RESUMEN

En este artículo presento y analizo las expresiones escritas en determinados documentos de una burocracia judicial, que revelan maneras particulares del quehacer institucional y muestran evaluaciones morales y decisiones construidas a partir de y en la interacción entre los agentes judiciales y los casos específicos, mostrando cómo se construyen los informes que integran los expedientes referidos a jóvenes acusados de delitos. Procuro dar cuenta de la construcción de esos registros escritos a partir de mi trabajo de campo desarrollado durante los años 2012 y 2013 en la secretaría tutelar de un juzgado penal de menores, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, observé la traducción de lo oral e interactivo a lo escrito y fijo. Focalizaré mi descripción etnográfica en los valores, representaciones, lenguajes y categorías institucionales que moldean las narrativas de esos informes, abordados como un género literario burocrático que constituye una forma específica de construir culpabilidades o exculpaciones sobre esas personas acusadas de un delito.

Palabras-clave: documentos, justicia, jóvenes, etnografía

ABSTRACT

In this article, I introduce and analyze the written expressions of certain documents from the judicial bureaucracy, which reveal particular ways of the institutional endeavor and portray moral evaluations and decisions constructed on the basis of, and in interaction with, judicial officers, and in specific cases, showing how the reports which constitute the files related to young people charged with criminal offences are constructed. I seek to provide an account of the construction of those written records on the basis of my own field work, carried out during the years 2012 and 2013 at the guardianship secretariat of a juvenile criminal court in the City of Buenos Aires. On that occasion, I examined the translation from the oral and interactive to the written and fixed. I will focus my ethnographic description on the values, representations, language and institutional categories that shape the narratives of those reports, addressed as a bureaucratic literary genre that constitutes a specific way of constructing the culpabilities and acquittals of those people accused a criminal offence.

Keywords: documents, justice, youth, ethnography

En el trabajo de investigación para mi tesis doctoral, en el que se basa este artículo, me he centrado en explorar los modos en que la administración judicial de conflictos relativa a jóvenes acusados de un delito es ejercida.^[1] Para el desarrollo de este trabajo privilegié una relación de interlocución directa con los sujetos del contexto analizado. Eso porque considero que es a través de la interacción entre los agentes judiciales y los destinatarios de las actuaciones judiciales que se van construyendo y produciendo las formas de administración judicial. Partir de esta idea supone entender, tal como lo han propuesto distintos autores (Geertz 1994; Dupret 2006; Tiscornia 2008; Pita 2010; Oliveira 2002; Eilbaum 2012; entre otros), que la administración judicial no se reduce al campo legal y técnico, sino que la aplicación o la no aplicación de ciertos procedimientos jurídicos está atravesada por valoraciones morales y, en palabras de Geertz (1994: 204), por “sensibilidades legales” que unen hechos y leyes en formas particulares de hacer justicia.

En esta línea, mi investigación parte de considerar que el proceso jurídico no es solo un procedimiento lineal y formal. Esto es, no consiste en una aplicación mecánica de lo estipulado en la ley, sino antes bien ese proceso se encuentra informado por valores y sensibilidades, esto es por las moralidades y subjetividades de los agentes que intervienen en el proceso, y es a partir de esa mixtura como son construidas las decisiones judiciales. Ello, como ha sido destacado por otros autores (Villalta 1999; Guemureman 2011), es especialmente notorio en la “justicia de menores”, en la cual, en Argentina, el propio plano normativo, como explicaré más adelante, sugiere que las decisiones jurídicas sean fundadas en las “evaluaciones morales” de los actores.^[2]

En este sentido, considero que detenerse en las interacciones que se producen en el espacio de la secretaría tutelar de un juzgado penal de menores permitirá avanzar en el conocimiento acerca de las formas en que la administración judicial para los jóvenes es dotada de particulares sentidos y valores morales en contextos y casos específicos.^[3]

Las profesionales – denominadas “delegadas inspectoras” – que actúan en el contexto específico de la secretaría tutelar de un juzgado (trabajadoras ­sociales, abogadas, psicólogas y sociólogas) son quienes mantienen un contacto personal y directo con los jóvenes acusados de cometer un delito y sus familias.^[4] Y también son quienes parecen conducir, orientar o modular las formas y versiones con las que los jóvenes (su comportamiento, su personalidad, su trayectoria) son presentados y representados ante las autoridades judiciales. A partir de las entrevistas y de los informes que realizan, estas profesionales construyen versiones de los conflictos tratados, ofreciendo elementos de juicio para los agentes responsables de las decisiones judiciales. Por ello, entre otras cosas, entiendo que los procesos concretos de construcción de culpabilidad o de exculpación están integrados por “pequeños juicios” realizados por diversos agentes a partir de los cuales se consolidan las decisiones judiciales.^[5]

Este artículo ha sido elaborado con el material construido a partir de un continuo y sistemático trabajo de campo realizado entre mediados de 2012 y fines de 2013 en la secretaría tutelar de un juzgado penal de menores en la ciudad de Buenos Aires. Mi acceso a esa oficina fue posible gracias a contactos y vínculos personales, al respaldo institucional de los equipos de la Universidad de Buenos Aires de los que formo parte y a mis recorridos previos como investigadora en el ámbito de la “justicia de menores”.^[6]

En esa oficina, observé el quehacer cotidiano de las delegadas inspectoras, las entrevistas que realizaban a los jóvenes y a sus familias, las conversaciones que mantenían entre ellas, el momento y el modo en que redactaban los informes que dirigían al juez. Mantuve con ellas conversaciones informales, tuve acceso a expedientes y a los informes escritos y, sobre todo, “estuve ahí” observando rutinas, dinámicas de trabajo y acompañando sus opiniones, ponderaciones y comentarios sobre las situaciones vividas (Geertz 1994).

