1.1 La Incoación Del Procedimiento

El Procedimiento de Jurado se incoa en los términos del Artículo 24. LOTJ⁵

Se iniciará el procedimiento, previa valoración judicial de verosimilitud, desde que exista “notitia criminis” de un delito atribuido al conocimiento del Tribunal del Jurado. Noticia que puede provenir de denuncia o querella interpuesta en los términos previstos por la Lecrim. y en la que el presunto autor esté determinado, o bien cuando “de cualquier actuación procesal resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito cuyo enjuiciamiento corresponda al Tribunal del Jurado”. Por ejemplo, un testimonio deducido a tal fin de otro procedimiento judicial y remitido al juez instructor.

Si se ha instado la incoación de Procedimiento de jurado es de aplicación el 309 bis Lecrim⁶ y debe el juez resolver en el plazo de una audiencia. Cuando las partes en su denuncia o querella no especifican el procedimiento, el juez de instrucción dictará resolución sin dilación conforme al art.198 Lecrim⁷.

El auto que acuerde continuar los trámites por el Procedimiento del Jurado será recurrible en reforma, y contra la resolución de dicha reforma no cabrá apelación, por aplicación del art. 217 Lecrim⁸.

Si el juez considera que el procedimiento es otro (el delito que se investiga no es de los previstos en el art. 1.2 LOTJ) o bien rechaza la atribución subjetiva de responsabilidad, el Auto donde así lo resuelva será recurrible en queja ante la Audiencia Provincial (arts. 309 bis y 763 Lecrim)

También puede incoarse de oficio, entiende Pérez Marín que en los términos del art. 303 Lecrim⁹ o a través de la transformación de otro procedimiento ya iniciado¹⁰ cuando el órgano judicial entienda que los hechos constituyen un delito de los previstos en el art. 1.2. LOTJ.

La necesidad de transformar un procedimiento en otro surge cuando a lo largo de la investigación la calificación jurídica de los hechos se ve afectada por el resultado de las diligencias de investigación practicadas, y los hechos pasan a considerarse constitutivos de un delito de los previstos en el art. 1.2 LOTJ o un delito de los conexos del art. 5 LOTJ, o, en sentido inverso, pasan a ser estimados como constitutivos de un delito ajeno a la competencia material del Tribunal del jurado.

Un caso particular de incoación de Procedimiento de Jurado por transformación de otro ya iniciado consiste en la práctica judicial de incoar Diligencias Previas hasta haberse concretado la presunta autoría de los hechos, y luego transformar el proceso en Procedimiento de Jurado. Esta práctica comenzó ya con la Circular de la Fiscalía General del Estado n. 3/1995, de 27 de diciembre, “sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: su ámbito de aplicación¹¹,” y tiene el inconveniente de convertir las Diligencias Previas en una especie de instrucción preliminar antes de la tramitación del procedimiento en sí, que por tanto se deja de incoar en un primer momento, obviando que la posición del juez instructor¹² en el Procedimiento de Jurado es diferente al resto de procedimientos de la Lecrim. Diferencias que sin embargo la propia Fiscalía General en su Circular 3/95 sí reconoce y aduce para limitar las transformaciones procedimentales¹³.

Para el Consejo General del Poder Judicial parece más lógico “comenzar el procedimiento desde que, con la verosimilitud que el Tribunal Constitucional exige, exista una notitia criminis relativa a un delito atribuido al Tribunal del Jurado La imputación debería determinar no la apertura del procedimiento sino el inmediato traslado a que se refiere el art. 25 LOTJ”¹⁴.

Debe traerse a colación como contraria a esta práctica la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 8 de septiembre de 2005: “ningún obstáculo existe para que el procedimiento de Jurado resulte incoado desde la sola interposición de una denuncia o querella, quedando así desmentida la tesis fiscal encaminada a exigir sistemáticamente una anterior investigación en sede de Diligencias Previas, como presupuesto obligado y encaminado a asegurar el carácter indiciario del delito perseguido, su encuadre dentro de los que deberían de ser conocidos por el Tribunal del Jurado y, en su caso, la identificación de la persona que se aparezca como presunto responsable del mismo.”

