1.1. Políticas públicas y sus intersecciones con la diversidad sexual

El tema de las políticas públicas y la diversidad sexual ha sido abordado desde diferentes perspectivas en investigaciones chilenas. Algunas se han centrado en el análisis de las exigencias en materia de derechos sociales frente a injusticias permanentes (^{Barrientos 2015}; ^{Erazo, Gauché, y Jara 2015}; ^{Morrison et al. 2019}; ^{Morrison et al. 2020}) y otras han ahondado en la construcción de acciones políticas y sus repercusiones en los individuos (^{Galaz et al. 2018}; ^{Echeverría y Maturana 2015}).

Las normativas existentes, por ejemplo, la Ley Antidiscriminación (^{Ley nº 20.609 2012}) y la Ley de Identidad de Género (^{Ley nº 21.120 2018}), se amparan en una perspectiva internacional de derechos humanos, que busca ir en línea con sugerencias internacionales, pero no logran ser leyes completas. Esto se ha debido a la cultura de “los acuerdos” donde se busca establecer términos medios, que no sean muy disruptivos en materia de diversidad sexual frente al imaginario heteronormado de las/os legisladores en Chile. Así, existe una ley antidiscriminación que no compensa a las personas que han sido discriminadas, y una ley de identidad de género que excluye el reconocimiento a la autonomía progresiva de los niños y niñas y ni se plantea la posibilidad de pensar en una lógica no binaria.

En materia de educación, la sexualidad en general siempre ha sido un foco problemático (^{Baez y del Cerro 2015}) y más aún el hablar de diversidad sexual (^{Galaz, Troncoso, y Morrison 2016}). Si bien existen normativas que para su época se consideraron un gran aporte, como la guía de convivencia escolar en contra de la discriminación (^{Ministerio de Educación 2013}), las carencias en la inclusión de estas temáticas de forma transversa persisten.

En materia de salud, inicialmente la diversidad sexual fue invisibilizada para pasar a conformar una lógica identitaria que permitió la construcción de diferentes políticas públicas sanitarias, pero con prejuicios en torno a la asociación de la diversidad sexual con diferentes enfermedades (^{Galaz, Martínez-Conde, y Morrison 2021}).

Prácticamente, todas estas investigaciones señaladas tienen en común un marco teórico crítico con la heteronormatividad expresada en las mismas acciones públicas.

4.1. Representación del problema

El problema que se presenta en la discusión del AUC es la falta de derechos de las personas que conviven en pareja, en cuanto a la desregulación existente en determinadas situaciones dentro del espacio de legalidad que, por ejemplo, tienen las personas casadas. Se plantea como una exigencia social la regulación de esta situación, adjudicándose al Estado la responsabilidad de salvaguardar los derechos de estas parejas. En esta línea, aparecen distinciones y jerarquizaciones respecto a los tipos de parejas enunciadas en la discusión desde una lógica identitaria y vinculada a la sexualidad, a saber, heterosexuales y homosexuales.

La sexualidad se presenta, entonces, como un punto de debate y dispersión en las discusiones, representando un ámbito de diferenciación y desacuerdo respecto a los tipos de parejas que el AUC regularía. Por tanto, si bien el problema se vincula a la falta de derechos y desregulación de la vida en pareja, las posiciones ideológicas respecto a la sexualidad generan una distinción en la manera de comprender este problema, debido a que se establecen diferencias a priori entre las parejas heterosexuales y homosexuales.

Por otro lado, la naturaleza de un grupo de enunciados se vincula a la regulación de la vida en cuanto a promover la “estabilidad en la vida de las parejas”, estableciéndose así la unidad de los enunciados frente a un eje central que es la familia como centro de la sociedad.

Aparece una reiteración de argumentos vinculados a la perspectiva patriarcal y heteronormada del orden social de la familia, donde claramente se articula una tensión en las concepciones ontológicas de familia, articuladas, esencialmente, por el eje sexualidad. De esta forma, la sexualidad de las personas heterosexuales toma un estatus superior de derecho, como lo ha propuesto ^{Rubin (1984)}, pues las normativas judiciales, bajo la institución del matrimonio, establecen una naturaleza discursiva diferente, que, en ese momento, resultaba incompatible con la legislación chilena. Así, el discurso se centra en establecer estas distinciones, reiterando el estatus diferenciado de las parejas de acuerdo a su sexualidad.