Mi mirada etnográfica se centró en las percepciones y moralidades construidas en las interacciones entre las delegadas, los jóvenes y los familiares y en los modos en que esas interacciones – las evaluaciones que se producen, los sentidos que se crean, las clasificaciones que se ponen en juego – inciden o bien informan las maneras de conducir el trabajo, redactar los informes y tomar las decisiones correspondientes. Entiendo que es sobre las percepciones que estas agentes, en esas interacciones, producen sobre esas personas (sobre sus actitudes, su gestualidad, su corporalidad) que se construyen las categorías a partir de las cuales los jóvenes, y también los conflictos y sus familias, son descritos, presentados, evaluados y “juzgados”. Esas percepciones, a su vez, influyen en la construcción de una determinada versión de lo sucedido y de la vida del joven, e intervienen al momento de la elaboración de los informes que las delegadas inspectoras dirigen al juez.

Como he mencionado antes, el marco normativo que regula los delitos cometidos por personas menores de edad en Argentina establece que, además de evaluarse si el joven estuvo o no implicado en el hecho que se le atribuye, debe evaluarse su comportamiento durante la “observación tutelar”.^[7] Esa instancia de evaluación se desarrolla desde que se inicia la causa penal hasta la mayoría de edad (18 años) y durante este período el joven puede estar privado de su libertad en un centro cerrado o semi-abierto, en algún programa alternativo a la privación de la libertad, o bien en libertad. Las agentes judiciales encargadas de realizar el control del comportamiento de estos jóvenes durante ese período son precisamente las delegadas inspectoras. Como mencioné, ellas elaboran informes que dirigen al juez en los que plasman información acerca de la evolución del joven durante la “observación tutelar”. Los jueces del tribunal oral, al momento de determinar la sanción a aplicar, toman en cuenta las modalidades del hecho, los antecedentes del “menor” y también evalúan cómo se ha comportado el joven durante la “observación tutelar”. En función de esa característica y con esa finalidad, las secretarías tutelares tienen una intervención obligada en todos los casos que llegan a la “justicia de menores”. Si bien los informes que realizan no son vinculantes, es decir, el juez no se encuentra obligado a tomar la decisión o la medida que en ellos es sugerida, lo cierto es que estos están “allí” con su peso formalizado, burocrático, oficial, para ser utilizados y accionados en las decisiones.^[8]

En la cotidianeidad de su tarea, las delegadas inspectoras centralmente realizan entrevistas a los jóvenes acusados de un delito y eventualmente a sus familias, y a partir de ellas elaboran informes que dirigen al juez, que podrá considerarlos o no para tomar su decisión. Estos informes, en los que registran información acerca de la vida y conducta del “menor”, son de tres tipos. El primero se denomina “informe social inicial”; el segundo, de “seguimiento”; y el tercero es el “informe retrospectivo”. Este último es el que presentan en los tribunales orales cuando el joven está por cumplir los 18 años y está a punto de cesar la intervención por alcanzar la “mayoría de edad”.

La información que se recaba en el denominado “informe social inicial” es rica en detalles. Para la realización de este primer informe, las delegadas tienen un formulario que deben completar con los datos de cada chico, datos que abarcan desde la fecha de nacimiento, la situación migratoria, la composición del grupo familiar, su historia institucional ^[9] y posibles antecedentes penales, el nivel educativo, si trabaja o trabajó, las enfermedades que padeció, la situación económica de la familia, las características de su vivienda, las gestiones que ya han sido realizadas y, finalmente, las conclusiones elaboradas por la delegada inspectora, los objetivos y el compromiso de responsabilidades. En la primera entrevista, las delegadas tendrán que recabar la mayor cantidad de datos posible para que el juez pueda decidir el tipo de medida tutelar que adoptará. A partir de las charlas que mantengan con los jóvenes y con sus padres, dotarán de contenido a estas categorías (Villalta 1999).

Las preguntas que he escuchado en la primera entrevista (que las delegadas realizan a los jóvenes) para la elaboración del primer informe, son del siguiente tipo: “¿Dirección? ¿Teléfono? ¿Documento? ¿Qué día naciste? ¿Vas al colegio? ¿Hasta qué año? ¿Cuándo dejaste? ¿Qué hacés vos además del colegio? ¿Hacés algo? ¿Curso de capacitación? ¿Deporte? ¿Sos sano? ¿Tuviste alguna enfermedad importante? ¿Parto normal? ¿Tomás alcohol? ¿Consumís drogas?”

Son preguntas que reflejan, por una parte, un modo formulario (preguntas de rutina, casi automáticas) y, por otra, apuntan a hurgar, a saber, a informarse, a obtener datos que no son solo datos objetivos (edad, domicilio), sino también de modos de vida.

Las madres de los jóvenes, también, son objeto de indagación a través de un tipo de preguntas que apunta a conformar un panorama en el mismo sentido: “¿Sos argentina? ¿Cuántos años tenés? ¿De qué trabajás? ¿Qué estudios tenés? ¿Nombre del papá? ¿Tiene papá? ¿Cuántos años tiene? ¿Es argentino? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el ingreso de tu marido? ¿Están casados? ¿Usted o su marido tienen hijos de solteros o de matrimonios anteriores? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué estudian? ¿En qué trabajan? ¿La vivienda es propia o alquilada? ¿Prestada o tomada? ¿Cómo es la casa? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Tiene todos los servicios?”

Los informes de “seguimiento” son los que las delegadas deben realizar una vez al mes. En ellos plasman información acerca de la “evolución” del joven durante la “observación tutelar”. Recaban información respecto de si está cumpliendo, o no, con las medidas que se le impusieron: si continúa con sus estudios, si trabaja o no, cómo es la relación con los padres, qué conflictos identifican los padres en la relación con sus hijos.

