Introducción

La investigación de la práctica interventiva desde metodologías que asuman el reto de la investigación profunda y políticamente consciente puede constituir una forma de develar una intervención cómplice de dinámicas sociales que perpetúan las desigualdades y las relaciones de poder.

Los términos apropiados para designar la acción social planificada como intervención social no es un debate cerrado (^{Saavedra 2015}; ^{Moreno y Molina 2018}). En lo que a este trabajo se refiere, vamos a entender la intervención social como acción planificada para la consecución de cambios e incidencia en toda su complejidad multidimensional, asumiéndola como cultura política, es decir, como entramado de elementos simbólicos y materiales, prácticos e imaginarios, en permanente movimiento y redefinición (^{Schneider y Avenburg 2015}).

Si comprendemos la intervención social como cultura política, la etnografía se erige como un enfoque que presenta grandes posibilidades para la investigación; esto es así porque permite una inmersión en los espacios cotidianos de relación y una forma privilegiada para indagar en ellos. De este modo, los procesos etnográficos se avienen con la intervención social en los términos de posibilidad directa de encuentro con la “naturalidad” de las prácticas de los sujetos en acción (^{Silva, Sacramento y Mendonça 2015}). Caria, Sacramento y Silva también señalan que estos micro espacios son capaces de crear subjetividades autónomas y prácticas situadas, asumidas como culturas, en los problemas que se enfrentan:

“um campo de possibilidades de ação onde, simultaneamente, podem ser gerados processos de homogeneização e de diferenciação do fazer e do pensar na interação social, dando origem, tanto a configurações sociais ordenadas e conformadoras da ação, como a configurações discrepantes e perturbadoras das relações de poder dominantes” (^{Caria, Sacramento e Silva 2018}: 297).

Una de las discusiones más pertinentes en el campo de intervención con niños y niñas tiene que ver con las prácticas cotidianas de los equipos profesionales y cómo estos logran materializar el enfoque de derechos. El enfoque se comprende no solo como la garantía de satisfacción de necesidades, sino también como la promoción del protagonismo, la inclusión y, especialmente, el desarrollo del trabajo en aras del máximo beneficio del niño y la niña o interés superior del niño (^{Valverde 2009}; De Ferrari y Curihuanca 2018). La autonomía en el trabajo de los profesionales, tanto como sus papeles en la reproducción de relaciones de poder, nos motivó a investigar desde la etnografía un proyecto piloto (a partir de ahora denominaremos proyecto C). El proyecto C se desarrolló entre el 2016 y el 2019, en una ciudad del sur de Chile, para construir una forma innovadora de realizar intervención social en la vulneración de derecho grave de niños y niñas. El caso nos pareció de alto interés y nos planteamos el objetivo de analizar en profundidad la inclusión del enfoque de derechos en su cotidianidad y conocer cómo lo estaban resolviendo los profesionales de este proyecto en particular. La investigación y la discusión con otros investigadores sobre la etnografía de la práctica profesional han dado lugar a este texto que pretende ser un insumo pertinente tanto en lo metodológico como reflexivo.¹

Al ser un estudio de caso, los límites en los alcances explicativos de este trabajo son claros: este estudio aporta desde una mirada exploratoria, provisional y no generalizable. Sin embargo, sí se pretende aportar a la discusión a partir de las posibilidades de análisis que ofrece la ejecución de una idea innovadora en un contexto de política pública marcada por la gubernamentalidad (^{Foucault 2009}). Queremos nutrir con ello a los estudios de la intervención y gubernamentalidad en la comprensión de las racionalidades políticas y tecnológicas en relación a las subjetividades construidas desde las prácticas (^{Hicks 2016}).

De la intervención social como culturas políticas y el enfoque de derechos

Las políticas públicas para la infancia no solo reflejan relaciones socioculturales, las performatizan (^{Austin 1971}) y las integran en las vidas cotidianas. Por ello, se comprende que lo cultural está totalmente articulado a los servicios sociales y atravesado por relaciones de poder. Esto significa que la intervención que se realiza en los marcos de política pública con niños y niñas, públicos o privados, constituyen y son constituyentes, por utilizar términos bourdainos, de culturas políticas. El término que traducimos de “political cultures”, que acuñaron Almond y Verba en el 1963, ha sido recogido por los estudios culturales latinoamericanos remitiendo a un concepto complejo que contempla elementos estructurales, simbólicos y prácticos (^{Castro y Rodríguez 2009}; ^{Grimson 2014}; ^{Ortega-Senet 2017}).

En esta compleja relación, se erige una utopía imprescindible en la política chilena de protección a la niñez: el enfoque de derechos. El enfoque, señala ^{Güendel (2015}), tiene dos miradas para lograr incorporarse en la intervención social: (1) como referente para que los Estados regulen sus marcos jurídicos y las políticas públicas implicando referencia, pero no obligatoriedad; y (2) como marco jurídico sumado a una obligatoriedad en la aplicación del carácter valórico y moral que transforme las instituciones, es decir, conllevan cambios de culturas políticas. Como vemos, se presenta como fin y como medio a la vez, que debemos comprender en todo su espectro sociocultural (Güendel 2015).