El acuerdo de vida en común, en cuanto a las parejas de un mismo sexo, asume una premisa fundamental: No hay razón alguna para estigmatizar las relaciones homosexuales, libremente consentidas entre personas mayores de edad. (Senador Allamand, 2010, en la “Historia de la Ley 20.830”, 4)

Por otro lado, se plantean un grupo de argumentos centrados en la noción de sociedad liberal, donde las decisiones individuales adquieren un soporte social y están libres de restricciones hasta que se transgreden libertades de terceros. Se propone como el principal valor la autonomía individual, representada en máximas como “las opciones de vida”, que cobran validez problematizando la naturalización del matrimonio heterosexual, al abrir la posibilidad de elegir no casarse y de no ser heterosexual, sin que esto tenga que afectar todos los derechos de las personas. Aunque, como vemos, claramente esto no es así, y se genera una distinción y jerarquización social y legal desde la perspectiva de la sexualidad y del reconocimiento legal, por ejemplo, en los derechos filiativos.

Una sociedad democrática y de libertades exige reconocimiento y respeto por aquellas opciones de vida, que, sin perjudicar a terceros, expresan la autonomía de la voluntad. (Senador Allamand, 2010, en la “Historia de la Ley 20.830”, 4)

La heteronorma cala con fuerza los discursos legislativos, representando una posición conservadora muy criticada en diferentes estudios sobre su representación en la vida cotidiana de los sujetos en Chile (^{Barrientos 2015}; ^{Echeverría y Maturana 2015}; ^{Galaz et al. 2018}; ^{Cristi 2021}). Estos discursos buscan mantener la jerarquía de valores propuesta por ^{Rubin (1984)}, que representa la ausencia de una perspectiva crítica respecto al género, al sexo y a la sexualidad, como señala ^{Warner (1991)}. De esta manera, el problema representado intenta ocultar la cuestión explícita de la sexualidad para centrarse en una mirada desde el patrimonio, ocultando el eje central de la discusión que es, precisamente, la heteronormatividad.

4.2. Supuestos que parecieran sustentar el problema

Existen diferentes presuposiciones que integran el problema. Una es el presupuesto de no discriminación entre parejas casadas y convivientes, y entre parejas heterosexuales y homosexuales. Sin embargo, los discursos se articulan de tal manera, en que se deja clara la jerarquía en cuanto a legalidad y deseos de organización de la sociedad, a saber: 1. matrimonio heterosexual; 2. convivientes heterosexuales; 3. convivientes homosexuales.

En efecto, son muchos los estudios especializados que confirman que la institución de la familia es la principal fuente de felicidad para los chilenos, muy por sobre otras consideraciones, incluidas las relaciones de amistad, y que corresponde a una institución extraordinariamente preciada que merece ser resguardada y promovida. (Presidente Piñera, 2011, en la “Historia de la Ley 20.830”, 9)

De esta forma, un presupuesto que estructura el debate está integrado por la heteronormatividad como principio regulador de la sociedad (^{Rich 1980}; ^{Rubin 1984}; ^{Warner 1991}), donde aquello que está fuera de esa norma es subvalorado. Si bien, aparentemente, el problema emerge como una cuestión que apela al paradigma de derechos, donde el principio de no discriminación pareciera ser el articular del debate, en la medida que los discursos avanzan, se dejan ver los presupuestos que realmente están a la base de los diferentes argumentos.

Por ejemplo, la antropóloga Patricia May recientemente ha señalado que “la homosexualidad es una condición no elegida y probablemente no deseada, no es una elección ni una opción y, a diferencia de la pedofilia que viola, abusa y utiliza a otros seres para el propio placer produciendo daño y dolor, la homosexualidad establece, o puede establecer, relaciones consensuadas sanas entre adultos que hacen un aporte positivo al medio, y como tal puede ser vivida en dignidad y amor...”. (Exsenador Allamand, 2013, en la “Historia de la Ley 20.830”, 31)

Primero, la homologación de las relaciones (entre dos personas) de las parejas homosexuales con las heterosexuales se constituye como una demanda internacional e histórica. Muchos de los discursos se establecen en elementos heteronormados que no son cuestionados, por ejemplo, la configuración de familia - de esta forma, se tensiona la construcción unívoca de familia heterosexual. Pero, en el parlamento chileno, claramente la distinción de familia posee una naturaleza heterosexual, por lo que, de forma analógica (y no homóloga) se busca en el AUC responder a una demanda, manteniendo todavía con distancia las concepciones sobre la naturaleza humana, en principio, heterosexual (^{Rubin 1984}).