Finalmente, el “informe retrospectivo” es el que deben presentar en los días previos a la realización del juicio en los tribunales orales (para los casos que llegan a esa etapa). En este informe, las delegadas deben sintetizar el resultado de la “observación tutelar”. En función de lo que cotejé, los datos registrados acerca de la “evolución” del joven no difieren en demasía de los consignados en sus anteriores informes. La no reiteración de hechos delictivos, si trabaja o no, si estudia o ha abandonado sus estudios, y, además, la disposición del joven hacia las entrevistas con la delegada inspectora, si concurrió a las entrevistas pautadas, si en ellas se mostraba reticente o colaboraba, son cuestiones que cobran preponderancia en este punto. Como se ha señalado, las sugerencias que las delegadas realizan en sus informes no obligan al juez a tomar la medida aconsejada. A pesar de que la decisión y, por lo tanto, la responsabilidad recae en el juez, los informes son un aspecto central de la actividad de las secretarías tutelares. Por eso, los analizaré más detalladamente en los apartados siguientes.

El rol central de la escritura en los Estados ha sido destacado por distintos y clásicos autores, quienes han dado cuenta de la importancia que las formas de registro y sistematización han asumido en el desarrollo del Estado burocrático moderno (Goody 1990; Weber 1996) cumpliendo un papel fundamental en la estructuración del campo de lo estatal (Bourdieu 1996). Otros, se centraron en los documentos como un instrumento de poder de la burocracia estatal (Da Matta 2002), como un tipo específico de técnica de control y legibilidad por parte del Estado (Scott 1998; Foucault 2006; Peirano 2006; entre otros). También, específicamente en la organización del espacio judicial argentino, se ha dado cuenta del lugar fundamental que la escritura ocupa (Sarrabayrouse Oliveira 1998; Renoldi 2003; Eilbaum 2008) y cómo la escrituración de las versiones desdibuja las interacciones personales de la escena del conflicto judicial (Martínez 2004, 2010; Eilbaum 2008). Por eso la importancia, como vengo sosteniendo, de observar también las interacciones que se suceden en esos espacios.

De igual modo considero, tal como han sostenido Eva Muzzopappa y Carla Villalta (2011), que se pueden abordar los documentos estatales desde una perspectiva antropológica y como un campo de indagación en sí mismos, dado que, si se los sitúa en las dinámicas y lógicas institucionales que les dieron origen, se pueden explorar, a partir de ellos, los sentidos con los que fueron dotados. Entiendo que a partir de los registros documentales se pueden vislumbrar las representaciones y moralidades que están operando (Lugones 2004), en tanto la producción escrita se relaciona con las prácticas y sentidos de quienes la realizan (Barna 2014).

Es decir, procuro prestar atención a los documentos y a los sentidos predominantes en el acto de documentar y abordarlos también como “artefactos” que portan, en su materialidad, diversas modalidades de control administrativo (Martínez 2004, 2010). Como una herramienta, a su vez, de legitimación de prácticas y saberes (Barna 2014) y también como poseedora de diversas capacidades para producir sujetos, afectos, conflictos y modos de sociabilidad institucional (Ferreira y Nadai 2015). De este modo, mi objetivo será entenderlos como piezas-clave de la producción de categorías y procedimientos (Ferreira 2013).

En este trabajo, parto de la perspectiva de que los informes que las delegadas inspectoras realizan no son solo “rastros materiales” (Ferreira 2013). Tampoco indican el mero cumplimiento de sus funciones, aunque al ser el resultado de una de las prácticas que realizan cotidianamente son parte constitutiva de los procesos a través de los cuales los “casos” que llegan a la justicia penal para personas menores de edad son “administrados”, porque es a través de ellos que las delegadas inscriben en documentos oficiales judiciales la versión sobre los jóvenes que circulará por los pasillos y despachos del mundo de la “justicia de menores” (en tanto no sólo llegan al juez, sino también, eventualmente, a la red de instituciones que la conforman). Como veremos, esa versión no es necesariamente la misma que está presente en las interacciones orales y entrevistas, pero a pesar de ello portará un valor de verdad, ya que será la que se fijará en el papel.

Recordemos que cuando los jueces del tribunal oral deben determinar si aplicar o no una sanción y el monto de la misma, se revisan los informes elaborados por las delegadas inspectoras de los juzgados que contiene el expediente.^[10]

Si bien hay quienes sostienen que los jueces no los tienen en consideración para tomar sus decisiones, sino que los utilizan para justificar las decisiones ya tomadas, visión que reafirma el lugar de menor jerarquía que las delegadas tienen en la “justicia de menores”, estos informes, tal como mencioné, son una parte central del trabajo de las delegadas.^[11] Y es por esta razón que, a mi entender, se tornan significativos.

Si prestamos atención a las palabras que se utilizan, las que se destacan y las que se omiten, se puede vislumbrar de qué manera son producidos y principalmente cuáles son los valores que transmiten a través de la imagen que las delegadas deciden inscribir sobre los jóvenes.

La perspectiva de este artículo, más que detenerse en el uso que los informes tienen en el transcurso de la causa (y la decisión) judicial, para lo cual entiendo que el trabajo de campo debería haberse centrado en la secretaría actuaria y haber tenido mayor diálogo con los jueces, parte de la idea de que los informes “hablan” de quienes los producen, en este caso, las delegadas. Sostengo que estos documentos dicen más de sus autores que de aquellos sobre los que se producen, es decir, los jóvenes. Por ello, una mirada sobre los mismos permite conocer las percepciones, representaciones y moralidades implicadas, tanto en las interacciones entre las delegadas y los adolescentes y sus familias, como en las observaciones que las primeras realizan de los contextos sociales de los segundos. En los informes, a diferencia de las entrevistas, esas percepciones se materializan en categorías y registros escritos que hacen que los sentidos y clasificaciones producidos sobre los jóvenes circulen más allá de las paredes de la “oficina” tutelar.

En el siguiente apartado, realizaré una transcripción textual de algunos informes, reproduciendo también los resaltados, dado que estos (mediante el uso de mayúsculas o de comillas) evidencian las cuestiones consideradas más relevantes por parte de sus autoras. En la transcripción, me interesa prestar atención al pasaje de lo oral e interactivo a lo escrito y unilateral que, en el caso de esta etnografía, se materializa en el pasaje de la “entrevista” al “informe”. En este sentido, tengo en cuenta que el registro escrito no es una transcripción literal de las interacciones, sino una traducción parcial de las mismas, en principio incompleta y realizada desde un punto de vista particular y situado.^[12] Por lo tanto, entiendo que es necesario reparar en los modos en que los relatos quedan registrados y observar de qué manera, en ese pasaje de la entrevista al informe, se plasman valores y decisiones. Particularmente, me interesa mostrar cómo las delegadas construyen narrativas para “salvar”, “ayudar”, “punir” o “condenar” a los jóvenes con los que trabajan.

