el programa espera poder avanzar en materia de capacitación y acompañamiento para cuestiones de comercialización, crédito e inclusión financiera. Así las cosas, el ReNaTEP puede ser una herramienta valiosa para planificar y desarrollar políticas públicas para el sector, ya que puede brindar, fácilmente y a partir del registro voluntario, un panorama sobre las y los trabajadores de un sector de la economía invisibilizado, poco reconocido y atravesado por la vulnerabilidad social y/o laboral.

Al momento de su lanzamiento, quienes podían inscribirse en el registro eran los trabajadores y las trabajadoras que crearon su trabajo a partir de sus saberes y oficios, que trabajan de manera individual o con otros y que se encuentran en una posición asimétrica desventajosa en relación con el ámbito financiero, comercial, o fiscal. Es importante señalar que el registro toma en cuenta la autopercepción como trabajador/a de la economía popular, es decir que atiende a la propia valoración de las personas respecto de las labores que llevan adelante. Asimismo, estas labores fueron comprendidas, en el registro, dentro de ocho ramas de actividades: servicios socio comunitarios, comercio popular y trabajos en espacios públicos, servicios personales y otros oficios, recuperación, reciclado y servicios ambientales, construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, industria manufacturera, agricultura familiar y campesina, y, por último, transporte y almacenamiento. De aquí que el registro reúna una gran diversidad de inserciones laborales, pues cada una de esas ramas consta de múltiples ocupaciones, por ejemplo y por citar algunas de ellas, podemos encontrar desde vendedores ambulantes, cartoneros, recicladores, feriantes, artesanos, pequeños agricultores y pequeños manufactureros, limpiavidrios o de vehículos, trabajadores de comedores comunitarios, masajistas, podadores, serenos y paseadores de perros, hasta artistas callejeros, promotoras de salud o en contra de la violencia de género, entre tantos otros.

Como señalaba párrafos más arriba, en pocas horas muchas trabajadoras sexuales pudieron inscribirse, ya sea dentro de la rama de trabajadoras de espacios públicos o de la de servicios personales, bajo una categoría que, por primera vez, las reconocía como trabajadoras y lo hacía respetando su labor: trabajadoras sexuales o strippers. “Ya no debemos ocultarnos ni inscribirnos con categorías engañosas”,² festejaron. Pero la algarabía de las meretrices no iba a pasar desapercibida. Mientras ellas celebraban en sus redes sociales y generaban herramientas para ayudar y acompañar la inscripción online de otras compañeras menos acostumbradas a la tecnología, las feministas abolicionistas entraron en cólera, atribuyeron la inclusión de las trabajadoras sexuales en el registro a “una mano aviesa” y presionaron para su eliminación. El guante fue recogido por el funcionario amigo del Papa Francisco, Gustavo Vera, a cargo del Comité Ejecutivo de Lucha en contra la Trata y Explotación de Personas, y con ello, la suerte de las trabajadoras sexuales en el ReNaTEP quedó sellada. “Con el Ministro @LicDanielArroyo coincidimos, de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales, que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado”, posteó en Twitter el mencionado director del Comité. Antes, las militantes abolicionistas habían plagado las redes sociales con mensajes de repudio en los que equiparaban el trabajo sexual con la violencia y la violación. La Asociación Civil La Casa del Encuentro, por ejemplo, tuiteó su rechazo: “prostituir es violencia […] los cuerpos de las mujeres no son mercancía de venta ni fuente de trabajo precario […] las prostituidas no son trabajadoras, son explotadas sexuales o sobrevivientes”. Pronto aparecieron posteadas, además, fotos de funcionarios del Ministerio de Desarrollo intervenidas con la leyenda “proxeneta”. “Un derecho sería que no les dejen el culo como una flor”, tuiteó también la activista abolicionista Alika Kinan. Cuando, a pocas horas de su habilitación, el registro fue dado de baja, las feministas abolicionistas celebraron y mostraron fervientemente su beneplácito.

Lo que sigue puede ser leído como la historia de esa eliminación o, mejor aún, como una de las tantas historias que esa desestimación entraña. La que elijo contar es la que apunta a iluminar una dimensión generalmente invisibilizada, la del campo de lo epistémico como espacio susceptible de la violencia. Pues propongo leer este episodio en clave de falta de reconocimiento - y consecuentemente como vulneración de derechos -, bajo el lente conceptual de la injusticia y la violencia epistémicas (^{Fricker 2017} y ²⁰²¹; ^{Pérez 2019}). No es aventurado afirmar que, al ser eliminadas del registro, las trabajadoras sexuales fueron invisibilizadas, su capacidad epistémica fue negada y, por tanto, su posibilidad de representación fue expropiada. Como se verá en los apartados siguientes, argumentos abolicionistas y acciones institucionales de censura, o indiferencia, se concatenaron y plasmaron en injusticias y violencias epistémicas. No huelga decirlo, este tipo particular de injusticias y violencias se alimenta de, y alimenta a, otros sistemas de violencia y exclusión. Se retroalimenta con los prejuicios y el estigma, y se engarza con los sistemas de previlegio del heterocisexismo, el racismo y el clasismo. Tampoco huelga decirlo, que sean del campo de lo epistémico no quiere decir que este tipo de violencias no tenga efectos concretos y materiales en la vida cotidiana de las personas.

