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En el centro histórico de la Ciudad de México, muchos comercios establecidos utilizan la estrategia del “comercio desdoblado” al instalar puestos de venta en las calles del mismo sector, los cuales funcionan como sucursales en donde se realizan ventas que no se registran en la contabilidad del negocio. Para ello, reclutan a empleados que trabajan por horas, sin contrato, al igual que lo hacen miles de comerciantes informales en la misma área urbana. Muchas de las mercancías que ahí se venden son producidas en el extranjero y en México a través de cadenas de producción y distribución que combinan prácticas económicas formales e informales que incluyen la participación de grandes corporaciones, maquiladoras y talleres clandestinos.1 Muchas de esas mercancías ingresan sin ser declaradas en aduanas portuarias y fronterizas, en los mismos contenedores en que ingresan mercancías importadas legalmente. Estas mercancías son vendidas, siguiendo el caso de la Ciudad de México, por vendedores ambulantes que deben pagar “cuotas” a los policías que vigilan que la prohibición de la venta ambulante se cumpla. Con esas cuotas, estos policías que laboran formalmente para el gobierno local compensan en algún grado sus raquíticos salarios y garantizan su permanencia en el cuerpo policiaco al entregar parte de las cuotas a sus jefes inmediatos.
El ejemplo del párrafo anterior es uno entre miles que pueden ser citados en relación con otros países de Latinoamérica y otras latitudes 2 para hacer referencia a prácticas tradicionalmente concebidas o catalogadas, tanto por académicos como por funcionarios y el común de la gente, como informales, ilegales, y corruptas. Incluso, algunas de ellas son también señaladas como criminales, sobre todo en el marco del control que organizaciones dedicadas al tráfico de mercancías prohibidas hacen de territorios, rutas, cruces fronterizos (Rivelois 2018) y en general del flujo global de mercancías (Ribeiro 2012: 45).
Al señalarlas con esos términos se acusa a quienes participan en dichas prácticas y se enarbola la “ficción moral” (Peraldi 2001) de un Estado y un mercado que determinan de manera incuestionable la forma correcta y buena de vivir. A consecuencia de lo anterior todas las prácticas que desafían esa “ficción”, son susceptibles de ser condenables e ilegalizadas (Foucault 2009; Telles 2010) con la ayuda de dispositivos legales y discursos socio-morales.
Diversos analistas sociales (Portes y Sassen-Koob 1987; Lautier 2004 [1994]) critican desde hace décadas la separación conceptual entre formal e informal. Incluso esta revista (Etnográfica) publicó ya un dossier dedicado a este debate.3 El concepto mismo de “sector informal” fue criticado desde muy pronto por considerar que analíticamente es inadecuado. Breman (1976) argumenta que cualquier intento de demarcar el sector informal dará lugar a numerosas inconsistencias y dificultades. Además, al interpretar la relación del sector informal con el sector formal en un marco dualista, y al enfocar las características mutuamente excluyentes, se pierde de vista la unidad y la totalidad del sistema productivo. Para Breman, en lugar de dividir el mercado de trabajo en dos segmentos, es preferible enfatizar la naturaleza fragmentada de todo el mercado laboral.
Esas actividades económicas no registradas, subterráneas o clandestinas, varias de las cuales se abordan en este dossier,4 han tenido una fuerte expansión desde las últimas décadas del siglo XX por un conjunto de factores demográficos, sociales, económicos, políticos y tecnológicos entrelazados con la globalización.
Existen al menos tres factores que a través de la acción del Estado refuerzan la expansión de esas actividades informales o precarias. El primero puede ser por defecto o debilidad del Estado y sus instituciones, cuando no tienen la capacidad de controlarlas. El segundo es por exceso de Estado, cuando la cantidad de reglamentaciones y el burocratismo para la realización de los trámites desalientan el registro de los pequeños negocios; en este caso, según la idea de Hernando de Soto, “el costo de la ley es muy alto para los pobres” (de Soto 1987; deSoto et al. 1988).5 El tercero es por la tolerancia del Estado, que a falta de oportunidades laborales y de protección social, redistribuye por medio de la permisividad a cambio de apoyo político (Lautier 2004 [1994]; Alba Vega y Braig 2022; Holland 2017). La tolerancia es el eje clave de la relación política, de la regulación, de la negociación y de la redistribución.