Voy a describir también, a partir de mis notas de campo, las situaciones de elaboración de los informes, ya que me resultaron muy ricas en términos de los comentarios de las profesionales sobre las diversas y personales impresiones y sensaciones que los jóvenes y sus familias les habían causado. Si bien el informe es un objeto construido a través de la técnica de la escritura, en el proceso de producción del mismo confluyen prácticas escritas y no escritas (Martínez 2010). Por ende, los comentarios “extras” también construyen el trabajo de estas delegadas inspectoras en lo que hace a la elaboración de estos documentos.

Marina, una de las delegadas inspectores de la secretaría tutelar del juzgado, redacta el primer informe sobre José Vallejo luego de entrevistar a la madre y a la novia del joven, sin haberlo visto ni conocido aún.^[13] Se trata de un joven acusado de haber participado junto con otras tres personas de un robo con arma a bordo de un auto robado. Durante la entrevista, la madre mostraba cierta empatía con Marina; en cambio su novia, Jimena, embarazada y sospechada de formar parte del “hecho”, resistía las definiciones propuestas por la delegada acerca de José.

En las recomendaciones finales de este informe, Marina escribe: “De acuerdo con lo observado, se sugiere que el chico permanezca institucionalizado”. Y, aunque en su momento me había comentado que la novia le parecía “rara”, y que “para estar con un chico así” tendría que “saber en qué andaba”, en el informe sugiere que le otorguen a Jimena el permiso para visitar a José en el instituto porque “sería un soporte afectivo”.

Quince días después de haber producido ese primer informe, Marina realiza la entrevista con José. Cuando el joven se retira de la oficina, me comunica que redactaría el informe “del sonriente”, así lo caracteriza ella luego de entrevistarlo. Mientras escribe, me comenta que le tendría que agradecer a José por la sinceridad al contestar que “vivía del robo”, por no hacerla escribir “boludeces” como que “trabajaba cortándole el pasto a la viejita de al lado”. El registro de esa entrevista se expone en el informe en los siguientes términos:

La delegada coloca en el informe un lenguaje que no es formal, pero sí determinante en sus afirmaciones e interpretaciones que el joven no está “ni angustiado”, “ni perturbado”, como indicadores negativos de su comportamiento o tratamiento. En ese sentido, vemos que hay presupuestos respecto de cómo esperan que se comporten los jóvenes; el informe contiene afirmaciones relativas a las conductas esperadas que, al parecer, José no está cumpliendo. Ello también parece ser extensivo al comentario relativo a que “vivía del robo”, traducido en el informe como la “autodefinición” de un “Ladrón” (destaco aquí el uso de la mayúscula en el registro escrito).

Aquí es posible percibir una diferencia entre la percepción de la interacción (informal, frente a mí) y el informe escrito (institucional), ya que, si bien a mí me comenta informalmente sobre lo positivo de la sinceridad de José, la ­interpretación que prevalece en el informe es otra. José ha sido sincero en reconocer de qué vivía, pero aun así ha fallado en la demostración correcta de sus sentimientos. Según la interpretación que realiza la delegada, ese reconocimiento no se acompaña de un arrepentimiento y una problematización. Al contrario, la forma en que se ha expresado, la no demostración de angustia, perturbación o preocupación son indicadores de una naturalización de esa situación. Así, en definitiva, el modo en que la delegada juzga los dichos de José deriva en una recomendación de privación de la libertad. Haber tenido un “comportamiento incorrecto” durante la entrevista, no haber utilizado la fórmula esperada, tuvo consecuencias en el informe posterior, reflejando el resultado de la evaluación de Marina.

Durante mi trabajo de campo, observé diversas situaciones referidas a un “disturbio” ocurrido en un colectivo en el que había varías chicas involucradas. Una de estas jóvenes se presentó en el juzgado acompañada por sus padres. Betina, una delegada inspectora, realizó la entrevista que presencié.

Si bien en este relato no me refiero al informe sino a la entrevista, la destaco porque me interesa mostrar que a diferencia de la situación de José Vallejo narrada más arriba, tanto la chica como sus padres tienen, según el concepto de la delegada, un “comportamiento correcto” durante la entrevista, lo que se traducirá en un “informe excelente”. No es solo que la chica vaya a la escuela, sino que la madre insinúa que, al estar en ese momento en el juzgado para ser entrevistada, la joven está faltando a clase. Por otra parte, el padre se desconcierta con la pregunta respecto de la posibilidad de recibir un “plan de ayuda social”, lo que lo ubica como una persona que tiene ingresos suficientes para vivir. Los padres conocen a los amigos de la hija y no los consideran “peligrosos”. En definitiva, en la evaluación que la delegada hace de la familia, no hay nada que “cambiar”.

Por ese mismo hecho presencié otra entrevista que Marina le hizo a otra de las adolescentes que participó del hecho a quien calificó como “patoterita”.^[15] La chica no había tenido la actitud sumisa esperada por ella y había concurrido al juzgado acompañada por su mamá, a quien la delegada percibía como una persona a la que le faltaba firmeza: “Es un flan”, me había dicho.

Siguiendo el mismo caso, Marina debe elaborar el informe tras realizar la entrevista a la joven a quien había clasificado como la “patoterita” y a su madre. Frente a algunas dudas, consulta a Isabel, otra delegada inspectora.