Aprobar este proyecto de ley no supone constituir un matrimonio de segunda clase o propender al matrimonio igualitario. (Senador Walker, 2013, en la “Historia de la Ley 20.830”, 233)

Para fortalecer este argumento, es claro cómo se da autoridad a portavoces (ej. Patricia May) que, bajo argumentos que emplean la retórica científica, buscan mantener una verdad generalizada que respalde la articulación de la ley. Así, el problema es discutido como una cuestión social, pero de forma particular, como una parte de la vida íntima de las personas y, de forma tajante, como una cuestión que afecta a la economía.

Esto da pie a un segundo presupuesto, que la desregulación afecta los derechos (patrimonio) económicos de las parejas. En este punto parece haber un acuerdo explícito, al referir como el patrimonio familiar debe ser de propiedad de la pareja y no de terceros, independientemente de la sexualidad. Es interesante apreciar como la sexualidad toma un segundo plano cuando se discuten elementos económicos, como la herencia, y no así cuando se habla de la familia.

Reitero que no solo estamos regulando bienes muebles e inmuebles: también estamos hablando de personas que merecen reconocimiento, que desean construir una vida en común, que quieren formar una familia. (Senador Walker, 2013, en la “Historia de la Ley 20.830”, 235)

Otro presupuesto tiene relación con comprender a la familia como eje articulador de la sociedad. Al respecto, se establece como un principio deseable por todos los integrantes de la sociedad y que, por ello, el Estado debe regular. Sin embargo, esta conceptualización de familia obedece a una perspectiva patriarcal, debido a que no se problematizan formas de organización de grupos sociales desde la antigüedad o desde perspectivas feministas, por el contrario, se explicita la organización: padre-madre-hijos. Esta institución familiar responde a una perspectiva patriarcal y capitalista que regula, principalmente, aspectos económicos y patrimoniales, aunque dentro del discurso se intente dar énfasis a los valores sociales y afectos. De esta forma, quedan fuera otras formas de comprensión de familias, como mononucleares, homoparentales, extensa, etc.

En Chile, estos discursos abundan en las experiencias de la implementación de políticas públicas, donde los supuestos se establecen como verdades y son argumentadas como aspectos de la tradición que debe sostenerse (^{Echeverría y Maturana 2015}; ^{Cristi 2021}; ^{Galaz, Martínez-Conde, y Morrison 2021}). En especial, en el contexto educativo, la materialización de los supuestos tiene fuertes consecuencias en la convivencia (^{Espejo 2017}).

4.3. Surgimiento de la representación del problema

Existe una diversidad de causas con las que se ha representado el problema. La perspectiva que se orienta a la deseabilidad de una sociedad más desarrollada representa el anhelo de mostrar a Chile como un país desarrollado y en sintonía con las demandas internacionales. Esto aparece en diferentes situaciones como en la búsqueda de la regulación de las parejas, en cuanto a hijos nacidos fuera del matrimonio, buscando la consecución de los derechos filiativos.

En esta línea, si bien se busca argumentar bajo parámetros internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, o estudios que señalan la relevancia del reconocimiento legal de los cuidadores, en el caso de hijos de solo uno de los integrantes de la pareja, estos argumentos pierden consistencia cuando se toma el caso de las parejas del mismo sexo. De esta forma, los enunciados cambian su significación al proponer derechos filiativos para las parejas del mismo sexo, ya que la articulación argumentativa de los derechos no es suficiente para interrelacionarse con los enunciados vinculados a la constitución ontológica de la familia nuclear anhelada y defendida por la constitución chilena.

Bajo el camuflaje de la protección superior del niño, los argumentos religiosos y heteronormados toman mayor fuerza que otros argumentos de índole legal. Conceptos vinculados con el problema se disipan, como los derechos filiativos, al enfrentarse posiciones que no dialogan entre sí, a saber, derechos y religión. Lo más llamativo es identificar como los argumentos religiosos se disfrazan en una retórica que, paradójicamente, buscaría argumentar desde una perspectiva de derechos a favor de los niños, cuando en realidad se busca preservar el orden “natural” de la familia.