Pero la tolerancia no significa la ausencia total de la ley; la ley juega un rol, aunque se viole. Es un punto de referencia que influye en la fijación del salario, en el costo de la corrupción o en el monto de la extorsión o la “mordida”. Se trata de la conformación de un mercado de mercancías políticas (Misse 2018), constituido por actividades ilegales o ilícitas tales como la extorsión o la compra-venta de protección, en donde el intercambio de estas actividades es regulado por medios alternativos a aquellos del mercado económico, pues sus precios y costos tienen que ver más bien con cuestiones políticas, de tal manera que los cálculos, más que estar dominados por la idea de las ganancias económicas, se basan en “evaluaciones estratégicas de poder” (Misse 2018: 191) que suceden en una economía moral que define la manera de estar en las relaciones políticas en las cuales los sujetos están implicados.
Tal y como se muestra en varios artículos de este dossier, la economía popular contiene actividades criminales que generan empleos, hacen circular dinero y pueden engendrar un dinamismo económico no solo en los niveles locales y regionales, sino también en el nacional e internacional. Hay que reconocer que algunos segmentos de las capas pobres de la población, generalmente jóvenes, obtienen sus ingresos de actividades ligadas al crimen, desde el robo a pequeña o gran escala, hasta el tráfico de drogas, armas y seres humanos (Rivelois 2018: 61-71).
La droga es una fuente importante de ingresos por los empleos directos que genera en el cultivo y refinado, o en la producción, distribución, transporte, supervisión y vigilancia, así como por la capacidad de corromper y por los empleos indirectos que induce a través de la redistribución de la renta. El dinero de la droga se recicla en negocios reales y fantasmas en una amplia variedad de actividades económicas, incluso en obras sociales y de beneficencia para comunidades empobrecidas, iglesias y pequeños negocios que se alimentan con dinero del narco.
La globalización hegemónica no tiene el monopolio de la legalidad, ni la globalización desde abajo detenta el de la ilegalidad. Grandes empresas se desplazan a países del sur global o subcontratan procesos productivos en esos países para evadir leyes que protegen a los trabajadores o al medio ambiente en los países avanzados (Salama 2014).
Una dificultad para distinguir lo legal de lo ilegal deriva de que, por una parte, el mundo está conformado por Estados-nación con diversos niveles de desarrollo en los que los ciudadanos no tienen los mismos derechos. Por la otra, la globalización no se desarrolla a la misma velocidad en todos esos Estados-nación y, sin embargo, el contacto es cada vez más cercano entre ellos. Así, lo que se considera como legal en un caso, aparece como ilegal en otro. En los países en los que el Estado no tiene la capacidad de brindar la seguridad y los servicios básicos a su población, ni de establecer un Estado de derecho generalizado a causa de su propia corrupción, impunidad y carencia de legitimidad, la población no se siente reconocida y no acepta que una actividad pueda ser ilegítima solo porque el Estado la prohíbe. A falta de ese Estado garante de orden, seguridad y bienestar, la economía popular lo reemplaza a través de ciertas regulaciones informales, no escritas, que todo el mundo conoce o debe conocer y respetar. Esta regulación informal se manifiesta a través de normas, signos, símbolos y acuerdos que necesitan ser reconocidos para distinguir entre lo que se puede y no se puede hacer en ciertos lugares. Eso supone formas de organización desde abajo que son muy complejas y que en ciertos lugares llegan a sustituir parcialmente al Estado, incapaz de ejercer el control, ni siquiera con el supuesto monopolio de la violencia legítima. A través de esta política informal los actores de la economía popular defienden sus intereses y participan en el mantenimiento del orden y la gobernanza. Pero también puede surgir la competencia económica y política entre actores y organizaciones informales, ilegales e ilícitas, lo que desemboca en violencia.