Es interesante pensar cómo estas delegadas traducen sus percepciones sobre las personas en informes escritos. No solo por ser escritos, sino por ser “técnicos”, pareciera que no pueden ser “demasiado” subjetivos o “mandados”. Las valoraciones subjetivas no deben aparecer en los informes que se pretende sean “técnicos” (lo técnico es conceptualizado como lo objetivo, neutral, aséptico, riguroso, que prescinde de valoraciones y que describe sin mediar ningún sesgo personal). En otras palabras, no “todo” se escribe, o no “todo” se escribe de la manera en que se “siente” o “percibe”, sino que existen mediaciones.

Como me explica Alberto, un delegado inspector: “Hay cosas que no se escriben, que se dicen, pero no se escriben”. Al decir de un grupo de trabajadores sociales en un libro en el que reflexionan sobre su intervención en el marco del poder judicial, “No todo ‘hacer’ es factible, conveniente o necesario de ser plasmado en un informe” (Alday, Ramljak de Bratti y Nicolini 2001: 56). En función de ese modo de registro que debe ajustarse a una serie de tecnicismos y formalidades, es curioso notar que, si únicamente leyéramos el informe escrito, nos parecería que se trata de un intercambio muy formal. De ahí la importancia de observar las interacciones, ya que, tanto las entrevistas a las que asistí como las posteriores conversaciones con las delegadas, me mostraron que en el desarrollo de esas interacciones surgían percepciones, impresiones y valoraciones subjetivas que no siempre aparecían en la versión escrita de esa situación (Eilbaum 2008). Es en ese sentido que aquí me interesa destacar estos comentarios paralelos o contextuales al informe, porque entiendo que, si bien pueden parecer sueltos, casuales o incluso íntimos, son importantes para entender los “pequeños juicios” que producen las delegadas y, al mismo tiempo, constatar cómo esos juicios no son necesariamente unánimes entre ellas, tal como un documento escrito y unilateral puede aparentar.

Durante el trabajo de campo, pude observar también el momento en el que las delegadas Norah e Isabel, después de entrevistar a Iván Reynoso, a quien habían clasificado como “el acuchillador”, escribían el informe y hacían comentarios.

En las conclusiones colocan: “El joven pertenece a una familia integrada. Sin problemas de violencia”. Norah le dice a Isabel: “No pongas eso porque no sabemos, acá debe haber un quilombo de base”. Sacan lo de “sin problemas de violencia”. Comentan que quieren poner que el joven minimiza lo ocurrido. Escriben: “Parece no tener mucha conciencia de la gravedad, admitiendo haberse cegado”. Norah, que es abogada, dice: “Desde lo jurídico eso es premeditación y alevosía”. Isabel agrega: “Para mí está loco”. Y además quiere asentar en el informe que el joven relata que el día anterior había sido golpeado. Norah la detiene: “Pará, que por ahí estamos denunciando un delito”.

En el proceso de producción de este informe, se pone de manifiesto cómo “la escritura transforma lo que fue hablado” (Goody 1988: 26). Lo que se escribe no es una estricta transcripción literal y completa de lo que se dijo. Al transformarse en un documento escrito, aquello que fue dicho (o parte de aquello que fue dicho) sufre un proceso de transformación en términos de la traducción del pasaje de lo oral y perceptivo a lo escrito y fijo.

En ese proceso, no solo se cambian o alteran algunas palabras y percepciones por otras, sino que hay también una reducción de aquello que se dice, porque en la entrevista hay más voces. Si bien en las entrevistas la voz predominante es la de las delegadas, los jóvenes y sus familias encuentran un lugar de discurso. Los informes escritos, por el contrario, son de autoría de las delegadas y no dan lugar, en general, al registro de la interacción.^[16]

Esta técnica forma parte de la “redução a termo”,^[17] analizada por Luís Roberto Cardoso de Oliveira. Oliveira (2008: 141) da cuenta de cómo poner el foco en esa dimensión reducida, concisa y simplificada respecto de aquello que fue declarado deja de lado la dimensión de las relaciones entre las personas portadoras de identidades, intereses y sentimientos. En este caso, más que sustraer esa dimensión de los jóvenes, ya que los informes de las delegadas tienen como objetivo “hablar” de la “personalidad” de los mismos, lo que se retira de escena, a través de la escritura, es el sesgo más subjetivo, emotivo, comprometido y “mandado” de las propias delegadas.

En el fragmento presentado advertimos que las delegadas tienen distintos estilos y lenguajes, tal vez influenciados por sus diversas procedencias profesionales. Esos diferentes estilos inciden en las formas de registro de la situación de la entrevista que cada una de ellas propone para el informe (Eilbaum 2008). Así, muestran que aquello que queda fijado en el papel no es necesariamente consensual, unánime y carente de problematización, como el documento escrito parece mostrar (Goody 1988), sino que es el resultado de una negociación de términos, categorías, visiones y valores.

Después de la entrevista a Juan Torremare y a su madre, Marina debe escribir el informe respectivo. Torremare es un joven acusado de haber participado de un robo con arma en una pizzería, clasificado por Marina como “el arrepentido”. La situación de entrevista a la que me refiero sucede cuando Juan, ya fuera del instituto, continúa con el tratamiento en su casa a la espera del juicio oral. Marina, en esa ocasión, les da a él y a su madre una serie de recomendaciones. En el informe escribe lo siguiente:

Nuevamente aparece el tono afirmativo y definitivo en el informe escrito, a través del cual se traducen las dudas, vacilaciones e incertezas que aparecen en el discurso oral de las delegadas. Sin embargo, lo que aquí me interesa mostrar es cómo, a través del informe, la delegada también da testimonio de que está haciendo su trabajo. Por un lado, ella enfatiza con el uso de las comillas que, a pesar de lo dicho, el joven “realmente” no ha ido al psicólogo. Por otro lado, deja constancia de que ha pedido los certificados (“Se agrega […] una copia del certificado del colegio”). Este es otro uso que hacen del informe, en tanto herramienta mediante la cual legitiman su accionar cotidiano (Barna 2014). En ese aspecto, el informe también es un elemento de control del proceder de estas agentes, reflejo de rutinas y cumplimiento de reglas propias de ese ámbito de la administración judicial. Esta particularidad vuelve a relacionarse con el lugar que ocupan las delegadas en la estructura judicial. Es interesante notar que ellas son la cara más visible y directa con la que interactúan los jóvenes, o sea, los destinatarios de esa “justicia”. Y, por otro lado, hacia el interior de ese ámbito, su mayor interacción se da a través de la producción escrita e indirecta de los informes. Así, son ellos los que reflejan, hacia el interior del mundo judicial, las rutinas burocráticas con las que deben cumplir, las cuales no por carecer de espectacularidad, carecen de eficacia (Vianna 2002).