Este trabajo comienza por las trabajadoras sexuales y las formas en que, como sujeto político y como movimiento social, producen conocimiento sobre sí mismas y sobre sus relaciones con el entorno. De ahí la posibilidad de pensar el trabajo sexual como parte de los trabajos de la economía popular. El apartado recupera, también, la difícil coyuntura que enmarca el episodio, signada por la situación precaria y vulnerable de muchas trabajadoras sexuales durante la pandemia del Covid-19. Luego, el texto atiende al revuelo que causó, entre feministas abolicionistas y funcionarios, la incorporación del trabajo sexual en el ReNaTEP, y que se tradujo en la negación de las trabajadoras sexuales, de su agencia epistémica, de su subjetividad y hasta de su legitimidad como sujeto social. Las reflexiones finales apuntan a seguir pensando en los procesos habilitados por esta violencia epistémica, sus variados efectos y las responsabilidades del Estado a través de sus múltiples burocracias. Así pues, para este desarrollo, me valgo del trabajo de campo que vengo realizando desde el año 2013, en el marco de distintos proyectos de investigación que he dirigido ³ y que se enmarcan en los lineamientos de la antropología feminista (^{Daich 2014}; ^{Daich y Varela 2022}; ^{Castañeda Salgado 2006}). De este modo, este trabajo se beneficia de un corpus de información etnográfica producida durante los últimos años y que ha implicado un trabajo de observación, de observación participante, de entrevistas abiertas y de recolección e interpretación de fuentes secundarias. Todo ello a partir de la construcción de un campo tejido de relaciones con trabajadoras sexuales organizadas, personas que ofrecen servicios sexuales (se reconozcan como trabajadoras o no), funcionarios y funcionarias estatales (legisladores, agentes judiciales y de otros organismos relacionados con la temática, policías, entre otros), militantes feministas y otros actores sociales.

Conocimiento en movimiento: trabajo sexual, pandemia y economía popular

Sabido es que los movimientos sociales son productores de conocimiento (^{Melucci 1996}; ^{De Miguel Álvarez 2003}; ^{Conway 2006}; ^{Schroering 2019}) y el movimiento de las trabajadoras sexuales no es la excepción. Los movimientos sociales se organizan a través de la acción colectiva, que se construye sobre significados compartidos y es constructora de nuevos marcos de interpretación. Así, por ejemplo, el mismo concepto de “trabajo sexual” ⁴ surgió al calor de las primeras organizaciones y movilizaciones de prostitutas que, en las décadas del 70 y 80 en Estados Unidos y Europa, se organizaron contra la violencia policial, la criminalización y la estigmatización, y a favor del reconocimiento de derechos. Desde entonces, “trabajo sexual” y “trabajador/a sexual” se han vuelto expresiones cotidianas y no estigmatizantes, utilizadas tanto en el activismo como en salud pública, ciencias sociales y humanas, y otras disciplinas académicas. A diferencia de términos como “mujer en situación de prostitución”, que adhiere a la definición neo-abolicionista y remarca que ninguna persona elegiría involucrarse en la prostitución, la idea de “trabajo sexual” reconoce el trabajo y las decisiones que las personas hacen y toman (^{Daich 2021}).

Es importante detenernos, brevemente y antes de abordar el caso concreto que nos ocupa, en el hecho mismo de que las trabajadoras sexuales conforman un sujeto político y participan de un movimiento social. Vale subrayar que no es un fenómeno reciente, sino que es en la década del 70 cuando las prostitutas emergen como sujeto político; y que existe un movimiento internacional de trabajadoras y trabajadores sexuales que hunde sus raíces en la misma coyuntura de efervescencia político-cultural que vio nacer a los movimientos contraculturales más resonantes. Como todo movimiento social, tiene sus ciclos, sus repertorios y también sus disputas. Como todo movimiento, es dinámico y, al tiempo que lucha por la transformación social, él mismo se va transformando en el proceso. Al menos dos hitos marcaron el inicio de este movimiento internacional de trabajadoras del sexo. Por un lado, el surgimiento de COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics) en San Francisco en 1973, y, por el otro, la ocupación de la iglesia de Saint Nizier llevada adelante por las prostitutas de Lyon en 1975, que llevó a la conformación del Colectivo de Prostitutas Francesas e inspiró una acción semejante en Inglaterra con la creación del Colectivo de Prostitutas Inglesas. Para América Latina, el movimiento comienza lentamente en la década del 80, cuando se forman las primeras organizaciones: en 1982 Ecuador ve nacer la Asociación de Trabajadoras Autónomas “22 de junio”, y en 1986 se forma la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay, mientras que, en Brasil, y de la mano de Gabriela Leite, se funda la Red Brasileña de Prostitutas. En este devenir, también se forjaron y renovaron las alianzas con el movimiento feminista. En 1985, se formó el Comité Internacional a Favor de los Derechos de las Prostitutas como resultado del Primer Congreso Mundial de Prostitutas que tuvo lugar en Ámsterdam ese mismo año. El Segundo Congreso se realizó al año siguiente, en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas. Estos encuentros fueron organizados por la asociación de trabajadoras sexuales de Países Bajos, el Hilo Rojo, y por trabajadoras sexuales y aliadas, entre ellas Margo St. James y Gail Pheterson. El comité elaboró el primer estatuto mundial de los derechos de las prostitutas, que proponía la despenalización de todos los aspectos de la prostitución adulta, la regulación de las terceras partes de acuerdo a los códigos de comercio, la garantía a los derechos humanos y las libertades civiles de las prostitutas, la denuncia y exclusión de revisiones sanitarias obligatorias que históricamente funcionaron como modo de control de quienes ejercen la prostitución, el acceso a los mismos beneficios sociales que la ciudadanía en general, y el combate a la estigmatización (^{Daich 2021}; ^{Chateauvert 2014}; ^{Ditmore 2011}).