Por otra parte, la falta de regulación del Estado en los intercambios personales y entre grupos sociales en la economía informal facilita el incumplimiento de acuerdos básicos entre esos actores y posibilita la emergencia del fraude. Este problema ha sido destacado por Portes y Haller (2004). ¿Quién controla que ciertos productos alimenticios o para la salud no sean adulterados y dañinos? ¿Cómo se respetan los acuerdos sin documentos entre actores que participan en actividades ilícitas? ¿Quién hace cumplir las promesas de pagar determinado salario que ciertos contratistas hacen a los migrantes indocumentados en búsqueda de empleo en los países del norte? ¿Qué pueden hacer esos migrantes para resarcirse, si no tienen contrato ni documentos en regla? Para Portes y Haller la distinción entre las prácticas que realizan las empresas ilegales y las informales depende de la forma en que se hacen cumplir los acuerdos. Quienes proveen bienes y servicios ilícitos se respaldan en acuerdos obligatorios que hacen cumplir con el empleo de la fuerza, y llegado el caso, de la violencia, sin la intervención de las instituciones del Estado. Hay un punto de confluencia entre la economía legal y la ilegal: ambas poseen sistemas preestablecidos de resarcimiento y fiscalización. En la economía ilegal son los sicarios, los matones o los proxenetas; en la legal, la policía, el ministerio público, los tribunales o instituciones de protección a los productores o consumidores. En medio están las actividades de la economía “informal” y precaria, que no disponen de estos sistemas de coerción. ¿Qué pueden hacer las personas que trabajan por su cuenta en los espacios públicos ante el incumplimiento de un acuerdo?
En el caso de que forme parte de una organización o sindicato, la persona ofendida puede recurrir al líder, quien dispone de diversos recursos de presión moral y física para hacer cumplir el acuerdo. Si este camino no funciona, le queda la amenaza y la venganza personal para resarcir el daño. Como lo advierten Portes y Haller, los actores de la economía popular informal, mientras más se acercan en su operación al “verdadero mercado”, más dependen de sus lazos sociales para su funcionamiento. Si la justicia que reclaman no pueden conseguirla por los medios de coerción del Estado ni de las organizaciones sociales, sean o no criminales, recurren a las redes sociales, a la confianza mutua que resulta de la pertenencia al mismo grupo, el cual puede presionar a través de la expulsión o de acciones contra la reputación de quien violó el acuerdo, lo que tendría repercusiones en sus transacciones futuras.
En síntesis, en la economía popular o informal las transacciones son controladas socialmente más que por vía institucional, por más que se trate actividades que suceden en el marco de empresas u oficinas establecidas formalmente (como lo evidencia el artículo de Sánchez en este dossier). Cuando se trata de transgresiones a los acuerdos en contextos de competencia por recursos escasos, estas tienden a ocurrir, como lo han señalado Ostrom y sus colaboradores, en cualquiera de las siguientes situaciones: cuando los actores no se conocen, no tienen una base de confianza y reciprocidad, no pueden comunicarse entre sí, no tienen reglas establecidas y carecen de mecanismos eficaces de monitoreo y sanciones (Poteete y Elinor 2010: 405-406, citado en Valdivia 2016).
En los espacios donde la economía popular cohabita con la criminalidad (como se muestra en el texto de Feltrán y Maldonado en este dossier), la existencia de las actividades informales y criminales depende del grado en que se logren controlar internamente las irregularidades de sus miembros y de la capacidad de evitar la detección de sus actividades. En esas circunstancias se imponen el sigilo y la clandestinidad. La supervivencia de esa economía popular depende de la discreción; el secreto se impone como ley del silencio (Cunha 2007). Los testigos o los incriminados prefieren guardar silencio y no cooperar con las autoridades, aunque hayan sido víctimas, ni recibir ayuda de ellas por miedo a las represalias o para proteger a otros culpables.
La legalidad y la ilegalidad se pueden interpretar desde diversos puntos de vista. Las importaciones de muchos productos nuevos y usados, como ropa, teléfonos, bolsos, lentes, zapatos, que llegan de algunos países desarrollados y cada vez más de China a países en desarrollo sin pagar impuestos, son ilegales porque transgreden las reglas de la autoridad política formal de ciertos países, pero son “aceptables” y “lícitas” para los pequeños comerciantes, quienes consideran que tienen derecho a consumirlos o a ganarse la vida vendiéndolos (Milgram 2015; Gauthier 2015; Pliez 2015; Mathews 2011; Sandoval Hernández, en prensa). Los productos copiados o de imitación sin los permisos correspondientes no preocupan ni representan un problema moral para los compradores de DVD, videojuegos, softwares o música de muchos países latinoamericanos. Se ha mostrado que la piratería de medios culturales, sean música, películas o software, prospera con base en los altos precios de los productos de medios culturales, los bajos ingresos de la población que los consume y el bajo costo de las tecnologías digitales (Karaganis 2012: 1-79).