Para este caso y no habiendo dudas sobre el delito, las partes deben instar la incoación del Proceso ante el Tribunal del Jurado acudiendo al 309 bis Lecrim, y en el caso de no resolver o no estimar el juez de instrucción su pretensión en plazo de una audiencia, interponer recurso de Queja ante la Audiencia Provincial.

Una vez incoado el Procedimiento de Jurado, a lo largo de la fase de instrucción la LOTJ contempla expresamente¹⁵ la discusión de la competencia objetiva y la adecuación del procedimiento y su transformación en Procedimiento Sumario o Procedimiento Abreviado desarrollándose respectivamente el juicio oral ante la Audiencia Provincial o ante el Juez de lo Penal, en varios momentos procesales:

Sin embargo no existe en la LOTJ indicación expresa del régimen de recursos que puedan interponerse contra las resoluciones que dicte el Juez de instrucción, bien sea dando lugar a la adecuación del procedimiento o continuando las actuaciones por el Procedimiento del Tribunal del jurado.

A este respecto, el criterio de la Fiscalía General del Estado en su Circular 3/95 es que “Frente a la resolución que se dicte por el Juez de Instrucción acordando transformar o no el procedimiento, bien en cualquier momento durante la fase de instrucción, o bien en el auto dictado tras la audiencia preliminar (art. 32.4), procederá interponer recurso de reforma y ulterior de queja ante la Audiencia Provincial.”

Abierto el juicio oral y personadas las partes ante el Tribunal del jurado puede discutirse la competencia del tribunal en el trámite de Cuestiones Previas del art. 36 LOTJ¹⁶. Resuelve el Magistrado-Presidente por Auto contra el que cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

Nótese que cuando el debate se produce en el seno de un procedimiento de la LOTJ, no existen trámites expresos que permitan el recurso de casación ante el Tribunal Supremo con anterioridad a la celebración del juicio, a diferencia de lo que establece la Lecrim para el Procedimiento Sumario.

La Jurisprudencia del Alto Tribunal en procedimientos del Tribunal del Jurado se produce a partir de los recursos de casación interpuestos contra las sentencias dictadas en apelación por los tribunales superiores de justicia. Es frecuente que el recurrente invoque entre otros motivos la infracción del derecho al juez predeterminado por la ley, que no suele prosperar, y citaremos por todas la STS 688/2013 de 30 septiembre de 2013¹⁷

1.2 Traslado Y Vista Para Concretar La Imputación

Incoado el procedimiento, dispone el art. 25 LOTJ que el juez de instrucción lo pondrá en conocimiento de los investigados y les dará traslado de la denuncia o querella que fueron el origen del proceso o una relación somera de los hechos que dieron lugar a la causa, convocándoles en plazo de 5 días¹⁸ junto con el fiscal y demás partes personadas¹⁹ a una comparecencia cuya finalidad es fijar el objeto del proceso y determinar si los trámites que han de seguirse son los del procedimiento del jurado.

En la vista²⁰ el fiscal y a continuación las demás partes por su orden concretarán la imputación ya efectuada. Son las partes quienes determinan el ámbito subjetivo y objetivo del proceso del jurado y legitiman así la valoración realizada por el juez tras la admisión de la denuncia o querella, o tras el conocimiento de los hechos que dieron origen al proceso²¹. Además, a partir de esta vista se dota al procedimiento de la necesaria contradicción.

Celebrada la comparecencia y como resultado de ella el juez de instrucción debe pronunciarse²² inmediatamente (por aplicación del art. 198 Lecrim) sobre:

Respecto al delito y los imputados, el artículo 28 LOTJ regula el caso de surgir indicios a lo largo de la investigación de ser distinto el delito o los imputados en el procedimiento²⁶.

