ARTIGO ORIGINAL

 

Orden global y acumulación por desposesión en Argentina (1990-2012)

 

Global order and accumulation by dispossession in Argentina (1990-2012)

 

Ordem global e acumulação pela desapropriação na Argentina (1990-2012)

 

Ordre mondial et “accumulation par dépossession” en Argentine (1990­2012)

 

Sebastián Gómez Lende¹

¹Investigador asistente de CONICET. CIG, IGEHCS/CONICET. Universidad nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Argentina. E-mail: gomezlende@yahoo.com.ar

 

 

RESUMEN

Hoy día, una racionalidad absoluta opera rediseñando territorios y lugares en función de los intereses del capital, a través de lo que David Harvey denomina ‘acumulación por desposesión'. En este trabajo, se analiza, a la luz de ese sistema de ideas, la situación de argen­tina durante el período 1990-2012 mediante cinco estudios de caso: la privatización de empresas públicas estatales; el endeudamiento externo y la globalización bancaria; la explotación de hi­drocarburos; la agricultura transgénica y la minería metalífera. Bajo el auge del neoliberalismo, la oleada privatizadora lanzó los bienes públicos a la esfera del mercado, implicando: el acelera­do crecimiento de la deuda pública, la extranjerización y concentración del sistema bancario, el saqueo de las reservas de petróleo y gas del subsuelo, la concentración de la tierra y la propiedad, el boom de los cultivos transgénicos, la tala del bosque nativo, la crisis de campesinos y aborí­genes, el auge de la minería del oro, la plata y el cobre, el despojo de la energía eléctrica y el agua, la remesa al mercado mundial de recursos estratégicos no renovables y la desposesión del patrimonio ambiental y el derecho a la salud de las comunidades locales.

Palabras-clave: Orden global, acumulación por desposesión, neoliberalismo, bienes públicos, Argentina.

 

ABSTRACT

Global order is currently synonymous with absolute rationality that operates redesigning territories and places based on capital interests, through what Karl Marx called “original or primitive accumulation” and what David Harvey calls “accumulation by dispossession”. In this paper, we analyse the situation in Argentina during the period 1990-2012, in light of that system of ideas, through the use of five case studies: privatisation of state-owned enterprises; external borrowing and banking globalisation; hydrocarbons exploitation; GM agriculture; and metal mining. Under the rise of neoliberalism, the wave of privatisation transferred the public heritage to the market sphere, giving rise to: the rapid growth of public debt and foreign ownership and concentration of the banking system, the loot of the argentine subsoil reserves of oil and gas, the land and property concentration, the transgenic crops boom, native woods deforestation, peasants and indigenous crisis, gold, silver and copper mining boom, the electricity and water theft, remittances of strategic non renewable resources to world market and local communities dispossession of environmental heritage and the right to health.

Keywords: global order, accumulation by dispossession, neoliberalism, public assets, Argentina.

 

RESUMO

Ordem global é hoje sinónimo da uma racionalidade absoluta que opera rede­senhando territórios e lugares em função dos interesses do capital, através do que Karl Marx chamou “acumulação primitiva ou originária” e o que David Harvey chama “acumulação por desapropriação”. Neste artigo, a situação na Argentina durante o período 1990-2012 é anali­sada à luz desse sistema de ideias, a partir de cinco estudos de caso: a privatização das empre­sas estatais; o endividamento externo e a globalização do sistema bancário; a extracção de hidrocarbonetos; a agricultura GM e a mineração de metais. Com a ascensão do neolibera­lismo, a onda de privatização lançou os bens públicos para a esfera do mercado, implicando o crescimento rápido da dívida pública, a transnacionalização e concentração do sistema bancá­rio, a pilhagem das reservas de petróleo e gás do subsolo argentino, a concentração de terras e propriedades, o boom dos culturas transgénicas, o desmatamento das florestas nativas, a crise dos camponeses e indígenas, o boom de mineração de ouro, prata e cobre, o roubo de energia e água, as remessas para o mercado mundial de recursos estratégicos não renováveis e a desapropriação do património ambiental e do direito à saúde das comunidades locais.

Palavras-chave: Ordem global, acumulação por desapropriação, neoliberalismo, bens públicos, Argentina.

 

RESUME

L'expression “ordre mondial” désigne aujourd'hui la remodélation rationnelle des territoires et des lieux, en fonction des intérêts capitalistes, ce que Karl Marx appelait “ac­cumulation primitive ou originelle” et David Harvey “accumulation par dépossession”. Dans le cadre de ce système d'idées, on analyse ici la situation de l'argentine pendant la période 1990-2012, par l'étude de 5 cas: la privatisation des entreprises publiques de l'État; l'endette­ment extérieur et la mondialisation bancaire; l'exploitation des hydrocarbures; l'agriculture transgénique et la minération métallifère. À l'apogée du néolibéralisme, l'onde de privatisa­tions a transféré les biens publics dans la sphère du marché, en provoquant la croissance accé­lérée de la dette publique, la dénationalisation et la concentration du système bancaire, l'épui­sement des réserves en pétrole et en gaz du sous-sol argentin, la concentration foncière, le boom des cultures transgéniques, la destruction de la forêt primaire, une crise paysanne et aborigène, une minération accélérée de l'or, de l'argent et du cuivre, une exploitation abusive de l'énergie électrique et de l'eau, l'abandon au marché mondial de ressources stratégiques non renouve­lables, ainsi que du patrimoine ambiant et du droit à la santé des communités locales.

Mots clés: Ordre mundial, accumulation par dépossession, néolibéralisme, biens publics, Argentine.

 

 

I. INTRODUCCIÓN

Orden global es, hoy día, sinónimo de una racionalidad absoluta que opera redi­señando territorios y lugares en función de los intereses del capital, a través de lo que Karl Marx llamó ‘acumulación primitiva u originaria' y lo que David Harvey deno­mina ‘acumulación por desposesión'. El objetivo de este trabajo consiste en analizar, a la luz de ese sistema de ideas, la situación de Argentina durante el período 1990-2012 a partir de ejemplos empíricos. en primer lugar, se desarrollan los conceptos de orden global y espacio geográfico, para luego definir la acumulación originaria/por despose­sión y dar cuenta de sus formas y mecanismos; a continuación, se aborda el núcleo del trabajo, analizan cinco estudios de caso – la privatización de empresas públicas esta­tales; el endeudamiento externo y la globalización bancaria; el saqueo de los hidrocar­buros; el auge de agricultura transgénica; y el despojo de la minería metalífera –; final­mente, se presentan las principales conclusiones a las cuales se ha arribado.