A la exitosa globalización de la cultura de medios culturales no ha correspondido una democratización del acceso a esos medios, por lo menos en sus formas legales. De ahí que el Estado, según ciertas perspectivas, no es la única autoridad que decide si tal o cual tipo de comercio es legal o ilegal. Habría que distinguir entre lo que los Estados consideran legítimo (legal) y lo que las personas que participan en ese comercio transnacional personalizado - y quienes consumen los productos - consideran que es legítimo (lícito). El argumento central es que “existe una diferencia cualitativa de escala y propósito entre las actividades de las bandas y las redes transnacionales del crimen organizado y quienes realizan actividades a escala micro que, aunque suelen ser ilegales en un sentido formal, no son impulsadas por una lógica estructural de una organización ni por un propósito unificado” (Abraham y Van Schendel 2005). Al respecto de todo esto, el artículo de Perelman, presentado en este dossier, es un buen ejemplo de ello.
Es necesario desarrollar de modo distinto los marcos teóricos y metodológicos para entender qué es, bajo qué formas funciona, qué alcance tiene, y qué significa la ilegalidad transnacional. Además, existen muchos obstáculos para el estudio de la criminalidad transnacional: (a) los incentivos que los grandes actores ofrecen: las recompensas y regalos para encubrir, así como las amenazas, los castigos y los peligros reales a los que se exponen quienes quieren develar sus secretos; (b) la división y fraccionamiento del conocimiento que se genera a partir de las diversas ciencias sociales o de las especializaciones por temas (drogas, tráfico, lavado de dinero, contrabando, piratería); (c) muchas de las actividades ilegales están asociadas con lo que el Estado considera la “seguridad nacional” y por lo tanto mucha información se mantiene en secreto por los especialistas de las organizaciones de inteligencia debido, además, a la forma también ilegal de obtener la información a través de la fuerza y la coerción; (d) sin embargo, el obstáculo más importante que interviene para la comprensión de los fenómenos ilícitos transnacionales, según Abraham y Van Schendel (2005), deriva de la dificultad de los investigadores de pensar desde afuera de como los capta conceptual y materialmente el Estado moderno.
La población que se dedica a actividades informales y precarias, como lo argumentan Breman y Van der Linden (2014), no cabe en la conceptualización de la relación laboral estándar de la clase trabajadora, del modelo de negociación colectiva y del sindicalismo. Ese modelo de relación laboral ha sido socavado por la propagación en las economías emergentes, donde ni siquiera se había establecido plenamente, y aún en los países desarrollados, por nuevas formas de informalización del trabajo. El estándar o la norma en el capitalismo global, como se muestra en los textos que aquí se ofrecen, es la inseguridad, la informalidad o la precariedad.
Otro ejemplo que no se ha abordado en el dossier, pero que está en fuerte expansión, es la tendencia hacia el trabajo en plataformas, que se perfila como un nuevo modelo económico que cambia el estatuto del empleo, la organización del trabajo y las responsabilidades en su ejercicio. Abdelnour y Bernard (2018) lo llaman “capitalismo de plataformas” para acentuar la creación de valor y la forma en que se distribuye de manera inequitativa entre las plataformas (con sus algoritmos, sitios y aplicaciones) y los trabajadores. Este sistema en que las empresas juegan el papel de intermediarias entre clientes y prestatarios de servicios, entre oferentes y demandantes de trabajo, tiene una característica fundamental: quienes ofrecen el trabajo no son asalariados. Pueden poseer los instrumentos y la fuerza de trabajo (motos, bicicletas, autos) que venden en calidad de independientes a los consumidores o a un intermediario. Por sus características de trabajo híbrido (Dupuy y Larré 1998), asumen los riesgos ligados a su actividad (inversión, clientela, accidentes) y al mismo tiempo son poco autónomos en la organización de su trabajo (proceso evaluado, precios fijados por la plataforma, control por ésta y por los consumidores). Más bien aparecen formas renovadas de sujeción de los/as trabajadores/as que los ponen en operación fuera de las regulaciones y del derecho del trabajo.