En lo personal, pienso que el matrimonio es, conceptualmente - para mí no se trata de una cuestión de principios -, entre un hombre y una mujer. Eso es lo que yo creo. Algunos quieren avanzar más allá: legítimo. Pero eso no es lo que se discute ahora. (Senador Walker, 2014, en la “Historia de la Ley 20.830”, 627)

Por otro lado, el senado propone que el problema emerge de la (lamentable) diversidad de las familias chilenas, donde, al existir constituciones más allá de las promovidas por la legislación, existen casos que son necesarios de regular. El argumento sobre el gran número de parejas de hecho, un tercio del total de las parejas en Chile, busca traducir, desde una estadística, un comportamiento de la sociedad que el Estado debiese regular. No es un aspecto constituido a priori, aparece en la necesidad de regulación en conjunto con las demandas de la sociedad civil respecto a cuestiones vinculadas con la salud, la economía, etc.

Otros aspectos de la constitución del problema circulan en una retórica que dialoga con los derechos civiles de patrimonio, en primera instancia, y en otros como salud. Las categorías enunciativas del discurso de la emergencia del problema deambulan de forma diversa dependiendo del campo semántico en el que se enfrentan. Por ejemplo, es diferente la representación del problema respecto a los derechos económicos que frente a los derechos filiativos. Esto da cuenta de la forma en que el discurso se desarticula, camufla y se posiciona en unos aspectos sobre otros. Al respecto, este aspecto recuerda a la polivalencia táctica de los discursos de ^{Foucault (2008)}, debido a que muchas veces una normativa no dice explícitamente lo que genera; en cambio, toma otras formas para dar cuenta de los juegos de poder que le permiten, por ejemplo, mantener una organización social particular.

4.4. Aspectos que quedan fuera del problema

Podríamos pensar dos formas generales respecto a lo que queda sin problematizar. Desde una óptica más concreta, claramente los derechos filiativos son aspectos que, si bien ingresan en la discusión, se descartan por las razones que hemos observado con anterioridad. Este elemento, junto con otros más específicos como el reconocimiento social que podría tener un AUC homólogo al matrimonio, en estatus de derecho, son elementos que podrían constituir un “adentro del problema”, es decir, plantear qué aspectos que, si bien fueron discutidos al interior del problema, se decidieron dejar fuera de la problemática por diversidad de razones.

Otra forma de pensar en lo que queda fuera es precisamente aquello que no se problematiza y que se mantiene naturalizado, por ejemplo, la conformación de la familia heteronormada y patriarcal y sus principios de monogamia, filiación, patrimonio, religiosidad, rol y objetivo en la sociedad, etc.

Lo cierto es que el país está en deuda con la regulación de las relaciones afectivas de las parejas homosexuales, pero hoy día en Chile las de las parejas heterosexuales se encuentran reguladas por el matrimonio. Por lo tanto, que este proyecto de ley se haga extensivo a las parejas heterosexuales es francamente permisivo; resulta inconveniente para la institución del matrimonio y el fortalecimiento de la familia. (Van Rysselberghe, 2014, en la “Historia de la Ley 20.830”, 632)

En este sentido, el problema no vincula un cuestionamiento a las maneras de comprender la familia, esto es, desde la lógica patriarcal judeo-cristiana. Al contrario, refuerza la idea de considerar al estereotipo de familia tradicional como el núcleo central de la sociedad, y como elemento de organización social más atómico. Desde esta mirada, el esfuerzo por regular las relaciones afectivas, tanto de parejas homosexuales como heterosexuales, constituye un ejercicio de analogía con la institución matrimonial, donde prima jerárquicamente la cuestión económica frente a otros aspectos. Pero se mantiene un silencio respecto a otras posibilidades de organización de los grupos sociales, como crianza colectiva u otras formas de establecer relaciones afectivas (más allá de la monogamia).