Dos meses y medio después de haber presenciado la entrevista de Marina a Luciano Sasso, un joven acusado de un robo con arma, a quien le habían indicado que fuera a un centro de día donde no había concurrido, me encuentro con otra situación referida a este chico. Cuando entro en la oficina, Marina está escribiendo un informe y me comenta que “acababa de perderme algo”. Me cuenta que habían estado la madre y la hermana de Sasso, que el joven se encontraba en el Roca [instituto penal de menores], que la madre “se había puesto loca” cuando ella le dijo que su hijo se iba a quedar en el instituto y que iba a pasar las fiestas “adentro”. La madre dijo que el hijo se iba a ahorcar, que se sentía cuestionada en la forma de criarlo y Marina le contestó que, si no sacaban “algo positivo” de esa experiencia, su hijo iba a ser un preso de por vida, “que no se trataba solo de castigarlo sino de, entre todos, intentar ayudarlo”. También me contó que le preguntó a la madre de Sasso “cómo pretendía que su hijo quedara libre, si tenía dos robos con arma”, pero que la mujer no escuchaba y que “lo único que le importaba era que saliera”.

Mientras ella escribe el informe, yo miro el expediente de Sasso que está sobre el escritorio. Allí está escrito que “lo habían entregado a su familia”. Le pregunto a Marina qué pasó y ella me explica: “Sí, después del primer hecho, que es un intento de robo con arma a un comercio, se lo dan a la madre, lo mandan a Casa Lucero [el centro de día], no va y comete otro hecho”.

Me muestra el expediente y me explica cómo hacer para darme cuenta de que hay una nueva causa. Es como una carátula doblada. El nuevo hecho es un robo de un auto y tiroteo con la policía, cosa que Marina remarca y me dice: “¡¿No es una boludez?!” Además, me relata indignada que cuando lo entrevistó el chico le dijo: “Y me pasó a buscar mi primo para chorear ¡y no lo podía dejar tirado!” Ante mi curiosidad por toda la situación, cuando termina el informe, a pedido mío lo imprime y me lo da para leer.

En este informe, que resulta de la entrevista con la hermana y la madre de Luciano Sasso, aparece un discurso y una actitud recurrente en los registros de observaciones de otras entrevistas que se enuncia comúnmente con la frase: “Queremos ayudarte”. En este caso, en la evaluación que la delegada realiza sobre las maneras de ser y los modos de vida del joven y de su familia, la madre “no resulta un referente sólido” y buscarán y definirán a la hermana como el “referente familiar, afectivo y de contención”.

Dado que el modo de vida llevado por la hermana es evaluado positivamente por parte de la delegada, se la involucra activamente en el tratamiento de Luciano como responsable del “cambio” necesario que Luciano debe producir. La descripción de la información que la delegada hace (la hermana que vive con su pareja y sus seis hijos, que todos concurren al colegio, que poseen actividades programadas y cumplen sin problemas límites bien marcados) es minuciosa y tiende a establecer patrones de un estilo de vida aceptable para alcanzar una “solución” al “problema” de Luciano, al tiempo que deslegitima y desautoriza otras conductas que no se acomodan, sino que, por el contrario, se oponen a ese patrón.

Ahora bien, lo que interesa mostrar aquí es cómo, a través del informe, la delegada deja constancia de todo lo que ella está haciendo: preparando la red familiar, viendo dónde Luciano puede hacer terapia, de qué puede trabajar, qué deporte puede practicar. Vemos nuevamente cómo el informe opera como un recurso con el que la delegada da cuenta de su accionar y de sus modalidades de intervención, y también de sus limitaciones en esa intervención (“Se trata de un chico cerrado al que nos cuesta abordar en profundidad”, “que no nos vuelva a suceder lo que pasó anteriormente, que le armamos un plan de acción y el chico no hizo nada de lo que se le solicitó y nos decía que sí lo hacía”). El informe tiene una estrategia, una orientación, que refleja un “plan de acción” y, en algún punto, construye el papel de las delegadas.

Luego de las entrevistas que las delegadas Adriana y Marina realizan a Ariel Ramírez y a sus padres, ellas deben escribir el informe. Ariel Ramírez es un joven que estaba a punto de salir de la “residencia educativa” al momento de aquellas entrevistas, y para quien el plan de acción propuesto incluía un tratamiento de rehabilitación por el consumo de droga y una actividad física que no fuera el boxeo, preferentemente.^[18] Las delegadas escriben el siguiente informe:

Conclusiones del informe:

También en este caso las delegadas dejan constancia de su trabajo, no solo de aquello que hicieron o están haciendo, sino de un plan de acción, de su propuesta de lo que es necesario “hacer” – “Continuará asistiendo al colegio. Realizará tratamiento ambulatorio por consumo de marihuana. Se planteará una práctica deportiva que no tiene por qué ser el boxeo” –, como un modo de visualizar su accionar. Ese accionar se plantea como necesario desde el plano institucional por ellas encarnado, ya que el barrio y la situación familiar son vistos como “desfavorables”. Así, con esa evaluación también se deja constancia de que, más allá del plan, los resultados pueden no ser alcanzados: “Se estima un pronóstico incierto”.

A su vez, emergen nociones que son calificaciones morales: el barrio “potenciador de situaciones desfavorables”, en el que los valores están “trastocados”. Estas calificaciones no son específicas de los informes, ya hemos visto que estas formas de evaluación basadas en categorías morales están presentes también en las entrevistas y asimismo ligadas a la caracterización de las personalidades de los jóvenes y también de los padres: “Padre con hábitos laborales pero transgresor en su formación de vínculos de pareja y familia”, “madre sumisa”, y los efectos que, según la delegada, eso puede tener en el joven y sobre todo en la evaluación que se hace de su situación.