Estas transformaciones del trabajo tienen que ver desde luego con las innovaciones en las tecnologías digitales que permiten el teletrabajo y el intercambio de bienes y servicios en línea, pero también con las decisiones políticas que debilitan a los trabajadores asalariados y toleran, cuando no promueven, este tipo de trabajo “independiente”, inestable y precario. Eso nos lleva a preguntarnos si en efecto se trata de una innovación futurista o más bien de un regreso a formas arcaicas protocapitalistas de organización del trabajo, encubiertas bajo un aparato tecnológico.
A estos problemas de precarización relacionados con cierto uso de las nuevas tecnologías, se añade ahora el impacto global de la pandemia provocada por el Covid-19, que ha tenido consecuencias previsiblemente muy severas sobre las personas de la economía popular. Tal como lo demuestra Serna Luna en su artículo en este dossier, la pandemia significó un incremento en la criminalización de las actividades de los informales, así como un aumento en su ya de por sí condición vulnerable (particularmente de salud y de seguridad). Otros trabajos recientes (Perelman y Pires 2021) también han reflexionado sobre los impactos diferenciados de la pandemia en los sectores sociales, y particularmente en aquellos que llevan a cabo actividades consideradas entre los márgenes entre lo legal y lo ilegal, entre lo formal y lo informal. Para estos sectores, la pandemia no ha significado sólo un aumento en sus vulnerabilidades, sino en las posibilidades y en los tipos de negociaciones que cotidianamente hacen con agentes del Estado y en las cuales fundan buena parte de su éxito o fracaso comercial.
En el marco de la pandemia, quienes se dedican a actividades informales han sido de las personas más afectadas por la pandemia porque no tienen ningún sistema de protección social y porque en general viven de lo que obtienen por su trabajo cada día. Además, no contaron con ahorros suficientes para resistir al confinamiento por mucho tiempo. Probablemente ha habido mayor incidencia de enfermos y de decesos entre estas personas que entre las que trabajan en la economía registrada, donde existen mayores recursos y medidas preventivas ante el contagio.
Asimismo, por la pandemia muchas personas fueron despedidas de sus trabajos y algunas de ellas se convirtieron en competencia de las personas vendedoras en la economía popular. Por otra parte, a causa de la pandemia, las personas de la economía popular perdieron gran parte de su mercado, ya fuera porque sus clientes dejaron de consumir alimentos y otras mercancías en la calle, o porque las fuentes de suministro de los vendedores fueron suspendidas, como fue el caso de quienes reciben mercancías de los grandes mercados de Asia, que suspendieron por un tiempo sus exportaciones, excepto las vinculadas con los productos para la salud.
Dentro de este sector quienes más han perdido empleos son las mujeres, los jóvenes y las personas discapacitadas de ambos sexos. Esta pandemia puso al descubierto la precariedad y vulnerabilidad de las personas que trabajan en la economía popular o informal y la urgencia de que el Estado establezca como una de sus prioridades de política pública para enfrentar los efectos negativos.
Contenido del dossier
Los artículos que componen este dossier se interesan en la continuidad (Heyman y Smart 1999), la articulación y transitividad (Misse 2010) de prácticas que tradicionalmente fueron consideradas por algunos analistas como sectores que funcionan de manera separada y hasta contrapuesta: formal vs. informal, legal vs. ilegal.