 

II. ORDEN GLOBAL Y ESPACIO GEOGRÁFICO: ELEMENTOS CONCEPTUALES

Siempre entendido como una forma-contenido expresada a partir de un con­junto solidario, indisociable y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones mediados por normas, el espacio geográfico (Santos, 1996a) sufre cons­tantes reorganizaciones en su configuración territorial y su dinámica social. Orien­tado a generar aceleración y la fluidez, el actual estadio de evolución y desenvol­vimiento del espacio – el denominado medio técnico-científico-informacional – se expresa en un período ligado a la tensión entre globalidad y localidad (Santos, 1996a; 1996b).

Opera en tal sentido lo que Santos (1994) llama ‘gobierno mundial', un bloque de poder en el que comulgan los organismos internacionales o multilaterales, la banca extranjera, las firmas globales y los gobiernos de los países centrales: Europa y Estados Unidos, al participar de la construcción de instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial, Club de París, BID, Gatt, ONU, OMS, OMT, etc.) coman­dan la (re)elaboración progresiva de los derechos internacionales públicos y pri­vados, junto a transnacionales, sistemas de patentes, fundaciones internacionales y ONG (Silveira, 1999). El gobierno mundial impone, a países y lugares, un acontecer jerárquico, esto es, un conjunto de acciones que, a distancia, tienden a hacer tabla rasa de la historia pretérita y sus herencias espaciales (Santos, 1996a; 1996b; Silveira, 1999). Su imperio se expresa a partir de las verticalidades, solidaridades organi­zacionales tributarias de una racionalidad superior, en la que el territorio es valorado por el capital como un mero recurso (Gottmann, 1975) y que, puesto al servicio del mercado, diseña un espacio de flujos ligado a la internacionalización del capital (Santos, 1996a; 2000).

Esas solidaridades organizacionales amenazan la reproducción de las horizon­talidades, solidaridades orgánicas que garantizan la cohesión de un tejido híbrido de modernidades y obsolescencias donde el territorio – devenido abrigo para los actores subalternizados (Gottmann, 1975) – funciona según otras valoraciones del trabajo colectivo, políticas públicas intervencionistas/redistributivas, actividades/prácticas marginales, agentes (Santos, 1996a; 2000; Silveira, 1999).

El orden global es, pues, el arreglo social, económico, político y territorial hege­mónico impuesto a gran escala por el gobierno mundial, donde los países periféricos son convocados a participar mediante diversos mecanismos de subordinación y depen­dencia, entre los cuales sobresalen la división internacional del trabajo y la cooptación ideológica de las élites domésticas. surgen, así, los espacios luminosos (locus de los eventos del nuevo orden global, donde el territorio se torna más ‘racional', más apto para producir lo que tiene valor en ese momento, adoptando mayor cantidad de datos del período actual), y los espacios letárgicos u opacos, donde imperan estructuras venidas del pasado (una división territorial del trabajo pretérita) (Silveira, 1999); repulsivas a la modernización, esas áreas forman un ‘ejército de reserva de lugares' (Walker, 1978), reservorios para futuras modalidades del orden global.

 

III. DE LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN: DEFINICIÓN, FORMAS Y MECANISMOS

La acumulación por desposesión es un concepto intrínsecamente ligado al de acumulación primitiva u originaria, entendido este último como el acto histórico que, basado en el despojo violento – explotación de las minas auríferas y argentíferas de américa, trabajo forzado y exterminio de la población nativa, caza y venta de esclavos en África, conquista de las indias Orientales, etc. –, instauró las relaciones sociales capitalistas, formando el stock de capital necesario para la revolución industrial europea (Marx, 1980; Mandel, 1969).

No obstante, la acumulación originaria no fue apenas el simple hecho histórico aislado que luego dejó paso a la reproducción ampliada del capital, sino que sustentó y perfeccionó la posterior evolución del sistema, afianzándose como un mecanismo de su expansión mundial. según Harvey (2004), la acumulación primitiva es una fuerza importante y permanente en la geografía histórica del capitalismo debido a las crisis cíclicas de hiperacumulación, que obligan al capital a disponer siempre de un fondo exterior de activos (tierras ‘vacías', nuevos mercados y fuentes de recursos) o, en caso de que éste no exista, crearlo de algún modoⁱ: tan importante es esto para el equilibrio/perpetuación del sistema capitalista mundial, que se ha convertido en su forma dominante de acumulación, a expensas de la reproducción ampliada.

Semánticamente anacrónico, el concepto de acumulación primitiva pasa a ser reemplazado por el de acumulación por desposesión (Harvey, 2004) o por despojo: el capital opera a través de la recolonización de territorios, despojando a sectores, clases sociales y regiones de sus bienes o derechos adquiridos y/o colectivos, y avan­zando sobre las formas previas de desarrollo regional (Galafassi, 2012).

Si bien los mecanismos tradicionales de desposesión – supresión de formas de producción y consumo alternativas, monetarización y tributación, usura y endeuda­miento a través del crédito, desplazamiento de granjas familiares a manos de grandes empresas agrícolas, persistencia de ciertas formas de esclavitud – continúan funcio­nando, en el período actual se añaden otros nuevos, intrínsecos a la actual ola de cercamiento de bienes públicos. sobresalen, entre otros, la mercantilización y priva­tización de la tierra, la expulsión forzosa de campesinos e indígenas de sus tierras, la privatización de firmas estatales industriales y/o de servicios públicos, la conversión de diversos regímenes de propiedad – común, colectivo, estatal – al régimen de pro­piedad privada, la depredación a gran escala del patrimonio ambiental (tierra, aire, agua) y su degradación, la biopiratería, el pillaje del stock mundial de recursos gené­ticos y los derechos de propiedad intelectual elaborados a tal fin (Harvey, 2004).

Ora con su monopolio sobre la definición de legalidad, ora con su monopolio sobre el ejercicio de la violencia, el estado-nación, al ser cooptado por el sistema de poder neoliberal, interviene claramente en favor de esa desposesión. No todos, pero gran parte de los mecanismos de la acumulación por despojo integra lo que se llama ‘modelo extractivo', basado en los recursos naturales: territorios donde la naturaleza aún funcionaba como un bien común devienen expropiables, mercantilizables, degradables, explotados hasta la extenuación (Sousa Santos, 2003). sojuzgados por el discurso de las firmas globales y de los gobiernos ora como ‘eficientes', ora como ‘vaciables' – y en este último caso, como ‘sacrificables' – (Sack, 1986), los territo­rios son enajenados y, así, zonas aisladas, empobrecidas o de escasa densidad pobla­cional, carentes de artefactos u objetos social o económicamente valiosos, se tornan prescindibles para la lógica del capital: las economías locales son minimizadas, y las comunidades asentadas, negadas, impulsadas a desplazarse o desaparecer en nombre de la expansión de las fronteras (Svampa et al., 2009).