En Latinoamérica y el Caribe es notoria la proliferación de nuevas organizaciones en los años 90 y 2000, lo que respondió no sólo al acceso a financiamiento internacional - en particular alrededor de las conferencias mundiales sobre VIH - sino también a los procesos de consolidación de la democracia. En 1992 se formó la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NWSP), una red de organizaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales de países de África, Asia, Europa, América Latina y El Caribe y Norteamérica. Apenas cinco años después, y a partir de un encuentro en Costa Rica, se formó la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe, cuya Secretaría Ejecutiva se encuentra en Buenos Aires, la capital de Argentina. Aunque las reivindicaciones del movimiento internacional no sean absolutamente homogéneas, en general coinciden en la demanda de descriminalización de todos los aspectos de la prostitución adulta, en el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, en la erradicación del estigma social, y en la defensa integral de sus derechos humanos. De aquí que estas organizaciones se expresen públicamente en contra de los modelos de regulación de la prostitución (prohibicionismo, reglamentarismo, abolicionismo y neo-abolicionismo) que no consideran al trabajo sexual como trabajo. Proponen, en cambio, distintas iniciativas que se han conocido como “descriminalización”, o como el “modelo de legalización” o “modelo laboral” (^{Mestre i Mestre 2008}; ^{Maqueda Abreu 2009}).

Quisiera detenerme ahora, brevemente, en la conformación del movimiento argentino. Es importante recuperar el antecedente de Ruth Mary Kelly, una prostituta feminista que ejercía su oficio en el puerto de Buenos Aires, que defendió los derechos laborales de las trabajadoras del sexo y propuso la creación de un sindicato de prostitutas. Pues la particularidad de su propuesta radica en que, tan temprano como en los años 1971 y 1972, ya estaba pensando en las prostitutas principalmente como parte de la clase trabajadora. Ruth señalaba, en ese entonces, cuestiones absolutamente actuales y que hacen a la precariedad laboral estructural del capitalismo; la que ofrece a las mujeres pobres escasas posibilidades de inserción en el mercado laboral y, generalmente, precarias y mal remuneradas. Planteaba que la prostitución era un trabajo honrado pero carente de derechos, de ahí la necesidad de un gremio propio que pudiera velar por los intereses de estas trabajadoras (^{Daich 2019} y ²⁰²²).

Para mediados de los años 80, Ruth Mary Kelly iría alejándose, cada vez más, de la vida pública y, de hecho, ese alejamiento le valió también cierta invisibilidad. De este modo, la primera asociación de prostitutas de la Argentina surgió sin recuperar explícitamente su legado, herencia que sería reivindicada mucho después. AMMAR nació en el año 1995, a partir del encuentro de mujeres que ejercían la prostitución principalmente en los barrios porteños de Flores y Constitución. Estas mujeres participaban de unos talleres de autocuidado organizados por dos antropólogas ⁵ y, a partir de estos encuentros, comenzaron luego a discutir sus problemas acaecidos en las calles, en particular en relación con la policía. Así, mujeres y travestis, que participaban del sexo comercial callejero en la ciudad de Buenos Aires, comenzaron a reunirse y organizarse frente a la violencia policial.

Ahora bien, a poco de organizarse, no sólo denunciarían las acciones represivas cotidianas, sino que buscaron, además, “tener un sindicato y su obra social, derecho a la jubilación y al seguro de desempleo, como cualquier trabajador”.⁶ Al calor de las luchas contra las políticas neoliberales, AMMAR se incorporó tempranamente a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)⁷ en tanto Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina y con el fin de integrarse al resto de los trabajadores. “Es un orgullo recibir en nuestra casa a las trabajadoras del sexo que buscan sindicalizarse” ⁸ - con estas palabras, el entonces titular del CTA, Víctor de Gennaro, les daba la bienvenida y las reconocía como trabajadoras e interlocutoras válidas. Así pues, como lo registraron Antón y Tomarchio, AMMAR invertía el discurso, “ya no son los otros quienes hablan de ellas, sino son ellas mismas las que inician un proceso de autoconstrucción para crear en la sociedad un ámbito propio de debate, participación y reclamo” (¹⁹⁹⁵: 8).