Todos los países de la región, salvo Panamá (Chile aprobó la suya en enero de 2022), cuentan con leyes de protección integral de los derechos basadas en la Convención de Derechos del Niño (^{UNICEF 2019}). El debate fundamental latinoamericano en relación al enfoque de derechos en el trabajo de protección y restauración de derechos a niños y niñas enfatiza la desconexión teórico-práctica entre los principios declarados en las políticas públicas y los escasos recursos materiales, humanos e intelectuales incluidos en la operacionalización del enfoque (Vergara del Solar 2018). A ello, se suma la dificultad para que los programadores y ejecutores logren visualizar al enfoque como una totalidad que comporta una mirada integral (^{Ortega-Senet, Gómez y Bustamante 2021}). En Chile, con la Ley Integral recién aprobada, el enfoque de derechos se viene declarando hace años como un principio fundamental que debe incorporar la política pública dirigida a la niñez y, para ello, se han producido una serie de cambios institucionales con la intención de resolver un sistema en profunda crisis de protección, descoordinado y fragmentado (^{Consejo Nacional de la Infancia 2017}; ^{Sanfuentes y Espinoza 2017}).²

En este punto, cuando observamos el desempeño de las instituciones como parte de la cultura política con la misión de integrar la Convención de Derechos del Niño y el enfoque en consonancia, hallamos que la gubernamentalidad ha constituido lo social desde lógicas económicas válidas para modificar conductas y “la administración de todo cuerpo social” (^{Foucault 2009}: 188). La medición, el requerimiento de indicadores basados en los objetivos institucionales, y no en la subjetividad de los participantes, se encaminan hacia la dominación del cientificismo y la eficacia (^{Volnovich 2013}), entendida como racionalidad neoliberal ante la ineficacia del Estado (^{Harris 2014}: 7).

Así pues, la intervención social corre el riesgo permanente de constituirse como un “aparato administrativo y técnico”, como servicio que, al relacionarse con las necesidades sociales, no se humaniza, sino que adquiere las propiedades de valor y cambio propias del mercado (^{Escobar 1999}). De ahí la urgencia, la importancia, de una acción reflexiva de la intervención que permita hacer consciencia a los agentes sociales de su rol en la gubernamentalidad y apropiarse de su propio margen de acción, construcción y deconstrucción, de su práctica profesional.

Intervención con niños/as víctimas de maltrato grave: acercamiento al caso de estudio y su contexto

En Chile, el Estado se presenta como un mecanismo de violencia estructural que se ha erigido como un facilitador sumo de los procesos económicos, generalizando las formas de empresa dentro del tejido social (^{Foucault 2009}). Por ello, para entender los procesos de intervención con niños y niñas es necesario comprender el marco experimental de políticas económicas sociales neoliberales acontecido en el país durante la dictadura de Pinochet. Gianinna Muñoz hace un excelente repaso a las consecuencias de las medidas impuestas entre 1973 y 1989 (^{Muñoz Arce 2019}; ^{Muñoz Arce y Pantazis 2019}).

En un contexto de estas características, Chile ratifica la Convención de Derechos del Niño en 1990 (todavía en dictadura). A partir de entonces, se comienza a trazar una ruta en las políticas públicas de infancia que va a ir conformándose como un sistema que se esfuerza en desplegar respuestas programáticas dirigidas, generalmente, al control y la respuesta focalizada, y no universal, de la protección de derechos (^{Herrera-Seda y Aravena-Reyes 2015}). Pero este proceso estalla mediáticamente en el 2016 tras la denuncia de 1313 niños y niñas muertos estando bajo la tutela del Sename (Servicio Nacional del Menor) desde el 2005 hasta el 2016 (^{Instituto Nacional de Derechos Humanos 2016}). Las muertes no eran más que una parte del suceso; las vulneraciones a derechos y las violencias por maltrato y abuso sexual, especialmente en programas residenciales, se fueron poniendo en evidencia a través de la prensa independiente y de organismos como el ^{Comité de Derechos del Niño (2018}).

El propio Sename ha reconocido el fracaso del sistema y los modelos de intervención, los cuales no resuelven las problemáticas sociales y complejidades de la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes (^{Sename 2016}). La institución observa que se requiere un rediseño de los modelos de intervención, modificaciones en las orientaciones técnicas y de la oferta programática; y ha iniciado algunos cambios en el sistema de servicios, no obstante, las vulneraciones prosiguen a la fecha (Consejo Nacional de la Infancia 2017; ^{Ortega-Senet, Gómez y Tierney 2020}; ^{Hogar de Cristo 2021}).

El problema no solo es una cuestión de cambio de nombre o programas y sus directrices; gran parte de la situación reside en la capacidad de asumir el enfoque de derechos de forma radical con todas las implicancias económicas, sociales, políticas, administrativas y legislativas. Ante este panorama, y previamente al estallido político de octubre del 2019 con el movimiento denominado Chile Despertó, algunas instituciones colaboradoras de carácter privado procuraron ideas para dar una respuesta alternativa y complementaria a la red estatal en la restauración de derechos de niños y niñas y la reparación del daño por maltrato grave. Ejemplo de ello es el caso de estudio de esta investigación.