Todas las formas de acumulación por desposesión dependen del papel-clave desempeñado por la ideología: permitir la construcción y propagación de una fábula que ‘allane' el camino de lo ‘irracional' a lo ‘racional'; es la psicoesfera, un conjunto de ideas, creencias y pasiones (Santos, 1996a) que enseña una lección moral – la modernización territorial es un proceso necesario e inevitable – (Silveira, 1999) y, al mismo tiempo, niega los enfoques/caminos que se proponen como alternativas al saqueo impuesto por el auge del neoliberalismo.

 

IV. ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN EN LA Argentina ACTUAL: CINCO EJEMPLOS EMPÍRICOS

1. Neoliberalismo, ajuste estructural y reforma del Estado: las privatizaciones

Engranaje esencial de las políticas neoliberales, la privatización se erige en la principal herramienta de acumulación por desposesión; su funcionalidad respecto del despojo reside en su capacidad para evitar la devaluación del capital ante las crisis de hiperacumulación: cuando los bienes públicos en poder del estado son lanzados al mercado, el capital sobre-acumulado puede invertir en ellos, reformándolos, lucrando y especulando (Harvey, 2004). Organizada en torno al llamado Consenso de Washington – un decálogo de política económica neoliberal y ajuste estructural en cuya elabora­ción participaron países centrales (Estados Unidos y algunas potencias europeas) y organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID, Club de París) –, la oleada privatizadora de la década de 1990 se esparció por américa Latina, operando en Argentina como la ‘prenda de paz' que concilió las estrategias de acumulación de los grupos económicos nacionales, las empresas transnacionales, los acreedores externos, el capital financiero concentrado y la banca internacional (Azpiazu, 2003). El estado argentino se desprendió con premura de sus principales empresas productoras de bie­nes y servicios, en un esquema que contempló dos etapas: la comprendida por el trienio 1989-1991 – mediante el rescate de bonos de la deuda externa y la subvaluación de activos –, y la desarrollada entre los años 1993 y 1999, que incluyó a los sectores siderúrgico, energético, vial, ferroviario, bancario y de servicios públicos (cuadro I).

 

 

Se trató de un auténtico despojo del patrimonio público: la enajenación de esa cantidad de activos supuso, para las arcas públicas, ingresos por apenas 20 000 millones de dólares, pero el estado nacional drenó, entre 1991 y 2001, más de 52 332 millones de dólares hacia grupos económicos nacionales y el capital extranjero vía privatizaciones, reducción de aportes patronales y transferencia de aportes jubilato­rios a las AFJP'S (Basualdo, 2003). Las capas más postergadas de la población argen­tina fueron brutalmente desposeídas: entre 1989 y 2001, el desempleo se triplicó, la pobreza se duplicó, y la participación del capital sobre la distribución del ingreso nacional ascendió hasta rebasar el 80%, a expensas de los asalariados.

Se asistió, también, a la rápida extranjerización del aparato productivo: entre 1990 y 2000, arribaron al país 154 000 millones de dólares en concepto de inversión extranjera Directa (IED), de los cuales el 88,1% correspondía a Estados Unidos, España, Francia, Chile, Italia e Inglaterra (Si, 2002). Esas inversiones impulsaron un decidido retorno a un modelo primario-extractivo de producción/exportación, y afianzaron la acumulación por desposesión: el 45,9% de ese flujo de recursos fue destinado a fusiones y adquisiciones, y no a la genuina formación de capital, espe­cialmente en el caso de las comunicaciones (48,2%), la electricidad (48,4%), el transporte (54,0%), el gas (58,9%) y los bancos (92,3%) (Si, 2002).

Operando como vector del acontecer jerárquico y emisaria del orden global, la llegada de esos flujos de IED se materializó gracias a los generosos beneficios fisca­les otorgados por el estado nacional y a una ‘seguridad jurídica' fundada en la rúbrica de 58 tratados Bilaterales para la Promoción y Protección de inversiones extranje­ras (TBI) con los países de origen de las firmas intervinientes: esos acuerdos garan­tizan inmunidad ante cambios en la legislación nacional y absoluta e inmediata liber­tad de remisión de utilidades al exterior, suprimen los riesgos de expropiación y denegación de justicia, y equiparan jurídicamente al capital extranjero con un país soberano; a su amparo, las controversias se dirimen en tribunales internacionalesⁱⁱ, donde el primero encuentra el rigor imperial necesario para incumplir normas domés­ticas del segundo y disciplinarlo si no accede a sus demandas (Azpiazu, 2005).

Cooptada por la ideología neoliberal a ultranza, y envuelta en numerosos hechos de corrupción, la burocracia Argentina promovió activamente estas políticas, siempre so pretexto de la funcionalidad que implicaban para la exitosa inserción del país en los mercados internacionales, la modernización del sistema productivo y, sobre todo, el puntual pago de los intereses de la deuda externa; refiriéndose al caso latinoamericano en general, y al argentino en particular, Anderson (1997) explica, a su vez, que la estabilidad de precios lograda por el nuevo modelo económico fue, en un contexto histórico signado por profundas crisis hiperinflacionarias, el elemento central que coadyuvó a que, en principio, esas reformas estructurales fueran acrítica­mente aceptadas por gran parte de la población.

Argentina se convirtió, de ese modo, en uno de los pocos países del mundo que vendió su petrolera estatal y su aerolínea de bandera, y el único con un sistema metropolitano privado de transporte ferroviario de pasajeros con subsidio estatal, rutas concesionadas sin caminos alternativos transitables no onerosos, peajes ferro­viarios diez veces más caros que los vigentes en Estados Unidos o Europa, y una red de transporte de electricidad en alta tensión concesionada por 95 años a una empresa estatal extranjera (la petrolera brasileña Petrobrás).

2. Endeudamiento externo y sistema bancario: la conquista y el despojo financiero

Sabido es que algunos de los mecanismos de acumulación primitiva que Marx identificó en su época se han afinado para desempeñar un papel aún más impor­tante que en el pasado; tal es el caso del sistema de crédito y la deuda pública que, a partir de la espectacular oleada de financiarización iniciada en 1973, han adqui­rido un sesgo marcadamente especulativo y depredador (Harvey, 2004). Omni­presente y abstracto, el sistema financiero consolidó entonces su supremacía, ganando una existencia prácticamente autónoma en relación al resto de la econo­mía (Santos, 2000). El endeudamiento público es, en tal sentido, una de las más poderosas palancas de la acumulación originaria (Marx, 1980), toda vez que, atra­pando a una parte del aparato estatal en la circulación financiera, consigue disci­plinarlo (Harvey, 1988).