Con el paso del tiempo, AMMAR continuó profundizando su trabajo colectivo de construcción política. Fue realizando distintas presentaciones y proyectos, tanto en lo que hace a prevención de VIH y enfermedades de transmisión sexual (ETS) como también respecto de la promoción de derechos, y en temáticas de violencia. Con filiales en varias provincias, las trabajadoras sexuales de AMMAR se organizaron y movilizaron contra los códigos de faltas que aún hoy habilitan la persecución policial y, a partir del año 2013, denunciaron también los abusos, vulneraciones de derechos y la criminalización secundaria habilitada por los operativos anti-trata.⁹ Insistieron en la necesidad de distinguir el trabajo sexual de la trata de personas y dieron cuenta de cómo las políticas anti-trata funcionaron como políticas anti-sexo comercial. Por ello, la organización ha pugnado insistentemente por el reconocimiento de los derechos laborales de quienes ejercen el trabajo sexual. Si bien AMMAR es la organización que nuclea la mayor cantidad de trabajadoras sexuales del país, no es la única.¹⁰ La filial cordobesa, fundada en el año 2000, es hoy una organización autónoma que también busca el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas que ofrecen sexo comercial.

Así pues, a lo largo de estos años, estas organizaciones han realizado un sinnúmero de actividades, charlas, encuentros, movilizaciones, denuncias y demandas al Estado. Han propiciado encuentros propios, como los plenarios anuales de AMMAR que reúne a las referentes de todas las provincias, el I Congreso Nacional de Trabajadoras Sexuales (Buenos Aires, 2017) o el Encuentro Nacional de Trabajadorxs Sexuales (Córdoba, 2018), que convocaron a trabajadoras y trabajadores del sexo de todo el país para debatir sobre su situación, compartir experiencias y consensuar un plan de acción. Han trabajado para declarar la inconstitucionalidad y la derogación de artículos contravencionales que criminalizan el trabajo sexual en la vía pública,¹¹ han denunciado la violencia policial y el maltrato institucional y se han dado estrategias creativas para enfrentarlo. Con consignas tales como “trabajo sexual es trabajo, negarlo es violencia”, “derechos laborales para las trabajadoras sexuales”, o “no somos esclavas sexuales, somos trabajadoras precarizadas”, las trabajadoras sexuales han reclamado la garantía de sus derechos al tiempo que disputaron significados estigmatizantes enarbolados por otros discursos. En alianza con activistas feministas, académicas y académicos, artistas, organizaciones sociales y otros, el movimiento generó nuevos espacios de intercambios y lucha: en 2012 se creó la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual en Córdoba y, en 2016, el Frente de Unidad Emancipatorio por el Reconocimiento de los Derechos de Trabajadorxs Sexuales en Argentina (Fuertsa) de carácter federal. Además, durante todos estos años se generaron vínculos y alianzas con múltiples organizaciones sociales, como la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTA), por mencionar tan sólo una.

Con esta breve caracterización no pretendo dar cuenta de un panorama exhaustivo, misión que sería imposible dado el dinamismo del movimiento local a lo largo de estos últimos 27 años. Lo que interesa es resaltar que, en estas décadas, las organizaciones crecieron, maduraron, se dieron distintas discusiones, demandas y modos de acción. Participaron de marchas, performances, entrevistas y manifestaciones, tanto en la vía pública como en las redes sociales. Produjeron muchísimos materiales propios (fanzines, volantes, manuales, documentos, proyectos de ley, piezas audiovisuales e investigaciones) a partir de los cuales brindaron diagnósticos de situación y disputaron los significados y las narrativas dominantes respecto de la prostitución.¹² En otras palabras, se trata de señalar que todas esas acciones y prácticas son inescindibles de la producción de significados. Estos últimos pueden ser más o menos sistematizados pues, como bien señaló Janet Conway, los movimientos sociales producen distintos modos de conocimiento: el conocimiento tácito producido a través de la práctica cotidiana; el conocimiento que surge de la reflexividad acerca de la praxis y, finalmente, la producción de conocimiento, en tanto interpretación del mundo generada desde el movimiento, que hace a la autocomprensión y a la capacidad de abordar luchas políticas en las que las disputas sobre el conocimiento resultan centrales (2006: 21). Con todo, se trata de conocimientos interconectados, que se nutren unos a otros y que se encuentran contenidos en la fórmula más general de “producción de conocimiento”.