Para el caso de ser el delito distinto pero también competencia del jurado, o de existir más delitos también competencia del jurado (propia o que sean conexos), o cuando existe variación o ampliación respecto a las personas inicialmente imputadas, el 28 LOTJ ordena convocar la comparecencia del 25 LOTJ, ofreciendo a las partes proponer nuevas diligencias, y garantizando respecto a los nuevos imputados la contradicción bajo la cobertura del principio acusatorio.

Respecto a la adecuación del procedimiento, si se constata que el hecho investigado finalmente no es constitutivo de delito que deba enjuiciar el Tribunal del Jurado, ordena el art. 28 LOTJ in fine que el juez, tras la comparecencia del art. 25 LOTJ²⁷, de oficio o a instancia de parte acordará la conversión del procedimiento de jurado en el procedimiento adecuado al tipo de delito y la continuación de los trámites por el mismo.

2.1 Calificaciones Provisionales

Una vez practicadas las diligencias de investigación propuestas por las partes o acordadas de oficio por el juez, el art. 27.4 LOTJ dispone que el juez dé traslado a las acusaciones por cinco días para que formulen escrito de conclusiones²⁸ acusando formalmente²⁹ a los que hasta ese momento eran solo investigados y soliciten la apertura del juicio oral³⁰.

Establece el art. 29.2 LOTJ que se dará traslado de los escritos de acusación a la defensa por 5 días para formular su escrito en los términos del art. 652 Lecrim³¹. La defensa puede plantear calificaciones alternativas e instar la práctica de diligencias que no hayan sido practicadas, o que no hayan sido pedidas y denegadas en su día³².

Respecto a la adecuación del procedimiento, siguiendo el cauce del art. 29.5 LOTJ³³. las partes pueden instar en sus escritos de calificaciones provisionales la adecuación del procedimiento si consideran que los hechos objeto de acusación no son subsumibles en los delitos competencia del tribunal del jurado.

La Fiscalía general del Estado proporciona en su Circular 3/95 una serie de criterios de actuación:

Sobre el cambio de procedimiento instado en los escritos de calificación, véase la STS 854/2010. Las acusaciones en sus escritos de calificación solicitaron transformación del procedimiento en Sumario y finalmente la Audiencia Provincial de Huesca dictó sentencia condenatoria³⁴.

Asimismo, el T.S.J. de Andalucía, en el Caso “Marta del Castillo” acordó seguir el proceso ordinario por delitos graves correspondiendo su enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Sevilla, basándose en los acuerdos no jurisdiccionales de enero-febrero de 2010, y entendiendo de los escritos de las acusaciones que el delito fin u objetivo perseguido fueron las agresiones sexuales, y no siendo posible el enjuiciamiento por separado de los delitos de agresión sexual y asesinato.

Cuando la falta de competencia lo sea solo para alguno de los delitos objeto de acusación, deberán pedir las partes la deducción de testimonio y su remisión al tribunal que consideren competente, respetando las reglas sobre delitos conexos³⁵ de los artículos 5.2 LOTJ y 17 Lecrim³⁶, interpretados conforme a los Acuerdos no jurisdiccionales del Tribunal Supremo.

Tratándose de delitos que inicialmente se consideraron conexos, se separará su conocimiento y el juez ordenará la deducción de testimonio cuando sea posible dividir la continencia de la causa.

Respecto a la divisibilidad de la continencia de la causa véase el Auto 425/2010 de 21 de mayo de la Audiencia Provincial de Granada³⁷: En ese caso se estimó parcialmente el recurso de apelación y se revocó el auto de transformación a Sumario, para que se incoe respecto al homicidio el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, y siendo posible en el caso su enjuiciamiento por separado, la tenencia ilícita de armas se acomode a los tramites del Procedimiento Abreviado.

Cuando no sea posible dividir la continencia de la causa y como sea que actualmente conforme al Acuerdo no jurisdiccional de 9 de marzo de 2017 el Jurado no puede perder la competencia sobre delitos propios por existir otros delitos conexos a ellos, el Jurado conocerá de todos los delitos y solo excepcionalmente perderá la competencia.