Surge, a finales de la década de 1980, la ‘debt economy' que, de la mano de las diversas reestructuraciones ensayadas por el FMI, el Banco Mundial y el gobierno norteamericano, conquistó toda américa Latina; algunos bancos extranjeros se con­virtieron en agentes financieros del estado argentino, obteniendo jugosos réditos de la compra de bonos y la colocación de títulos en el exterior (García, 2002) y desa­rrollando el ciclo de la valorización financiera a través de la fuga de capitales al exterior (Basualdo, 2003). Orientada a completar la política financiera iniciada en 1977, la eliminación del control estatal sobre la tasa de interés, las políticas públicas de crédito y las barreras al ingreso de flujos externos de capital a corto plazo, alentó la especulación; la deuda pública alcanzó la sideral cifra de 140.000 millones de dólares, fenómeno que, en 2001, condujo a la peor crisis económica y social de la historia Argentina: las reservas del Banco Central cayeron alarmantemente; los ahorros (depósitos) bancarios de la población fueron inmovilizados y confiscados; las casas matrices de los bancos extranjeros deslindaron responsabilidades por los recursos fugados por sus filiales domésticas; y el gobierno declaró la cesación de pagos de sus compromisos externos.

Sin embargo, la sangría de intereses y amortizaciones del capital no se detuvo, y la deuda externa Argentina aumentó: en 2002 (luego del desembolso de más de 4 000 millones de dólares), creció 11 000 millones; entre 2003 y 2005, se pagaron 14 300 millones de dólares, pero el monto adeudado se incrementó un 23%. Obte­nida luego de la crisis, la reducción de parte de la deuda estatal fue revertida por acuerdos que cuadriplicaban las tasas de interés a pagar, y también por nuevos empréstitos, cuyo valor era 2,5 veces superior al de las obligaciones previamente saldadas; en 2006, el país canceló su deuda con el FMI (9 000 millones, y luego pagó gracias al aumento de los Derechos especiales de giro) 2 400 millones de dólares de intereses y otros 16 000 millones de vencimientos por compromisos que, en 2001, sumaban 14 000 millones (Morina, 2008): la mecánica de desangra­miento del sistema capitalista mundial funciona, pues, de manera cada vez más aceitada y perfecta.

Solidaridades organizacionales entabladas entre el endeudamiento externo y la apertura del tejido financiero doméstico al capital globalizado generaron condi­ciones propicias para que la banca extranjera se apropiara de los segmentos más rentables del sistema; antaño limitada al 10%, la participación foránea sobre el sis­tema financiero doméstico ascendió al 61% (Frediani, 2002), de la mano de los bancos españoles, estadounidenses, británicos, canadienses, franceses y alemanes (cuadro II), responsables por más del 80% de la IED del sector. Otrora estatal, el Banco Hipotecario nacional fue objeto de una privatización parcial o ‘periférica' (el 40% fue absorbido por Ritelco, Irsa, LACP, inversiones financieras del sur, ifis, Dolphin Fund, el Deustche Bank y AFJP). Otro episodio de acumulación financiera por desposesión fue la privatización de los bancos públicos provinciales, que cayeron en manos de Macro Bansud, Patagonia-sudameris, Comafi, super­vielle-exprinter y Brunet.

 

 

El Banco Central de la república Argentina fue investido con la potestad de reestructurar el patrimonio de las entidades conforme a normas internacionales -las ‘recomendaciones' del Comité de Basilea. Su política de redescuentos y sus regulaciones prudenciales, preocupadas por aumentar la solvencia patrimonial en los bancos, contribuyeron a concentrar el capital en un número cada vez menor de firmas (Silveira, 1999; Frediani, 2002): si los veinte mayores bancos expli­caban en 1993 el 68,0% de la masa de depósitos, en 2005 acaparaban el 89,2%. Ese fenómeno se agudizó con la crisis de finales del siglo xx: otrora compuesta de 62 entidades, la cúpula bancaria quedó reducida a 43 firmas, de ahí que el índice de concentración Henfindahl-Hirsch aumentara de 674 puntos a 848 pun­tos (García, 2006)ⁱⁱⁱ.

Obviamente, el nuevo patrón de acumulación financiera se basó en el des­pojo: en vez de financiar sus actividades con depósitos locales, bancos extranjeros como HSCH, BBVA, Citibank y Bank Boston lo hicieron con préstamos emitidos por sus casas matrices, diseñando así estrategias de valorización del capital liga­das al sobre-endeudamiento con el exterior; al mismo tiempo, no realizaron desembolsos genuinos, sino que colocaron gran parte de su cartera crediticia en empresas que les pertenecían y en consorcios-conglomerados financieros diversi­ficados (García, 2002)^iv, participando así de lucrativos negocios y operaciones de cartera vinculada. Extractiva y especulativa por definición, la lógica de funciona­miento del sistema bancario argentino acentuó la acumulación por desposesión: entre 1990 y 2001, el número de receptores de préstamos creció un 400%, pero la masa de depósitos, un 800% (Frediani, 2002); luego de la crisis, la relación cré­dito/ahorro se desplomó del 80% (2002) al 58% (2005) (García, 2006). Queda claro, pues, que en el sector bancario argentino, las solidaridades organizacionales (verticalidades) del capital globalizado se han impuesto sobre las solidaridades orgánicas (horizontalidades) propias del resto de la sociedad y el territorio.

3. Oligopolio, extractivismo y saqueo de recursos estratégicos: petróleo y gas natural

Savia vital del sistema capitalista, el petróleo y el gas constituyen su com­bustible y su motor: son engranajes esenciales, resortes estratégicos para la acumu­lación, ‘fuentes subterráneas del poder' (Galeano, 1979). Orientada a garantizar el autoabastecimiento, la política energética Argentina se forjó, entre 1930 y 1990, en torno al papel dominante de las firmas públicas Yacimientos Petrolíferos fiscales (YPF) y gas del estado, que integraban verticalmente en el sector, desde la extrac­ción hasta la distribución. No obstante, el auge neoliberal de los años noventa puso fin a esa etapa, y el oligopolio petrolero-gasífero estatal fue enajenado al capital privado: YPF cayó en manos de la petrolera española Repsol, consorcios finan­cieros (BBVA, La Caixa), la petrolera estatal mexicana PEMEX e inversores esta­dounidenses; los yacimientos fueron concesionados por 25 años (Hasta, 2017), y las destilerías, la flota naviera y la red de oleoductos, vendidas. Los yacimientos fueron federalizados, y petroleras estatales – la chilena Sipetrol y la brasileña Petrobrás – y transnacionales (Total Austral, Pan American Energy, Amoco, Vintage Oil) negociaron sus contratos con gobiernos provinciales.