Al iniciarse el ASPO en nuestro país, las militantes del movimiento de trabajadoras sexuales hicieron uso de ese conocimiento práctico acumulado para enfrentar los dilemas inéditos que trajo la pandemia del Covid-19. Si la cuarentena recrudeció la emergencia sanitaria, alimentaria y habitacional en la que se encuentran muchísimos trabajadores y trabajadoras sexuales, desde el movimiento respondieron de manera creativa, profundizando el trabajo organizativo en pos de hacer frente al escenario pandémico. Según un informe realizado por AMMAR,¹³ durante los primeros meses de 2020, la organización asistió a más de 10.000 trabajadoras y trabajadores en todo el país, ya sea tanto a través de la autogestión, como en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y/o con el apoyo de algunos organismos gubernamentales. La asistencia tomó forma a través de la creación de un Fondo Nacional de Emergencia, del reparto de bolsones de mercadería y viandas, de la resistencia activa y la negociación frente a los desalojos,¹⁴ o de la tramitación de pensiones, subsidios habitacionales u otros, entre tantas otras acciones. Asimismo, buena parte de las personas asistidas refirieron haber sufrido violencia de género y/o institucional durante el aislamiento, por lo que la organización también intervino acompañando denuncias y generando redes de apoyo. En tanto fenómeno construido, el conocimiento no es externo a las condiciones en las que se produce; de aquí que los conocimientos que el movimiento crea sean revisados y actualizados constantemente, en consonancia con los cambiantes contextos de lucha (^{Conway 2006}). Durante la pandemia, las trabajadoras sexuales organizadas pusieron en práctica nuevos y viejos conocimientos para desplegar una “economía puta del cuidado” que garantizara la supervivencia cotidiana del colectivo, o lo que es lo mismo, para cuidar la vida de las trabajadoras sexuales (^{Daich y Varela e/p}).¹⁵

Las condiciones de aislamiento y las dificultades socioeconómicas provocadas por la emergencia sanitaria hicieron cada vez más difícil la reproducción de la vida cotidiana de las trabajadoras sexuales, con el agravante de que muchas de ellas son jefas de familias monoparentales. Por ello, el lanzamiento, en junio de ese año, de un ReNaTEP que incluía la categoría “trabajo sexual”, generó gran expectativa y alivio entre quienes se dedican a la actividad. Dicho registro permitiría reconocerlas como trabajadoras y acceder tanto a programas sociales, incluidos los creados en el marco de la emergencia sanitaria como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), como a la seguridad social.

Si bien el ReNaTEP fue lanzado en plena pandemia, se trata de un instrumento previsto por la ley de emergencia social 27.345 de 2016, cuyo objeto es promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y cuya sanción fue promovida por los movimientos populares y las organizaciones de la economía popular. Entre los últimos, vale resaltar el papel del Movimiento Evita, una organización social de base territorial y federal que nació en el año 2005, con la confluencia de una serie de agrupamientos, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD Evita); así como también el rol de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), nacida en 2011 de la reunión de organizaciones sociales - algunas con largas trayectorias de lucha contra las políticas neoliberales de la década del 90 - que entienden a la economía popular como “un sector de la clase trabajadora sin derechos, ni patrón” que, excluidos del mercado formal de empleo, “se inventaron el trabajo para sobrevivir” y buscan la equiparación de los derechos de este sector con los del resto de la clase trabajadora (^{Fernández Álvarez 2018}).

Probablemente la emergencia por Covid-19 haya impulsado el lanzamiento del registro, pues hizo patente la necesidad urgente de generar políticas de asistencia a trabajadores y trabajadoras que se encuentran en condiciones de informalidad y precariedad. Y si hay una caracterización que les cabe a la mayoría de las trabajadoras sexuales es la de precarizadas e informales (amén de criminalizadas). En tanto herramienta pensada en conjunto con los movimientos sociales, el registro tomó en cuenta sus propuestas para la caracterización de ramas laborales y actividades. Además, se consideraron las actividades listadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO) que incluye justamente las diversas inserciones de la economía popular. Por ejemplo, “cuidador de parques y plazas”, “cuidador de auto en la vía pública”, “cosechero”, “animador/a de fiestas infantiles”, “alternadora / prostituta / prostituto” y “stripper”.¹⁶ Así las cosas, la inclusión del trabajo sexual en el registro no es un gesto extemporáneo, sino que respondió al diálogo fluido entre organizaciones de base, incluida AMMAR, y una oficina del Estado, la Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita. “Es que nosotres siempre vamos a acompañar el pedido de derechos”, me dijo Vanesa Cufre cuando la llamé para preguntarle por la reacción de las organizaciones ante el revuelo por la inclusión de las trabajadoras sexuales en el registro. Vanesa es militante de ATTA, asesora en género y diversidad en la Secretaría de Emilio Pérsico y actualmente, también, se encuentra a cargo de la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTP).¹⁷ Me recordó, además, que el registro es voluntario y para mayores de edad, y que respeta la autonomía y libertad de las personas.

El ReNaTEP prometía materializar un viejo, pero constante, reclamo: obra social y jubilación para las trabajadoras sexuales. Se trata de un demanda que el movimiento sostiene desde su inicio, que fue bandera en la década del 90, luego reconocida y avalada por un decreto presidencial en 2005,¹⁸ y re-creada constantemente, como cuando en el 2015 AMMAR lanzó una campaña de facturación simbólica para sensibilizar sobre la necesidad de reconocer el trabajo sexual como trabajo.¹⁹ El 1 de mayo de aquel año se enviaron facturas simbólicas, por el concepto de un servicio sexual, a destacados líderes de opinión, políticos y periodistas. Feministas, académicos/as y militantes a favor del reconocimiento de derechos compartieron, en las redes sociales, sus fotos sosteniendo una factura simbólica a modo de visibilización del reclamo. En ese entonces, como con el ReNaTEP, se trataba de reclamar el acceso a los derechos de cualquier trabajador: obra social, jubilación, crédito. Al fin y al cabo, el ejercicio a título personal del trabajo sexual no es un delito en nuestro país; antes bien, es la forma de ganarse la vida que tienen muchas personas y que puede ser, como advertía Ruth Mary Kelly en la década del 70, “un trabajo honrado pero carente de derechos”.