Lejos de reproducir perspectivas normativas, sectoriales y deductivas, los artículos que componen este dossier se interesan en el continuum, en la articulación, en la transitividad entre formal e informal, legal e ilegal, y en la tensión inherente a ello y expresada en el conflicto urbano (Feltrán 2014), en ilegalismos, órdenes sociales y regímenes morales diversos (Beraldo 2021) que se encuentran detrás de las prácticas que muchas poblaciones locales realizan cotidianamente y que fluyen entre lo legal y lo ilegal, entre lo formal y lo informal. Al interesarse en esas tensiones, a través de casos relacionados con la venta ambulante en Ciudad de México y Buenos Aires, el robo de autos en São Paulo y los mercados financieros informales de Buenos Aires, los autores dirigen la mirada hacia las valoraciones, los lazos sociales, los conocimientos utilizados, los espacios construidos, los códigos establecidos, las perspectivas, y hasta las elaboraciones estéticas implicadas en la reproducción de prácticas entre lo legal y lo ilegal, entre lo formal y lo informal; dejan de señalar, acusar y condenar a los actores desde una perspectiva deductiva, normativa y estadocéntrica, para abrir la baraja de posibilidades analíticas resultante de una mirada inductiva dispuesta a otras formas y regímenes de valoración, organización, de relación y normalización.
A manera de contexto sobre nuestro interés por impulsar este dossier en la revista Etnográfica, vale la pena subrayar que se suma al esfuerzo que varios científicos sociales, antropólogos, sociólogos, politólogos de América Latina (Biondi 2018; Hirata y Grillo 2017; Renoldi, Álvarez y Maldonado Aranda 2017; Telles 2013; Rabossi 2011; Maldonado 2010) han venido haciendo para promover una perspectiva que denominamos “entre lo legal y lo ilegal”, la cual se centra en el reconocimiento de que lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, se hacen mutuamente con la participación de agentes que se encuentran en diferentes posiciones jurídicas, de clase, de poder y, en fin, que comparten lazos sociales, criterios morales, conocimientos, perspectivas y sentidos, y lo hacen como en una red que no es limitada por las fronteras establecidas por leyes (Portes y Haller 2004), contratos escritos o discursos hegemónicos y moralizantes sobre lo que supuestamente es bueno y es malo para todos.
Como parte del trabajo que han realizado para difundir la perspectiva “entre lo legal y lo ilegal”, algunos de los autores de este dossier participaron en él, llevado a cabo en Monterrey, México, en noviembre de 2019. Lo hicieron junto a colegas que discurrieron sobre temas relacionados con tráficos, violencias urbanas, contrabandos, cárceles, sujeción criminal, entre otros. La publicación de este dossier es un esfuerzo por difundir la perspectiva con la cual los autores de los artículos, y quienes estas líneas escriben, nos sentimos comprometidos.
Es en el marco de todo lo anteriormente dicho que nos permitimos presentar los trabajos que componen este dossier.
El primer artículo, escrito por Erick Serna Luna, utiliza como caso de estudio el de los “comerciantes populares” conocidos como vagoneros en el sistema de transporte metro, de la Ciudad de México. La actividad comercial de los vagoneros consiste en vender mercancías diversas, normalmente susceptibles de ser cargadas en una mochila, y sucede en medio de contradicciones jurídicas que, por un lado, limitan y prohíben la venta y las actividades comerciales en el espacio público, y por otro la reconocen como un derecho humano. A esa contradicción jurídica se suma lo que Serna Luna llama un “trasfondo moral estigmatizante” que se articula con la “criminalización jurídica” impulsada por la ley, la cual se abalanza sobre el comercio popular ejercido, casi por definición, en la vía pública. El resultado de todo esto es el espacio social del metro, el cual se constituye por las relaciones contradictorias establecidas entre las prohibiciones al comercio y los derechos de los vendedores, y se objetiva en las “negociaciones” que llevan a cabo los comerciantes con los policías y los jueces encargados de penalizarlos. Así, los comerciantes establecen acuerdos con los policías para trabajar en ciertos horarios y en determinadas líneas de transporte; pero también calculan las pérdidas derivadas de una detención y la conveniencia o no de pagar una “mordida” (corrupción) o pasar algunas horas detenidos para cumplir con lo que la ley impone.