2.2 Audiencia Preliminar

La Audiencia Preliminar se convoca en los términos del Art. 30 LOTJ³⁸ al objeto de decidir sobre la pertinencia de la apertura de Juicio Oral. Si se convoca quedando pendiente alguna diligencia a practicar con anterioridad o a pesar de no haber solicitado ninguna parte la apertura de juicio oral por entender procedente el sobreseimiento, pueden las partes recurrir en reforma y queja por los cauces de los artículos 216 y 218 Lecrim.

La celebración de la Audiencia Preliminar viene regulada en el art. 31 LOTJ³⁹.

Dispone el art. 31.3 LOTJ que en ella y tras practicar las diligencias interesadas se oirá a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, sobre la competencia del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento. Las acusaciones pueden modificar los términos de su petición de apertura de juicio oral, sin que sea admisible la introducción de nuevos elementos que alteren el hecho justiciable o la persona acusada⁴⁰.

2.3 Auto De Sobreseimento O De Apertura De Juicio Oral

Contenido del auto: Tras la Audiencia Preliminar o en los tres días siguientes el juez dictará Auto decidiendo sobre la apertura o no del juicio oral⁴¹. Puede también acordar diligencias complementarias antes de resolver. La apertura de juicio oral procederá entre otros casos cuando las defensas hubiesen manifestado su acuerdo en sus respectivos escritos de calificaciones conforme establecen los artículos 27.4 y 29.1 LOTJ. En sentido opuesto, puede el juez acordar el sobreseimiento total si no se dan los requisitos para decretar la apertura de juicio oral cuando se cumplan los requisitos del art. 637 Lecrim⁴², pero si el sobreseimiento es parcial a tenor del art. 640 Lecrim⁴³ podrá acordar la apertura del juicio oral. Este auto de sobreseimiento es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial.

Acomodación del Procedimiento: En consonancia con el resultado de lo previsto para la Audiencia Preliminar en el artículo 31.3 LOTJ, el artículo 32.4 LOTJ permite al juez ordenar la acomodación⁴⁴ de las actuaciones al Procedimiento que corresponda si no es aplicable el Procedimiento del Jurado, dictando - por auto - la apertura de juicio oral para que la causa sea resuelta por los trámites adecuados, siguiendo el 783 Lecrim⁴⁵ y remitiendo las actuaciones al órgano que resulte competente. Prevé el art. 33 d) LOTJ que en todo caso el auto de apertura de juicio oral debe determinar el órgano competente⁴⁶.

3.1 Examen De Oficio Por El Magistrado Presidente

Siendo la competencia objetiva un auténtico presupuesto procesal cabe su examen de oficio por el Magistrado-presidente del Tribunal, o a instancia de cualquiera de las partes procesales⁴⁷.

Si bien el Magistrado-presidente del Tribunal puede examinar de oficio la competencia objetiva, por el momento en que puede proceder a dicho examen - con posterioridad a la apertura del juicio oral y a la resolución de las cuestiones previas, planteadas por las partes al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOTJ⁴⁸, ya no es viable ningún problema de competencia objetiva que habría sido resuelto en la “audiencia preliminar” o anteriormente⁴⁹.

En relación con la apreciación de oficio de la falta de competencia véase la STS. 315/2016⁵⁰. El TS deniega la casación en un sumario por delitos de asesinato, robo con intimidación y uso de arma en grado de tentativa, y tenencia ilícita de armas. Dicha Sentencia contiene un voto particular del Magistrado de la Sala 2ª, Luciano Varela, a la luz de la reforma del art. 17 LeCrim y el Acuerdo no jurisdiccional de enero-febrero de 2010. que resulta doctrinalmente relevante, por cuanto anticipó la interpretación ampliatoria de la competencia del jurado en los delitos conexos que^. hizo el Tribunal Supremo en el Acuerdo no jurisdiccional de 9 de marzo de 2017.