Una mano aviesa: abolicionismo y violencias epistémicas

Empezó como un cotilleo leve, un murmullo que iba creciendo como ola para transformarse en un secreto a voces: una reconocida feminista, asesora del gobierno, había disculpado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad por la inclusión de las trabajadoras sexuales en el registro, y reflexionado: “No sabíamos nada de esto. Esto fue una mano aviesa”. Fue, sin dudas, una respuesta a la interpelación e indignación de los abolicionismos feministas que consideraban que el asunto era competencia del ministerio y reclamaban que se posicionara en relación al debate trabajo sexual / situación de prostitución, trabajo o violencia. Pero la cartera mencionada no había sido partícipe de la gesta del ReNaTEP ni tampoco había sido consultada al respecto. Con el agregado de la afirmación acerca de una “mano aviesa”, la asesora sumaba un manto de sospecha y, como se verá, una pátina de violencia epistémica. No fueron dichos públicos, pero tampoco lo suficientemente íntimos como para que no fueran expuestos, compartidos y debatidos entre una amplia audiencia feminista.

“Me tuve que fijar en el diccionario lo que significa. ¿En serio piensa eso de nosotras?”, preguntó una compañera del movimiento de trabajadoras sexuales, ni bien se enteró. ¿Podía el logro del movimiento pensarse como una injerencia perversa?, ¿acaso no era visible el trabajo y conocimiento acumulado por ellas durante tantos años? ¿Eran ellas las “aviesas” o la asesora se refería a alguien más? Poca credibilidad tuvieron, en esa instancia, los dichos y declaraciones de las trabajadoras sexuales, pues sus testimonios (y festejos) fueron abiertamente ignorados. En este sentido, quizás pueda pensarse en que fueron víctimas de la injusticia testimonial, aquella en la que, siguiendo a Miranda ^{Fricker (2017}), los prejuicios identitarios llevan a desestimar el testimonio de otra persona. Las injusticias epistémicas suelen ir acompañadas de otras injusticias, como la discriminación naturalizada, y por ello es que pueden no ser intencionales. Aunque provocan un daño epistémico, y por qué no un “insulto moral” en los términos de Cardoso de ^{Oliveira (2002}), puede tratarse de un fenómeno no deliberado.

Ahora bien, lo que sucedió entonces no fue simplemente un caso de injusticia testimonial. Antes bien, el acontecimiento demostró la violencia epistémica a la que el colectivo de trabajadoras sexuales se encuentra cotidianamente expuesto. Pues esta violencia no sólo implica la negación de la agencia epistémica y degradación de saberes propios, es también una relación social que se caracteriza por la negación del otro, es decir, “la negación, situada histórica y socialmente, de la subjetividad, la legitimidad o la existencia de otro individuo o comunidad” (^{Pérez 2019}: 83). Esta falta de reconocimiento también tuvo su expresión en las redes sociales, donde las feministas abolicionistas no perdieron oportunidad de reprocharle al Estado, al tiempo que ignoraron abiertamente al movimiento. Así, por ejemplo, la filósofa abolicionista Diana Maffia, posteó: “Mirá vos, los papichulos de la economía popular consolidando los privilegios de los consumidores de prostitución, bajo el aspecto de proteger entre lxs trabajadorxs a las personas en prostitución y streapers”. Quizás para la exlegisladora de la ciudad por la Coalición Cívica/ARI los únicos artífices del asunto, la “mano aviesa”, sean los “papichulos de la economía popular”, de ahí que, en sus posteos, la referencia a las trabajadoras sexuales brille por su ausencia. La exclusión de determinados sujetos de las prácticas de compartir y construir sentidos es también una forma de violencia epistémica.

Por su parte, la influencer y escritora María Florencia Freijo tuiteó: “En el ReNaTEP incorporaron la prostitución como trabajo sexual, porque para el Estado lo que lleva a las mujeres al consumo de estupefacientes, narcomenudeo, violencia y muerte es una salida laboral. Que tener un Ministerio no te borre el Estado Proxeneta”. De este modo, subrayaba una visión abolicionista (prostitución = violencia = muerte), invisibilizaba el trabajo político de las trabajadoras sexuales y hacía referencia a un Ministerio de las Mujeres imposibilitado frente a otras oficinas estatales “proxenetas”. Las feministas reunidas en la Campaña Abolicionista también se expresaron en contra del registro, y también lo hicieron sin tener en cuenta al movimiento de trabajadoras sexuales, como si se hubiera tratado realmente de “una mano aviesa”, una intromisión externa, un asunto de intereses estatales y “papichulos” que nada tiene que ver con los deseos, conocimientos, experiencias y demandas de un movimiento que lleva décadas en la Argentina. Así, por ejemplo, una de sus activistas, Marcela D’Angelo, posteó: “enmascarando la protección, cuelan la inclusión de una violencia inadmisible como parte de la economía popular”, se le sumó la abogada feminista Magui Bellotti, de ATEM ²⁰ con la intervención: “repudiamos los intentos del Estado de incluir a la prostitución dentro de la economía popular”.