Objeto de una aguda reestructuración, gas del estado fue enajenada bajo un régimen de licencias explotadas por grupos económicos nacionales y empresas extranjeras, en su mayoría los gigantes del sector energético norteamericano y europeo (cuadro III). Surgieron así los nuevos monopolios del gas que, mime­tizándose bajo diversas razones sociales y alianzas ad hoc, se ocultaron tras una fragmentación empresaria que enmascaró la concentración de la acumulación de la plusvalía (Silveira, 1999). Otrora estatal, la cadena gasífera fue entonces desmembrada jurídicamente, para posteriormente ser reunificada bajo la égida del capital.

 

 

Las cuencas hidrocarburíferas argentinas se convirtieron en territorios estra­tégicos para los intereses globales^v, y la concentración económico-empresarial del sector se tornó insoslayable: Repsol YPF, Pan American Energy, total austral, Petrobras y Vintage Oil daban cuenta, en 2005, del 77,0% de la producción de petróleo y del 86,7% de la extracción de gas (se, 2006). Si bien las leyes vigentes establecen que ninguna firma puede detentar la titularidad directa y/o indirecta de más de cinco concesiones, las principales empresas rebasaban ostensiblemente ese número (Cacace et al., 2006) (cuadro IV).

 

 

Orientadas a favorecer la acumulación por desposesión a ultranza, la ‘desre­gulación' de la ‘mesa de crudos', la liberalización de las importaciones, la elimina­ción de los derechos de exportación y la autorización para drenar al exterior hasta el 65% del petróleo extraído y el 70% de las divisas generaron inmejorables condi­ciones de operación para el oligopolio petrolero-gasífero ‘argentino': en 2003, los niveles de rentabilidad de los principales consorcios energéticos no eran inferiores al 18% (calculados sobre la base de las ventas) y al 55% (calculados sobre el patri­monio), con picos del 72% y 614%, respectivamente.

Si en otros países la cotización doméstica del petróleo depende de los costos reales de producción y las utilidades derivadas de su refinación y comercialización, en Argentina aquél se determina a partir de los costos de los campos petroleros nor­teamericanos (El Barril, WTI Western Texas International) y la información declara­da por las petroleras privadas (6-8 Us$ por barril) (Cacace y Morina, 2008). El estado nacional se contenta con el pago, a las provincias productoras, de regalías del 12% del valor en boca de pozo (uno de los porcentajes más bajos del mundo), pero aquellas sólo reciben el 7,2% (Mansilla, 2006). La empresa energética estatal Enarsa, creada en 2003 y controlada en un 35% por accionistas, otorga discrecio­nalmente, a su vez, concesiones a petroleras extranjeras (Sipetrol, Pan American Energy), y rubrica, con esas y otras empresas, contratos de explotación off shore.

Siempre, la racionalidad del despojo suele ser acompañada por la sangría hacia el mercado mundial: entre 1989 y 2005, la extracción creció un 44%, y las expor­taciones de crudo, un 1 200%, dejando de representar el 2,6% de la producción para acaparar el 25% (Mansilla, 2007). El Oleoducto trasandino drenó hacia Chile más de 100 000 barriles diarios de crudo de alta calidad durante doce años (1994-2006). Once gasoductos de exportación (siete a Chile, dos a Uruguay y dos a Brasil) (Mansilla, 2007), explotados por empresas extranjeras y grupos económicos nacio­nales, fueron construidos entre 1996 y 2003 con los recursos obtenidos de los aumentos tarifarios ejecutados en el mercado doméstico (cuadro V). Surge así una paradoja propia de la acumulación por despojo: las exportaciones de gas natural representan el 13,9% de la extracción, contabilizando las exportaciones clandestinas, el 37% (De Dicco, 2005), pero el 34,5% de los hogares argentinos se hallaba excluido del servicio domiciliario de distribución de gas (INDEC, 2003). La crisis energética actual obligaría a suspender esa sangría, pero ésta continúa, e incluso los usuarios domésticos sufren aumentos de tarifas^vi.

 

 

La reservas hidrocarburíferas argentinas han disminuido, pues, alarmante­mente: en 1988, su nivel se situaba en 14 años para el petróleo y 37 años para el gas natural; en 2006, en 6 y 8 años, respectivamente (Mansilla, 2007). Ni las reten­ciones estatales móviles a la exportación de crudo, ni el impuesto del 20% a las remesas de gas detuvieron la expoliación de recursos del subsuelo nacional^vii. Según Barrera (2013), la estrategia de las petroleras (especialmente de Repsol) ha sido la de sobreexplotar los yacimientos (en función de ampliar los saldos exportables) y subexplorar con el objetivo de maximizar las utilidades a corto plazo, ocasionando así la extinción del 30%/55% de las reservas entre 1999 y 2010; esta insostenible situación impulsó a que, en 2012, el gobierno argentino dispusiera la expropiación de YPF a Repsol, reestatizando la compañía, que pasó a manos del gobierno central y las provincias.

Otra paradoja es, ciertamente, que el principal país exportador de gas del Cono sur deba, para satisfacer la demanda interna, importar desde Bolivia ese combustible, y adquirir fuel-oil a la petrolera estatal venezolana (PDVSA), de ahí el déficit de la balanza comercial energética (en 2011 casi 3 000 millones de dóla­res) (Barrera, 2013). El saqueo continúa: la concesión de los dos yacimientos más ricos del país (Loma de la Lata y Cerro Dragón), que vencía en 2017, fue prorro­gada hasta 2027 y 2047 a Repsol YPF y Pan American Energy, respectivamente; y desde 2007, las petroleras quedaron exentas de pagar impuestos durante diez años, apropiándose así de 150 millones de dólares (Cacace y Morina, 2008). El sector hidrocarburífero constituye un claro e indiscutible ejemplo de la presencia del orden global y el acontecer jerárquico en el territorio argentino, en clave de acumu­lación por desposesión.

4. Agricultura transgénica: el despojo de la tierra y la biodiversidad

Orden global, acumulación por desposesión y ‘agricultura científica globali­zada' (Santos, 2000) se dan la mano en el período contemporáneo. El énfasis de las grandes empresas transnacionales respecto de los derechos de propiedad intelec­tual, las patentes y licencias de materiales genéticos y el plasma de semillas, la biopiratería, el pillaje del stock mundial de recursos genéticos y la depredación a gran escala de los bienes ambientales globales determina, en numerosos rincones del planeta, la degradación ambiental y la transformación de la naturaleza en mercancía (Harvey, 2004).