La forma en que se resuelve y, primero, se problematiza la regulación de las parejas de hecho, gira en torno a las enunciaciones idealizadas de una pareja y de la estabilidad que ella debiese representar. Esto representa la organización de los enunciados argumentativos: desde la propuesta de regularización de las parejas, pasando por las discusiones que integran a la sexualidad, y terminando con la exclusión de los derechos filiativos. De esta manera, la estructura enunciativa comienza con los elementos más cercanos a la heteronormatividad y al patriarcado, representados por la familia tradicional, donde lo regulado irrumpe lo menos posible en el sistema deseado, hasta el exilio de otros argumentos de propuestas que afectan la estructura social tradicional judeo-cristiana, como la homoparentalidad.

Desde lo anterior se puede concluir que, lo excluido explícitamente - como los derechos filiativos - evidencia la racionalidad heteronormativa que dictamina quienes pueden ser pa/madres y quienes no. Aparece una jerarquía de valores sociales (^{Rubin 1984}) y el predominio de lo biológico reproductivo como antecesor de la socialización humana (^{Rich 1980}; ^{Warner 1991}) que reifica la idea de la heteronorma vinculada a la filiación.

4.5. Efectos que produce esta concepción del problema

Esta representación del problema mantiene la jerarquía legal y social del matrimonio frente a otras formas de constituir familia. El AUC se establece como una representación inferior, donde no se integran los mismos derechos que tienen las personas casadas. Además, se mantiene el ideal de pareja estable como un principio de organización social. Se mantienen en silencio las premisas ideológicas que están a la base de la organización de la sociedad, a saber, fundamentos religiosos y moralistas.

Para un sector conservador de la sociedad, el AUC representa una amenaza para el matrimonio, puesto que puede parecer más “informal” y, por ende, más atractivo. Por ello, las argumentaciones de estos sectores giraron en torno al valor de los años de la pareja, dejando ver que la validez y el tiempo de duración de una pareja representa un estatus superior. Como consecuencia, perdura la idea heterosexual religiosa de “unidos hasta que la muerte los separe” como un valor máximo a alcanzar en la sociedad, y donde el “recambio de pareja” representa su degradación.

Se quiere desalentar el matrimonio, que es, según definición de la ley, "base principal de la familia", y privar a muchos de ese cimiento de cariño y protección tan favorable para el desarrollo personal. La baja tasa de nupcialidad en Chile debiera alarmarnos: se registra una caída de 50 por ciento en 12 años. (Larraín, 2014, en la “Historia de la Ley 20.830”, 248)

Por otro lado, el AUC logra regular parcialmente uno de los aspectos demandados por la sociedad civil y los grupos LGTBI, las uniones de hecho. Sin embargo, esto no constituye de forma alguna una igualdad ante la ley, en tanto representación social como legal. El AUC mantiene una jerarquía menor que el matrimonio y, al excluir los derechos filiativos, mantiene el ideal de familia tradicional como valor máximo en la sociedad.

Este proyecto permitirá, además, que parejas del mismo sexo puedan exteriorizar sus afectos y construir una relación amparada por el Derecho, poniendo fin a la discriminación que hoy las afecta y perjudica. (De Urresti, 2014, en la “Historia de la Ley 20.830”, 613)

El problema limita la comprensión de la sexualidad, despolitizándola y simplificándola a nociones liberales, como “opciones” o “preferencias sexuales”. Además, mantiene una fundamentación religiosa vinculada a la estructura de la familia, lo que se explicita en las discusiones que, infructuosamente, intentan separar la argumentación religiosa de la jurídica. De forma concreta, uno de los aspectos que impacta a las parejas, en especial a las homosexuales, es la perpetuación de un escalafón menor en la estructura social (^{Rubin 1984}), lo que representa menos derechos que las personas heterosexuales.

Estas leyes inconclusas para los sectores históricamente vulnerados corresponden a formas de perpetuar la discriminación y el abuso (^{Butler 2009}) y son puestas en juego de forma sistemática, para calmar unas demandas sin resolver lo problemático del todo. Esta ley representa “la medida de lo posible” respecto a la mantención de un orden heteronormado, donde lo menos jerarquizado sigue incomodando, pero en menor medida. Años más tarde, la recientemente implementada Ley de Matrimonio Igualitario reparó varios cabos sueltos que dejó la aplicación del AUC, brindando a las personas LGBTIQ+ nuevas posibilidad de constituirse como ciudadanos.