Cuando el director del Comité Ejecutivo de Lucha en contra la Trata y Explotación de Personas anunció, también en las redes, la baja del registro, las feministas abolicionistas festejaron. Es el caso de Monique Thiteux Altschul, de MEI,²¹ que en Facebook posteó: “Gracias a la rápida reacción de las distintas redes abolicionistas, se bajó la resolución que reglamentaba a las ‘trabajadoras sexuales’ a través del registro de trabajadores de la economía popular”. También Fabiana Tuñez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres durante el macrismo, festejó y agradeció la intervención: “gracias por aclarar @gustavoveraok”. La influencer Freijo fue más lejos aún y exigió capacitaciones para el secretario de Economía Social, el líder del movimiento Evita, y para su asesora en materia de género y diversidad, militante de ATTA y extrabajadora sexual: “Gracias @gustavoveraok Esperamos una instancia de revisión y capacitación sobre elaboración de políticas públicas para Emilio Pérsico y Vanesa Cufré”.

Al día siguiente de la baja del registro, las trabajadoras sexuales organizadas enviaron una carta al ministro de Desarrollo solicitando la restauración de la categoría. La misma contó con miles de adhesiones provenientes de organizaciones sociales, académicos y académicas, feministas a favor del reconocimiento de derechos y líderes políticos. La campaña abolicionista también envió su misiva: con la consigna “la prostitución es violencia, no trabajo”, una enumeración de leyes abolicionistas y una lista sinfín de agravios a las trabajadoras sexuales de AMMAR, solicitaron al ministro la eliminación definitiva de las categorías de trabajo sexual y stripper.

Por su parte, la organización que nuclea a las personas en situación de prostitución, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH)²² también se expresó al respecto. A diferencia de las feministas abolicionistas que las apoyan, en su comunicado del 12 de junio, las mujeres de AMADH reconocían la labor de las trabajadoras sexuales organizadas: “nos hemos anoticiado que se ha incorporado la figura de trabajo sexual, perspectiva que respetamos, pero no compartimos, ya que solo responde a aquellas organizaciones que así eligen posicionarse, mientras que desconoce nuestros reclamos”.²³ Asimismo, en el mismo documento mencionaron que nada tuvieron que ver con la eliminación del registro y mucho menos con Gustavo Vera, a quien, sostuvieron, “ya hemos repudiado en otras oportunidades por su concepción prohibicionista, racista y moralista de la prostitución”. Para AMADH, ninguna reglamentación ni reconocimiento del trabajo sexual es deseable, pues entienden que es una forma de naturalizar la prostitución, entendida como vulneración de derechos, y proponen la necesidad de salir “del sistema prostituyente”. El registro es voluntario y, como señalé al comienzo de este artículo, toma en cuenta la autopercepción, es decir que atiende a la propia valoración de las personas respecto de las labores que llevan adelante. Así, no es un registro pensado para quienes no se consideran trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Sin embargo, y para sumar más confusión, desde AMADH exigieron “que no se nos obligue a rubricarnos como trabajadoras sexuales, somos desocupadas en situación de prostitución”.

El revuelo que causó el asunto llevó a que, desde el Ministerio de Desarrollo Social, se propusiera conformar una mesa de trabajo para debatir la categoría: “es un debate profundo. Hay diferentes posiciones, vamos a escuchar todas las miradas en la mesa de trabajo. Queremos un registro lo más amplio posible”, declaró el ministro Arroyo en un programa radial de FM La Tribu. La mesa propuesta iba a contar con la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el de Trabajo, el de Seguridad y el de Mujeres, Géneros y Diversidades. Además, iban a participar las organizaciones sociales, como AMMAR y AMADH. La mesa de trabajo podría haber sido una experiencia interesante: AMMAR siempre apoyó la generación de políticas públicas para quienes quieran dejar el trabajo sexual y AMADH decía respetar - aunque no compartir - otras posiciones, como la de AMMAR. Pero la mesa nunca tuvo lugar.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, decidió no pronunciarse públicamente al respecto. En cambio, algunas integrantes de su Consejo Asesor ad honorem, como Graciela Tejero Coni, del Museo de la Mujer, escribieron cartas que luego hicieron públicas en las redes:

“12 de junio de 2020 Carta al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Estimada Natalia, aprovechando su invitación a que escribamos por esta vía, le ruego que haga llegar mis consideraciones como consejera (por reenvío) a la Sra. Presidenta [del Consejo de asesoras], Dora Barrancos, a la Sra. Ministra, Elizabeth Gómez Alcorta y a todas/os/es los integrantes del Consejo. […], planteada la controversia sobre la medida adoptada por Ministerio de Desarrollo Social que incluyó en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTep) la opción de “trabajadores/as sexuales” contradiciendo la legislación abolicionista adoptada por el Estado nacional y reforzada por los pactos internacionales con rango constitucional y no conociéndose una clara y pública definición de parte de las autoridades del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, me vi obligada a elevar mi más enérgico repudio a la implementación del formulario que en la web del MDS se habilitaba. […] ante versiones tan solo periodísticas de considerar la constitución de una “mesa de trabajo para reconocer a las trabajadoras sexuales” y que dicha convocatoria estaría en la intención de “analizar distintas perspectivas”, nuevamente me veo obligada a prevenir y aconsejar (para ello fui convocada) no avanzar con la supuesta medida.”

Así las cosas, una vez eliminado el registro, las feministas abolicionistas comenzaron a presionar para que no se llevara adelante ninguna mesa de trabajo; en definitiva, para que no se escuchara la voz de las trabajadoras sexuales (y tampoco las de las mujeres en situación de prostitución). No hubo debate, se impuso una visión abolicionista ²⁴ y, en medio de una pandemia global, las trabajadoras sexuales fueron excluidas, se quedaron sin ReNaTEP, sin mesa de trabajo y sin reconocimiento. Esa visión, que se basa en determinadas construcciones teóricas feministas ²⁵ que hacen de la sexualidad la raíz de la opresión, propone a la prostitución como el caso paradigmático de la opresión y sumisión de las mujeres; considera que trata y trabajo sexual son las dos caras de la misma moneda, que se trata de violencia de género y que por tanto no puede pensarse nunca en un libre consentimiento. Si bien las teorías son útiles para comprender la realidad, vale aquí recordar la advertencia de Caitlin Schroering: “cuando se utilizan para excluir o suplantar las experiencias vividas - los discursos de las personas de la periferia - reproducimos las mismas estructuras de poder que pretendemos desmantelar” (2019: 78). Aunque nunca son absolutos, todos los conocimientos forman parte de los procesos socioculturales y, por tanto, no pueden ser deslindados de éstos. Todos participan de la construcción del mundo y todos resultan parciales e inacabados.

Reflexiones finales

Como señalaba párrafos más arriba, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades decidió no pronunciarse públicamente sobre el affaire ReNaTEP. Tampoco lo hizo sobre la posibilidad de una mesa de trabajo, en cambio resolvió poner en marcha un nuevo episodio de violencia epistémica: la objetificación (^{Pérez 2019}). En medio de la emergencia por la pandemia de Covid-19, lanzó un proyecto de investigación, financiado por el BID, a fines de obtener un “diagnóstico situacional”.²⁶ Si la mesa de trabajo invitaba al diálogo entre sujetos, el informe de investigación los convertía en objetos. De este modo, a las trabajadoras sexuales organizadas, así como a las mujeres en situación de prostitución, les fue asignado el lugar de objetos incapaces de producir saberes adecuados. Si bien esta cosificación ha sido ampliamente criticada desde las epistemologías críticas, empezando por las feministas, sin embargo fue ésta la respuesta institucional del organismo nacional que prometía cumplir las expectativas de la marea verde. ²⁷

El Estado no es un ente monolítico, antes bien puede ser visto como “un conjunto de grupos, de organizaciones y de individuos, así como de otros actores sociales que tienen razones y fundamentos para sus propias acciones” (^{Melossi 1992}: 19). Es decir que las burocracias estatales coexisten con distintas orientaciones y proyectos, por eso las trabajadoras sexuales pudieron incorporar la categoría de trabajo sexual dentro del Ministerio de Desarrollo, aunque luego fuera eliminada por la intervención del Comité Ejecutivo de Lucha en contra la Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Desde una perspectiva antropológica, el Estado puede ser pensado, además, como un “campo abierto con múltiples fronteras y sin fijación institucional” (^{Trouillot 2003}), pues aun cuando está ligado a un conjunto de burocracias no se reduce a éstas, su materialidad reside en los procesos y relaciones de poder. Son estas últimas las que han habilitado las injusticias y violencias epistémicas que intenté reseñar.

Estas formas de violencia, sostiene Moira ^{Pérez (2019}), pueden ser centrales en las experiencias de las personas y sujetos políticos, en especial los marginados, ya que alimenta otros tipos de violencia y exclusión. Para un sector estigmatizado, precarizado y criminalizado, como el de las trabajadoras sexuales, la falta de reconocimiento se traduce en una mayor vulneración de sus derechos y en la desacreditación frente a otros actores sociales, como la policía, los agentes judiciales o el personal de salud. Justamente porque el daño que este tipo de violencia produce no se limita al orden del conocimiento, es que lleva también a la marginación política, “no ex-cluye, para lo cual es necesario primero incluir sino que pre-cluye: acalla, silencia, invisibiliza antes de que se produzca el debate sobre la inclusión” (Savransky en Pérez 2019: 92). La falta de reconocimiento es también una forma de opresión.

Vale preguntarse, ¿de quién es, realmente, la mano aviesa?