La agricultura intensiva, afianzada como único modo de producción, conduce no sólo a la expansión física de la frontera agrícola, sino también a la ‘crono-expan­sión de la frontera agropecuaria' (Silveira, 1999), basada en la acumulación de técnicas e informaciones, la reestructuración de calendarios, la cientifización del trabajo agrícola y la aceptación de las exigencias externas. Esto involucra la concen­tración de la tierra, la integración vertical de la producción, la agricultura contrac­tual, la siembra directa y la biotecnología e ingeniería genética impuesta por labo­ratorios farmacéuticos, semilleras y fabricantes de agro-tóxicos.

Peradas en la última década del siglo XX, algunas reformas estructurales (su­presión de los precios mínimos y máximos, eliminación de los cupos de siembra, cosecha y comercialización, enajenación de la colección de germoplasma del insti­tuto nacional de tecnología agropecuaria (INTA), desmantelamiento de la inmensa mayoría de los entes burocráticos) dejaron librado al sector agropecuario argentino a los vaivenes del mercado mundial. El fenómeno de la concentración de la tierra se agravó: entre 1988 y 2002, desaparecieron 87 688 explotaciones (el 24,5% del total), y aumentó significativamente el número de unidades de más de 500 hectáreas (INDEC, 2005). Obedeciendo al remate bancario de casi 10 millones de hectáreas y a la hipoteca de otros 12 millones (Teubal, 2006), esa reducción fue acompañada por la cesión en arrendamiento, por parte de numerosos pequeños y medianos agricul­tores, de sus propiedades a fondos de inversión y pools de siembra formados por bancos, agroindustrias, compañías de seguros, AFJP'S, firmas de insumos, contra­tistas de maquinaria y grandes productores agropecuarios. La lógica exportadora se instaló en el territorio, que pasó a drenar el 90% de su producción agropecuaria al exterior: capaz de satisfacer las necesidades de una población diez veces mayor a la nacional, Argentina era, en 2003, y según la FAO, el peor caso mundial de correla­ción producción/seguridad alimentaria.

Obedeciendo a los intereses de la industria semillera extranjera (Monsanto, Nidera, Du Pont, Bayer, Novartis, Dow), Argentina se convirtió en el segundo pro­ductor mundial (18 000 000 hs) de Organismos genéticamente Modificados (OGM), después de Estados Unidos (Isaaa, 2007). Solidaridades establecidas entre los agro-tóxicos, la siembra directa y las simientes transgénicas – variedades RR (resis­tentes al herbicida glifosato de amonio) y BT (que permiten al cultivo ‘auto-defen­derse' de ciertas plagas) – implicaron el aumento de las cosechas (duplicando los ciclos agrícolas) y la expansión territorial de la frontera agrícola.

Sabido es que gran parte de este fenómeno se vincula estrechamente con el boom de la soja, cultivo que en la actualidad representa el 54% del área sembrada, el 50% de la producción de granos (MAGYP, 2013) y el 24,4% de las exportaciones nacionales, permitiendo al estado nacional ‘resolver' (vía 35% de retenciones a la exportación) ciertos desequilibrios de la balanza comercial, sostener las cuentas fis­cales y pagar los intereses de la deuda externa. No obstante el auge sojero, los OGM han conquistado también otras producciones de menor importancia relativa (trigo, maíz, arroz, algodón, papa, caña de azúcar, tabaco, etc).

Esa expansión (y cronoexpansión) de la frontera agrícola se basa en el despojo tanto de la tierra cuanto de la biodiversidad. sólo entre 1998 y 2006, Argentina perdió 2 295 567 hs de bosque nativo: la tasa anual de desmonte fue, para el sub-período 1998-2002, del 0,98% – seis veces más elevada que la media mundial, y el doble que el promedio africano –, del 1,93% para el quinquenio 2002-2006, y del 3,21% y 1,41% para los bienios 2006-2007 y 2007-2008, respectivamente (SAYDS, 2007, 2008); y el 92,0% de la superficie deforestada entre 1998 y 2006 correspondía a pro­vincias que concentraban el 65,8% de la superficie sojera nacional (SAYDS, 2007; MAGYP 2013). La tenencia precaria de la tierra y los litigios legales aún irresueltos entre los gobiernos y el instituto nacional de asuntos indígenas (inai) permite a las provincias considerar a esas tierras como fiscales y otorgar permisos de tala a consor­cios agropecuarios como grobocopatel, soros (Adecoagro), Liag, Werthein (Cresud), el tejar, Cazenave, grandes productores, grupos económicos (Pérez Companc, Macri), complejos agroindustriales (Seabord, Ledesma, Aceitera General Deheza) y firmas de desmontes, o bien venderlas a inversores privados; aniquilando una bio­diversidad extremadamente valiosa, los desmontes expulsan de sus dominios ances­trales a los pueblos originarios que, acorralados por las enfermedades (hanta virus, dengue, leishmaniasis), la sed, la inanición y la desnutrición, se asientan en la peri­feria urbana, alimentándose en los basurales (Gómez Lende, 2009).

Otra forma de acumulación por despojo atañe a la desposesión de la tierra a los campesinos, que no cuentan con la tenencia legal de sus lotes, por tratarse de suce­siones, o por hallarse sujetos al régimen de propiedad veinte añal, se otorga la tenen­cia a quienes acrediten haber ocupado o explotado la tierra durante al menos dos décadas. La situación de avasallamiento sufrida por estos agricultores es tal, que recuerda a los cercamientos de la Inglaterra del siglo xix, donde los campesinos no tenían derechos de propiedad en sentido estricto, sino apenas derechos tradicionales (Perelman, 2012). La ofensiva del capital es múltiple: títulos apócrifos de propie­dad; bloqueo al acceso del suministro de agua; sistemas judiciales provinciales que operan atados a los poderes locales; sospechosas ventas ‘voluntarias' de tierras; desalojos violentos, con uso de la fuerza pública; y ‘guardias blancas' que, pagadas por los grandes sojeros, incendian ranchos, matan animales y asesinan campesinos (Giarracca, 2007; Morina y Cacace, 2010; Slutzky, 2011). Sólo en el nordeste, exis­tían 1 700 000 hs en disputa y 98.000 personas que sentían vulnerados sus derechos de tenencia de la tierra (Slutzky, 2011).

Otras consecuencias derivadas de la agricultura transgénica son: el alarmante retroceso de la superficie destinada a producciones tradicionales (arroz, girasol, maíz, trigo, maní, carne, leche, frutales, caña de azúcar, algodón, papa, batata); la drástica caída del empleo rural; el empobrecimiento de los suelos a raíz de la tala, el monocultivo, la siembra directa y los agro-tóxicos; las inundaciones y desliza­mientos; la subordinación/dependencia del agricultor a los paquetes tecnológicos de las transnacionales; el aumento de la resistencia de plagas y malezas respecto de los agroquímicos aplicados; y las graves consecuencias de esos mismos agro-tóxi­cos para el ambiente, como la contaminación de la tierra, el aire y las aguas super­ficiales y subterráneas, la degradación del suelo y la mortandad animal y vegetal.