Sin embargo, lo que me interesa destacar aquí es la mención de las calificaciones morales en los informes porque, en mi percepción, estos documentos difieren en gran medida de los registros jurídicos y judiciales.

Si bien hay una transformación de lo oral para lo escrito, cambiando categorías, suavizando percepciones, objetivando opiniones, entre otras transmutaciones, los informes de las delegadas guardan un tono coloquial comparado con el tecnicismo jurídico y también personalizado en relación con la impersonalidad de los escritos judiciales.

Tal como hemos analizado en este artículo, es posible apreciar que los informes con su particular lenguaje acaban mostrando el perfil del joven y de sus familiares, definido por las delegadas a partir de la interacción en las entrevistas. Y son las percepciones e interpretaciones de esas interacciones las que constituyen los fundamentos de las acciones e intervenciones que las delegadas van a sugerir en el informe.

Así, las técnicas y estrategias que utilizan y las decisiones que toman se van modificando en función de las interacciones y, fundamentalmente, de las percepciones que construyen sobre la gestualidad y la corporalidad de sus interlocutores. Esas percepciones se explicitan y cristalizan en comentarios que “etiquetan” y clasifican a los jóvenes y a sus familiares según ciertas categorías que toman alguna característica del cuerpo, de la actitud o de los gestos como forma de identificarlos (“arrepentido”, “patoterita”). A través de esas etiquetas y categorías, las delegadas orientan la interacción, su forma de hablar, el espacio mayor o menor que dan a sus interlocutores y, en consecuencia, su plan de trabajo y la credibilidad que dan a las versiones sobre los conflictos tratados y sobre las personas.

Estas clasificaciones envuelven valores morales que más que describir cómo los jóvenes, su entorno, su familia o el conflicto “son”, dicen mucho más sobre cómo “deberían ser”, en la visión de estas agentes, y esos procesos de evaluación moral intervienen de varios modos en la construcción de los informes que serán elevados al juez, quien, finalmente, tomará una decisión judicial.

La descripción que hacen de la información está atravesada por sus teorías, sus nociones de sentido común, sus juicios de valor y también por sus experiencias particulares y los estilos personales de cada una. Por ello resulta sugerente el planteo de Agustín Barna:

Creo que ha quedado demostrado que los informes hablan más sobre los valores que las delegadas portan, sobre las claves de lectura que utilizan para ponderar y clasificar las situaciones sobre las que intervienen, que sobre los jóvenes y sus familias. Parafraseando a María Gabriela Lugones (2004), los trabajadores sociales son autores que en los informes se escriben a sí mismos. Los informes dan cuenta del accionar institucional. No revelan a estas profesionales como individuos singulares, sino que revelan de qué modo en el quehacer institucional se van construyendo determinados valores y matrices de interpretación. Ni son producciones individuales puramente ni son producciones fantasmagóricas de organismos abstractos, sino que en buena medida reflejan sentidos sociales de un determinado contexto y momento histórico. En ese sentido, me parece que también cabe sugerir que, al explicitar sin muchas mediaciones aquello que perciben en los jóvenes, en sus familiares y en los barrios en los que viven, están construyendo y apelando a un sentido común moral con quienes leerán los informes, es decir, con los funcionarios judiciales.

Consideré significativo prestar atención a las tramas de relaciones que están por detrás de la producción de los informes, ya que en ellos asoman cuestiones que tienen que ver con la emotividad, con la gestualidad y con lo dicho durante la situación de la entrevista, aunque no sean una transcripción lineal. Las delegadas escuchan y vuelcan por escrito lo que los jóvenes y sus familiares dijeron. Tales documentos son “la faceta más pública” (Vianna 2002) de ese encuentro entre las instituciones judicial y familiar, pero en ese proceso de producción del informe, que se construye a través de la técnica de la escritura, no todas las cuestiones simbólicas que median en esas escenas quedan plasmadas por escrito – aunque a veces dejan alguna huella (Martínez 2004).

Como explicita Letícia Ferreira para el caso de la producción de documentos relativos a la desaparición de personas: “La producción de esos documentos propicia espacios de toma de posición por parte de los policías que los registran” (2013: 40). Teniendo en cuenta los informes aquí presentados, también podría pensarse que la producción de los mismos propicia espacios de toma de posición por parte de las delegadas. Bajo un formato medianamente formal “comunican moralidades” (Vianna 2002) y convierten juicios de valor en instrumental administrativo (Lugones 2012b). Al explorar esas narrativas hemos visto cómo aparecen apreciaciones, evaluaciones y posiciones tomadas que se materializan en los informes analizados.

Esas narrativas, como explica Adriana Vianna, pueden alcanzar poder de decisión, dado que ese material específico produce la posibilidad de ciertos desenlaces “a partir del peso burocrático que tienen los dichos convertidos en declaraciones y los peritajes de los especialistas” (2010: 23). Por lo tanto, más allá de la incidencia que los informes tengan o no en la decisión que adopten los jueces, lo cierto es que estos tienen consecuencias en las vidas de las personas. Aunque se trate de una práctica que forma parte de la administración rutinaria, no por eso deja de ser efectiva en la construcción de procesos a través de los cuales potencialmente se puede “salvar” o “condenar” a un joven acusado de un delito.

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Receção da versão original | Original version 2015 / 12 / 11
Receção da versão revista | Revised version 2017 / 07 / 17
Aceitação | Accepted 2018 / 04 / 10

[1]             Este texto presenta parte de los resultados de mi tesis de doctorado en Antropología (Graziano 2016). En pos de posibilitar una lectura más fluida, utilizaré el genérico masculino – cuando hable de jóvenes, me referiré también a las jóvenes.