El caso presentado por Serna Luna es interesante porque muestra cómo las decisiones que los individuos toman, más que suceder distanciadas de la ley, ocurren justamente porque la utilizan como marco de referencia no para cumplirla sino para negociar. Así, la diferencia conceptual y legal entre un delito y una falta, por ejemplo, es utilizada por los actores como marco de referencia para establecer una especie de tasación de las “mordidas”, los “acuerdos”, los niveles de amenaza o agresión, evidenciando la formación de un auténtico mercado de mercancías políticas (Misse 2017, 2018). Que una actividad sea tasada como una falta hace que el precio económico para solventarla sea de un nivel menor al requerido para solucionar la persecución de un delito. Los comerciantes del metro deben conocer la ley y los reglamentos en aras de sortear habilidosamente las diferentes circunstancias por las cuales son amenazados a través de los policías y los jueces. El resultado de todo esto es que el conjunto de reglamentaciones, leyes y derechos que pretenden “regular” el comercio popular en el metro de la Ciudad de México ha terminado por ser uno de los marcos de referencia de las economías ilegales que funcionan dentro de este sistema de transporte, economías en las cuales participan también los agentes del Estado.
Al igual que lo hace Serna Luna, en su artículo sobre la venta ambulante en Buenos Aires, Mariano Perelman también toma como objeto la venta ambulante y la “economía popular”. No obstante, la aborda con una intención bastante distinta, la de “descentrar” lo económico de las prácticas económicas “populares” y reconocer en ellas otras posibilidades, como la resolución de necesidades emocionales, afectivas y hasta estéticas.
Perelman propone rescatar el punto de vista nativo y “seguir las cosas” al analizar la venta de golosinas, películas y otras mercancías en la capital argentina. Sobre todo gracias a lo primero (la visión émic), se hace factible superar el econocentrismo y el estadocentrismo (o el legalismo) que impregnan frecuentemente el análisis de las “prácticas populares” e incluso los debates entre lo legal y lo ilegal. Basado en las aportaciones de De L’Estoile (2014), entre otros, Perelman sugiere que, desde el punto de vista del nativo (el punto de vista émic), términos como trabajo, salario, venta, dinero o mercado no necesariamente se refieren a cuestiones económicas o materiales, sino también a formas de vivir, a emociones y afectos. Así, el autor nos propone llevar las disputas terminológicas entre lo formal y lo informal, y entre lo legal y lo ilegal, al campo de las disputas morales, la discriminación, la justificación de las posiciones sociales, del orden social, de los sentidos y, en fin, de las relaciones sociales concretas e inmediatas (más allá de las instituciones formales: economía, derecho). Es dentro de esas relaciones y procesos que los individuos, más que vender, ganar dinero, subsisten, negocian, etc., obtienen un lugar en el curso de lo social: el vendedor de películas piratas que se convierte en referente ante los amantes del cine; el vendedor de gaseosas que ofrece a sus clientes la oportunidad de relajarse al final del día laboral; el vendedor que, al ambientar su puesto de una determinada manera, manifiesta su adherencia a los mismos gustos y preferencias de sus clientes.
A partir de su reflexión, lo que Perelman muestra es que la determinación de lo que se vende, cómo se vende, cómo se manipula, las actuaciones que todos desempeñan, los precios y la estética son componentes esenciales del circuito de lo “popular”, lo “ilegal” y lo “informal”, y no meros ornatos desplazados por discusiones legaloides, economicistas o normativas.
En el artículo “La economía de autos robados en São Paulo”, Gabriel Feltrán y Janaina Maldonado coinciden con Mariano Perelman en la importancia de seguir a las cosas y en analizar la cotidianidad de las “prácticas populares”, en este caso a partir de las “rutinas cotidianas” y “situaciones empíricas concretas” relacionadas con el robo de autos en São Paulo. Al asumir este interés, Feltrán y Maldonado aceptan, al igual que Perelman, el carácter procesual de las actividades “ilegales”, destacando en ello su “naturaleza perennemente improvisada y circunstancial”. Para ello, siguen el caso del robo de un Ford Ka y los diversos actores que participan tanto en el evento del robo del vehículo (incluyendo la víctima) como en su posterior y desmantelamiento. Al describir con gran sutileza etnográfica las acciones que realizan los actores, los autores muestran cómo a través de múltiples improvisaciones, dudas, decisiones inesperadas, uso banal del tiempo y desviaciones en el uso de los espacios, los actores van construyendo sus propias posibilidades de acción dentro de un mundo, el del crimen, que puede ser tanto inclusivo como excluyente, tanto seguro como peligroso.