Los agroquímicos utilizados acarrean, asimismo, nefastas implicancias para la salud, especialmente en el caso de la fumigación aérea y terrestre de los cultivos de soja y tabaco (Rulli, 2009; Domínguez y Sabatino, 2010). Observamos, con Santos (1996a), la tensión entre la producción limitada de racionalidad para los agentes hegemónicos y la producción masiva de irracionalidad para todos los demás; esto ha desencadenado un nutrido mosaico de resistencias locales por parte de comuni­dades campesinas e indígenas, avasalladas por el cercamiento de sus tierras y la contaminación.

5. Minería metalífera: la desposesión del territorio, la energía y el agua

Oro, plata y cobre integran la matriz y espina dorsal del sistema capitalista mun­dial. si el cobre siempre ha sido un insumo vital para el sistema eléctrico, la plata y, sobre todo, el oro, satisfacen el consumo de joyas y alhajas, que absorbe el 75% de la extracción aurífera; sólo el 12% del oro consumido en el planeta es utilizado en apli­caciones industriales, medicinales y de tecnología espacial (Odriozola, 2003), en chips , circuitos impresos y nano-tecnologías (Schiaffini, 2004), siendo gradualmente reemplazado en informática y odontología. Otra función consiste en servir de res­paldo al capital de bancos centrales y organismos financieros internacionales, que almacenan en sus arcas el 23% del oro circulante en el mundo. Otro mineral estraté­gico, el litio, es vital para la industria química y electrónica, del aluminio, vidrio, cerámica y esmaltes, los automóviles eléctricos, y la fabricación de pilas/baterías recargables para teléfonos celulares y computadoras (Cacace et al., 2012).

Sigilosamente, el centro de gravedad a escala mundial de la minería metalífera se ha desplazado hacia la periferia del sistema capitalista; reservas agotadas, baja ley de los minerales, cierre de numerosos yacimientos por graves episodios de contami­nación en Estados Unidos, Canadá y Australia, aumento de la rigurosidad de las legislaciones mineras en sus naciones de origen, y laxos controles laborales y ambientales de los países periféricos, instan a las transnacionales a relocalizarse en África y América Latina, suplantando las tradicionales explotaciones subterráneas por mega-yacimientos a cielo abierto. el estado argentino diseñó, en la década de 1990 y con créditos del Banco Mundial, un andamiaje legal extremadamente favo­rable para los inversores mineros: estabilidad fiscal por 30 años; desgravación total de importaciones; reembolso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y doble deduc­ción de los costos de exploración; regalías provinciales irrisorias, 3% del valor bruto en boca de mina; eliminación de gravámenes y tasas municipales; exención del impuesto al cheque, a los sellos, a los combustibles y a la ganancia mínima presunta; permiso para exportar y remitir utilidades al exterior sin pagar impuestos; y, poste­riormente, exención del iVa (Gómez Lende, 2005; Cacace et al. , 2012; Schiaffini, 2004; Svampa et al., 2009).

Se produjo, pues, un auténtico y vertiginoso boom: entre 1995 y 2005 se desti­naron 4 000 millones de dólares al sector, y entre 2003 y 2007, las inversiones se octuplicaron de 660 millones a 5 600 millones de dólares; el crecimiento acumulado de proyectos era, para 2003-2011, superior al 3,300% (Svampa et al., 2009; Cacace et al., 2012). Los yacimientos descubiertos en su mayoría por los programas de in­vestigación desarrollados por la OnU y el estado nacional durante los años sesenta, y las nuevas minas descubiertas, fueron transferidos a la órbita provincial o expro­piados (pretexto de ‘utilidad pública'), para ser otorgados en concesión por 25 años a la explotación privada a las principales firmas globales del sector.

Si bien en Argentina el número de proyectos mineros es apabullante, los princi­pales yacimientos son: La alumbrera, de Glencore-Xtrata Copper, Northern Orion y Goldcorp; Cerro Vanguardia, de Anglogold-Ashanti y Petrobrás; salar del Hombre Muerto, de FMC Lithium; y Veladero, de Barrick Gold y Homestake Mining (fig. 1), todos operando en inmejorables condiciones de rentabilidad^viii. El tratado de inte­gración Minera con Chile anuló la frontera binacional: independiente de la adminis­tración de ambas naciones por 40 años, una faja de 5 400 km de longitud es objeto de la explotación conjunta del transporte y el agua, engendrando un ‘tercer país' gobernado por Barrick Gold. Surgen así enclaves (incluso en áreas de reserva de Biosfera de la UNESCO) que, vigilados por sistemas militarizados de seguridad, imponen nuevos cercamientos y niegan el tránsito a antiguos pobladores locales.

 

 

Con la desposesión del territorio, llegó también el despojo de la energía y agua. No sólo exigiendo la refuncionalización todo el sistema de transporte, las mineras también demandan faraónicas obras de infraestructura (el electro-ducto de 200 km de La alumbrera) y un ingente consumo energético que, en el caso de la mina citada, representa entre el 87% y el 170% de toda la demanda eléctrica de la provincia en la cual se emplaza (Gómez Lende y Velázquez, 2008; Machado Araoz, 2009). Las mineras utilizan cualquier método para apropiarse de los ingen­tes volúmenes de agua requeridos por el hidratado y el concentrado de los minera­les en regiones áridas o semiáridas: desviar arroyos y ríos para formar lagunas, expoliar los acuíferos subterráneos y apoderarse de grandes reservas de aguas fósi­les son las prácticas más comunes. Sólo La alumbrera consume 1 100 l/s – 95 040 000 l/día –, y Veladero, 1 000 l/s (86 400 000 l/día) (Gómez Lende y Velázquez, 2008)^ix. Las glaciares son puestos en riesgo, el caudal fluvial merma y las napas descienden y, así, incluso en épocas de nevadas o deshielo, el agua escasea; algunas áreas mineras ya atraviesan su octavo año de sequía, y los pobla­dores sufren cortes programados del suministro de agua para riego y consumo animal y humano de hasta siete días de duración.