[2]             Véase el régimen de administración judicial previsto para los jóvenes de entre 16 a 18 años (Régimen Penal de la Minoridad, Ley 22.278), normativa sancionada en el año 1980 y en vigencia hasta hoy a pesar de las numerosas críticas y de los diversos proyectos legislativos que existen para su modificación.

[3]             Además de la secretaría tutelar, los juzgados de menores tienen dos secretarías actuarias encargadas de realizar la investigación de la causa y de producir la prueba que se utiliza para determinar si hay indicios de culpabilidad penal o no, del joven acusado de un delito.

[4]             A lo largo de todo el texto utilizo el plural femenino “delegadas” con la intención de recordar que, aun habiendo algunos delegados inspectores varones, la gran mayoría son mujeres – aunque ello no sea un requisito, sino una particularidad del campo.

[5]             Utilizo la categoría de “pequeños juicios” en contraste con la de “los juicios” donde se escenifica, a través de la máxima autoridad de los jueces de un tribunal, el juzgamiento sobre los jóvenes. Considero, en tal sentido, que ese momento de desenlace es el resultado de un proceso de juicios intermedios realizados por diversos agentes. María Gabriela Lugones (2012a) ha denominado con la categoría “pequeñas juezas” a las empleadas que “llevan las causas” en los tribunales de menores en lo prevencional y civil de Córdoba, Argentina. La autora analiza las diferentes técnicas de gestión que las “pequeñas juezas” llevan a cabo cotidianamente y cómo, al hacerlo, recrean “minoridades”. La noción de pequeños juicios también puede remitir al lector a “pequeñas causas”, aquellas causas consideradas de poca complejidad que se tramitan en los juzgados especiales de Brasil, analizadas, entre otros, por Luís Roberto Cardoso de Oliveira (2004). Quiero resaltar por ello que propongo una nueva categoría con la intención de marcar que el énfasis de esta investigación no está en la forma en que son clasificados y representados los conflictos (“pequeñas causas”) ni, exclusivamente, en las figuras de los agentes institucionales responsables por la toma de decisiones (“pequeñas juezas”), sino que busco enfatizar los procesos de evaluación moral que se producen en la interacción entre los jóvenes y las profesionales.

[6]             Me refiero al equipo de investigación enmarcado en el Programa de Antropología Política y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Mi “inmersión etnográfica” (Emerson, Frettz y Shaw 1995) comenzó en el año 2008 cuando realicé trabajo de campo en los tribunales orales de menores localizados en la ciudad de Buenos Aires.

[7]             La ley habla de “tratamiento tutelar”, pero dado que estamos asistiendo a un proceso de transformaciones, a lo que se denomina un “cambio de paradigmas”, algunos actores del campo, sobre todo delegadas inspectoras de otros juzgados en los que no realicé trabajo de campo específicamente, sino que mantuve con ellas entrevistas y conversaciones informales, no están de acuerdo con esta expresión y prefieren hablar de “observación tutelar”. Decidí utilizar esta expresión, más adaptada a estas nuevas perspectivas, para insertar en un contexto mayor, qué es lo que se está discutiendo.

[8]             No es el foco ni el interés de este trabajo conocer en qué medida ese informe es o no es acatado por los jueces.

[9]             Se refiere a si el joven ha tenido algún tránsito por institutos penales, “residencias socioeducativas”, hogares u otros programas dependientes de organismos estatales.

[10]           En algunos casos, el expediente también cuenta con informes elaborados por otros profesionales que han intervenido con el joven durante el proceso penal, como, por ejemplo, de programas alternativos a la privación de libertad, de centros de regímenes cerrados, de residencias educativas, entre otros.

[11]           El fuero de menores tiene dentro de la estructura judicial una identidad considerada “menor” en prestigio y distinción (Villalta 1999) y, a su vez, las delegadas inspectoras poseen una baja jerarquía en el mundo judicial, ya que no solo su posición no es vista en esa estructura como un lugar de prestigio, por ser clasificado como “no jurídico”, “social”, sino tampoco de decisión, dado que sus informes no son “vinculantes”.

[12]           Tal como plantea Lucía Eilbaum (2008: 121), el discurso depende del contexto de su enunciación y esa contextualización del discurso se deriva de una contextualización de la propia persona. Además, como enfatiza Jack Goody (1988: 26), la escritura no es, ni el simple reflejo del habla, ni la simple transcripción y fijación en el papel de la palabra oral, sino que la escritura transforma lo que fue hablado, así como las formas orales transforman lo escrito.

[13]           Todos los nombres de las personas citadas en este artículo fueron sustituidos por otros para preservar su identidad.

[14]           Los informes siempre se iniciaban con el nombre del joven, el número de expediente y el nombre de la o las delegadas que seguían el caso; esa información constaba como “Referencia”, en el margen superior izquierdo. Más abajo y alineado a la derecha, el lugar y la fecha, como en cualquier nota formal. Luego, otra vez sobre el margen izquierdo, el nombre del juez o de la jueza (a quien se dirigía siempre el informe), el número de juzgado o de tribunal, y la frase: “cumplo en informar (o ‘se cumple en informar’) a V. S. [Vuestra Señoría]”.

[15]           Que manifiesta una conducta agresiva y provocativa hacia los demás.

[16]           Esta característica ya ha sido notada para otros ámbitos judiciales, donde, por ejemplo, no se registran las preguntas realizadas por los funcionarios judiciales, sino que se registra como si la persona hubiera relatado los hechos de forma continua, sin interrupciones u orientaciones (Eilbaum 2008, 2012).

[17]           En Brasil, sobre todo en el ámbito judicial, se utiliza la expresión “redução a termo” para denominar esa transformación de lo que fue dicho en un documento escrito, no siendo nunca un proceso literal. El término refiere a la transcripción realizada por los escribientes de las declaraciones de acusados o testigos, o bien a la forma cómo el juez dicta al escribiente (Oliveira 2008).

[18]           “Residencia educativa” en el instituto de seguridad de régimen semi-cerrado para jóvenes con causas penales, dependiente del organismo técnico administrativo nacional destinado a la niñez, la adolescencia y la familia.