3.2 Cuestiones previas. Cuestionamiento a instancia de parte

Las partes al tiempo de personarse ante el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial, ante el que son emplazadas por quince días hábiles por el juez de instrucción tras dictar el auto de apertura de juicio oral, (que en sí mismo es irrecurrible) podrán plantear al amparo de lo dispuesto en el artículo 36,1 a) de la LOTJ⁵¹ como artículo de previo pronunciamiento la “declinatoria de jurisdicción” del artículo 666, 1° de la LECrim⁵².

Si el Magistrado-presidente admite la cuestión previa, y firme que sea su resolución se remitirán los autos al Tribunal o Juez competente.

El auto que resuelva la cuestión previa del art. 36.1 a) LOTJ sobre la competencia del tribunal podrá recurrirse en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (artículo 676, 3° LECrim.)⁵³

Advierte la Fiscalía General del Estado en su Circular 3/95 que si la acomodación procedimental se planteó en fase de instrucción y se plantea luego ante el Magistrado-Presidente como “cuestión previa” al amparo del art. 36.1, a), y, ulteriormente, por medio de recurso de apelación, llega ante el Tribunal Superior de Justicia, se está en el caso de una doble vía de planteamiento del asunto (Juez de Instrucción con recurso ante la Audiencia y Magistrado Presidente con recurso ante el Tribunal Superior de Justicia)

Por ello entiende la Fiscalía General del Estado que el Magistrado-Presidente no ha de resolver la cuestión previa en forma distinta a la sostenida por la Audiencia Provincial al resolver el anterior recurso de queja en fase de instrucción, salvo que se dieran nuevos elementos de juicio desconocidos entonces.

Además deberá ceder el criterio de la Audiencia Provincial ante la resolución del Tribunal Superior de Justicia al que por la vía de los arts. 36.1, a) y 846 bis, a), hubiera llegado tal cuestión.

El Tribunal Supremo en la sentencia STS 689/2012⁵⁴ en primer lugar aplica el Acuerdo de Pleno no jurisdiccional la Sala de Gobierno de 29 de enero de 2008 “las cuestiones relacionadas con la competencia deben tramitarse en la instancia hasta el agotamiento de los medios de impugnación, de forma que, en lo posible, el asunto quede resuelto antes del comienzo del juicio oral”. y en segundo lugar, respecto régimen de recursos previsto en la LOTJ expone: “En ese sentido, ha de reconocerse que la regulación de los recursos en la materia presenta algunas deficiencias pues si la causa se tramita por las normas de la LOTJ, contra la decisión de este tribunal respecto de las cuestiones planteadas conforme al artículo 36 de la ley cabe recurso de apelación que será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia, sin que contra esa decisión quepa recurso de casación.”

Con posterioridad al planteamiento de las cuestiones previas no será posible el cuestionamiento de la competencia objetiva del Tribunal del Jurado⁵⁵, ni siquiera por vía de modificación de las calificaciones jurídicas en el trámite de conclusiones definitivas, que impide que tenga como efecto el cambio de procedimiento el art. 48.3 LOTJ⁵⁶..

Tampoco conllevará el cambio de procedimiento la inclusión en el objeto del veredicto, (y siempre que se respete el hecho justiciable) de posibilidades fácticas que se sometan a la decisión del jurado que lleven a una calificación subsidiaria o alternativa⁵⁷ y alguna de estas posibilidades sea extraña al listado del artículo 1.2 LOTJ⁵⁸ (por ejemplo, propone como posibilidad subsidiaria al delito de homicidio doloso, el de homicidio por imprudencia) No procederá, por el solo hecho señalado, dictar resolución de incompetencia y acomodación del procedimiento, sino que el veredicto y la ulterior sentencia se extenderán a dicha opción⁵⁹.

El Auto 146/2016 de 29 de febrero del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que resuelve cuestiones previas del art. 36 LOTJ, se pronuncia sobre esta cuestión y en el mismo sentido⁶⁰.