Las perspectivas teóricas y metodológicas seguidas por Feltrán y Maldonado les permiten demostrar, en coincidencia con el trabajo de Serna Luna y Sánchez (ver más adelante), la conformación de un mercado, en este caso el del robo y desmantelamiento de autos, en el cual los precios están regulados por la competencia de actores tanto legales como ilegales, en donde participan empresas que van desde la total clandestinidad hasta las grandes corporaciones (aseguradoras, bancos). Al demostrar cómo funciona este mercado, Feltrán y Maldonado se preguntan si los polos opuestos “legal/ilegal” no son más bien una “cortina de humo ideológica” que más que servir para reflejar la realidad contemporánea, funciona para reproducir las desigualdades persistentes en las sociedades latinoamericanas, tales como atraso/progreso, pobre/rico, o blanco/negro. Los autores responden categóricamente que sí.
Por su parte, en su artículo, María Soledad Sánchez se inscribe en la línea metodológica de Feltrán, Maldonado y Prelman al seguir, en este caso, a los cheques y las prácticas socio-materiales de “descarga” de estos documentos a través de “financieras” que funcionan en un terreno liminar entre lo legal, lo informal y lo ilegal, el cual pone en relación a instituciones tradicionales del mercado (bancos, sociedades de bolsa), con intermediarios que venden seguros y pólizas, y otros que operan en “la parte de atrás” para comprar y vender dólares paralelos.
Descontar cheques en Argentina tiene que ver con una forma de crédito que funciona con base en cheques de pago diferido, es decir, documentos que tienen una orden de pago para una fecha posterior a la de su libramiento. Quien recibe el cheque busca obtener dinero líquido antes de la fecha de cobro del cheque, generalmente para financiar sus gastos u otras deudas, así es que acude a un intermediario o financiera, quien le “descontará” el cheque a cambio de una cuota y estableciendo un plazo después del cual el cheque será devuelto si el acreditado paga el préstamo. El intermediario a su vez puede hacer lo mismo, es decir, acudir con otra financiera para obtener dinero líquido a cambio de una cuota y con el compromiso de devolución oportuna. Así, el cheque se convierte en dinero que fluye, mientras llega el plazo para su cobro en una institución bancaria.
Así como en los otros textos del dossier, particularmente aquellos de Serna Luna, Feltrán y Maldonado, Sánchez también demuestra la existencia de un mercado en donde los precios de los servicios intercambiados se tazan; aunque en contraste con el robo y desmantelamiento de autos en São Paulo, o con las extorciones a las que son sujetos los ambulantes del metro de la Ciudad de México, acá las decisiones que los actores toman parecen ser más calculadas en el sentido económico y hasta contable, pero siempre basadas en conocimientos adquiridos en la práctica. Aprender a quién, cuándo y a cambio de cuánto dinero descontar un cheque es una habilidad sutil que sólo se adquiere en la práctica, a través de observaciones agudas y puntuales que permiten valorar en un parpadeo si se confía o no en alguien a la hora de negociar un cheque. Adicional a tales conocimientos, está la confianza, la cual funciona como una especie de contrato que garantiza el pago del crédito.6 Los intermediarios dan preferencia a los conocidos de sus conocidos, a clientes con buen historial crediticio que ya han cumplido en otras ocasiones, o que traen en garantía la palabra de alguien a quien la financiera conoce. Así, al descontar cheques, más que firmarse documentos, se compromete la palabra y la red de relaciones que une a todos los involucrados. Al final, en la red de descuento de cheques, no sólo circula dinero, sino también capital moral, asunto para cuyo análisis Sánchez se vale de las aportaciones de autores como Zelizer (2011) y Wilkis (2017).
Invitamos así a los lectores de Etnográfica a leer este dossier, con la perspectiva de conocer la diversidad de aspectos y encrucijadas que estructuran la trama entre lo informal y lo formal, entre lo ilegal y lo legal. Más que presentar una heterogeneidad geográfica, los artículos que integran este dossier muestran, eso creemos, diversas piezas de un proceso complejo: la informalidad en América Latina. A esa complejidad se debe responder con perspectivas abiertas a una realidad que se muestra flexible y cambiante, gobernada por actores concretos que realizan prácticas apegadas a múltiples valoraciones y marcos normativos y de interpretación.