Sin embargo, las consecuencias de esa brutal forma de acumulación por des­posesión no se acaban en el agua y la energía: el mentado ‘efecto-derrame' pregonado por las mineras y el estado no se concretó, existiendo apenas unos cientos de empleos, en su inmensa mayoría otorgados a trabajadores extra-locales; las condi­ciones de trabajo son peligrosas, precarias e inhumanas^x; indígenas, campesinos y productores agropecuarios se sumen en la ruina por la escasez y contaminación del agua, la pérdida de cultivos y la mortandad del ganado; las detonaciones derruyen y desmoronan viviendas; la explotación por lixiviación con amalgama de cianuro en piletas de concentrado/hidratado (método Merril-Crowe, prohibido en Europa y algunos estados norteamericanos) ya ha contaminado, por filtraciones de diques y/o roturas de mineral-ductos, más de 200 km de ríos; la voladura de cerros polu­ciona aguas superficiales y subterráneas con metales pesados (arsénico), gene­rando drenajes ácidos de roca que perdurarán por siglos; minerales especiales muy requeridos por las industrias extranjeras de punta se exportan clandestinamente; las provincias no cobran el 3% de regalías que les corresponde, sino apenas el 1,5%; y las poblaciones aledañas padecen, a raíz de la contaminación del aire y el suelo, y el envenenamiento del agua potable, un alarmante aumento de los casos de numerosas enfermedades y diversas dolencias (Gómez Lende y Velázquez, 2008; Svampa et al., 2009).

Como se encuentra bien documentado en Svampa et al. (2009), la resistencia a la minería a cielo abierto se propaga, cual reguero de pólvora, por todo el país: la ciudad de Esquel (provincia de Chubut) fue la primera en el mundo donde una comu­nidad local realizó un plebiscito que impidió la realización de un proyecto de extrac­ción de oro y plata; a este caso siguieron los de Famatina (La Rioja) y Ongamira (Córdoba); y en La Rioja, Tucumán, Mendoza, Chubut y río negro, se dictaron leyes que prohibieron que la utilización de insumos esenciales para la actividad, como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. No obstante, la codicia de las mineras, la complicidad estatal y la derogación de algunas de esas leyes auguran un final incierto para este capítulo de acumulación por desposesión en Argentina.

 

IV. CONCLUSIONES

Obediente a las lógicas, intereses e intencionalidades de los agentes que, en este período técnico-científico-informacional, integran el ‘gobierno mundial', el orden global se asocia a la acumulación por desposesión para hacer tabla rasa de la historia pretérita y sus herencias espaciales, valorar (y explotar) el territorio sólo como recurso/mercancía, privatizar el patrimonio público (social, económico y ambiental) y permitir la consecución de los objetivos de los actores hegemónicos. Obligado a disponer de un fondo exterior de activos (un ejército de reserva de luga­res), el capital perfecciona sus antiguos mecanismos y diseña nuevas estrategias predatorias, desplegándolas en Argentina con el beneplácito de un estado cooptado por el neoliberalismo: así, la privatización de empresas públicas es, hoy día, una contribución similar al sistema a la que en el pasado representó el arrebatamiento de los medios de producción del campesino y el artesano; el endeudamiento y los ban­cos continúan siendo, como siempre, palancas fundamentales de la acumulación; la actual modalidad de expansión de la frontera agrícola recuerda a los cercamientos de tierras comunales en la Inglaterra del siglo xix; y el saqueo de los hidrocarburos y los metales teje un hilo conductor con el despojo minero de la época colonial. extractivas y especulativas, esas lógicas son reforzadas por nuevas variables – bio­tecnología e ingeniería genética (la cronoexpansión de la frontera agropecuaria), degradación ambiental – que redundan en un despojo del territorio, el patrimonio histórico y ecológico, los recursos del subsuelo, la tierra fértil, la energía eléctrica y el agua potable. Otrora letárgicas, algunas áreas del país se convierten, fragmen­tariamente, en luminosas y el resto de su tejido socio-territorial, en ‘vaciable' e, incluso, ‘sacrificable'.

 

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Recebido: Abril 2014. Aceite: Setembro 2014.

 

NOTAS

ⁱ Orientado a la búsqueda de las soluciones/ajustes espacio-temporales, el imperialismo estabi­liza el sistema, creando una demanda externa de inversión y/o bienes de consumo que absorbe el exce­dente de capital (Harvey, 2004).

ⁱⁱEntre otros, se destacan el Centro internacional sobre arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, y la Comisión de naciones Unidas para el Dere­cho Mercantil internacional (UNCITRAL).

ⁱⁱⁱEn Europa y estados Unidos, paraísos de la ‘libertad de mercado', los gobiernos suelen interve­nir para evitar la oligopolización del mercado cuando dicho índice supera los 200 puntos (García, 2006).

^ivNótese la participación de los principales bancos extranjeros en energía, hidrocarburos, tele­comunicaciones y transporte. el Citibank (Cei Citicorp), por sólo citar un ejemplo, posee empresas de telefonía fija y celular, internet, Tv por cable/satelital, centrales y distribuidoras de electricidad, extrac­ción, transporte y comercialización de gas y petróleo, siderurgia y servicios.

^v Pan american energy obtiene de Argentina y Brasil el 71,4% de su producción mundial de hidrocarburos. En 2004, Repsol y Petrobras expoliaban de Argentina el 61% y el 40% de su extracción global de gas natural, y en el caso del petróleo, el 73% y el 60% (De Dicco, 2005).

^vi La Ley de Hidrocarburos estipula que las exportaciones sólo están permitidas si no condicio­nan el abastecimiento interno.

^vii Si entre 1989 y 2007 no se hubieran exportado crudo y sub-productos, el nivel de reservas de petróleo sería de 30,3 años (Mansilla, 2007).

^viii La tasa de utilidad del sector minero era, en 2001, del 57%: entre 1996 y 2002, nuestro país otorgó a las mineras la tasa anual de retorno de la inversión más alta del mundo (16%), sólo igualada por Chile. Los reintegros a las exportaciones anulan (e incluso revierten) los costos laborales (salarios) y fiscales (regalías) de las mineras. En el caso de La alumbrera, su tasa de ganancia osciló, en el quinquenio 1998-2002, entre el 68% y el 102% (Gómez Lende y Velázquez, 2008), y en el trienio 2005-2007, entre el 54% y el 70% -la rentabilidad de las minas canadienses de Xtrata era del 10%- (Basualdo y Manzanelli, 2011). Sobre la base de datos presentados por Cacace et al (2012), la tasa de ganancia de Veladero fue, en 2011, del 80,4%.

^ix Según el enfoque del ‘agua virtual', agua consumida en un proceso extractivo/industrial y contenida en el producto final, cada tonelada de concentrado de cobre implica 200.000 litros de agua y 4.250 kV de electricidad (Machado Araoz, 2009).

^x La explotación minera es, en nuestro país, una de las actividades en la que, según la Orga­nización internacional del trabajo (OIT), mayor proporción de trabajadores sufrió accidentes durante el quinquenio 2000-2004.