El proyecto C,³ como lo hemos venido a llamar, lo desarrolla una fundación que forma parte de la red de organizaciones colaboradoras acreditadas del Estado, aunque ejecuta, también, varios programas especializados de la propia red estatal. No obstante, el proyecto C en concreto es independiente de dicha red estatal: no es financiado ni fiscalizado por ella. Así, se rige meramente por criterios internos de la fundación y tiene como objetivo:

“ ‘implementar un modelo de atención integral y colaborativo como aporte a políticas de infancia y adolescencia, en la atención para el bienestar familiar de manera integral’ para ‘validar un modelo integral familiar en infancia y adolescencia en situaciones de alta complejidad social (exclusión, violencia, maltrato, abuso sexual)’ ” [evaluación del proyecto, 2017].

Para el equipo profesional de proyecto C, en general, el sistema estatal (Sename) es una referencia en negativo. Esto significa que es un anti-modelo de abordaje. Es por ello que se ofrece un mejor modelo de trabajo que se presenta como complementario y alternativo, innovador, a las formas de respuesta de la red del propio Estado.

El proyecto fue iniciativa del coordinador de proyectos de la fundación (coordinador general). El coordinador general seleccionó una coordinadora (psicóloga de profesión) para el proyecto C, la cual conformó un equipo con cuatro profesionales estables a jornada completa, de los cuales tres (la coordinadora incluida) tenían relaciones con el área artística cultural de la ciudad. Así, el equipo se conformó por una coordinadora-psicóloga, un psicólogo, dos facilitadores de actividades grupales y redes externas, y una terapeuta ocupacional. El equipo también contaba con siete horas de psiquiatra al mes, y con tres estudiantes en práctica profesional de trabajo social, psicología y terapia ocupacional. El cuerpo de trabajadores, en general, lo completaba un número cambiante de facilitadores de talleres (algunos voluntarios y otros remunerados) que realizaban diversas actividades a la semana para los niños, niñas y sus familias: los talleres más estables eran los de música y cocina.

El proyecto comienza con una primera apuesta interdisciplinaria que abarca desde el 2016 al 2017, y que retoma de nuevo en el 2018 a 2019 con la intención de “empaquetar el modelo”. Para ello, el proyecto debía ser evaluado para dar a conocer qué tan interesante, y alternativa, se estaba componiendo la propuesta. Tuvieron una evaluación externa de la primera etapa con buenos resultados en innovación, aunque no en el desarrollo de indicadores de medición, y la segunda evaluación nunca llegó a concretarse.

Desde su creación hasta enero de 2018 (momento del trabajo de campo) habían sido atendidas 46 familias en el proyecto C, donde la edad media de los niños/as fue ocho años. Los niños y niñas fueron derivados desde otros programas que sí son de la red estatal de protección y que son ejecutados por la misma fundación, así como también desde colegios y otras instituciones que se relacionan con la niñez. En el 2019, previamente a la pandemia por Covid-19, la fundación decide no proseguir con el proyecto piloto.

Metodología del estudio

Como ya se ha señalado, la investigación se diseñó como estudio de caso emblemático que se auto-gestiona fuera del control (financiero y fiscalizador) del sistema estatal de protección a la niñez. El trabajo de campo fue abordado con diversas estrategias, aunque metodológicamente integradas en el medio natural donde se producen las relaciones simbólico sociales, convirtiéndolo en una etnografía que se llevó a cabo entre agosto del 2017 y abril del 2018.

Durante el proceso, se realizaron observaciones directas y participantes en el hábitat de trabajo, salvo en los espacios de terapia individual. Los momentos terapéuticos, como sesiones con el psiquiatra o con el psicólogo, fueron omitidos aplicando los criterios éticos de no influir en el trabajo individual y el respeto a la confidencialidad entre terapeuta y paciente; no obstante, se procuraba conversar con las personas previamente o después de salir de sus reuniones con los terapeutas. Las observaciones participantes implicaron entrevistas dialógicas (^{Clifford 2001}), improvisadas, que se adaptaron a la particularidad del momento. Estas conversaciones no eran grabadas, para no restar normalidad a la conversación, pero se registraban las ideas inmediatamente en un diario de campo.

El trabajo en terreno se realizó durante aproximadamente seis meses (no consecutivos), con 22 jornadas de campo. Las jornadas se integraban en el horario de trabajo de los profesionales: entre las 9:00 y las 18:00 horas. El día fue variando para poder acceder a diferentes actividades.

Durante el trabajo etnográfico también se ejecutaron diez entrevistas semiestructuradas solo a los profesionales y estudiantes en prácticas, y se realizaron técnicas participativas como el flujograma (^{Ganuza et al. 2010}) y la reconstrucción histórica del proyecto (^{Jara 2012}).

Complementariamente, también se hicieron otras técnicas enfocadas directamente al conocimiento, aplicación y discursos del enfoque de derechos, como fueron la escalera de poder y la matriz de Jacob (^{Contreras 2008}). Este trabajo complementario se llevó a cabo con ayuda de otros dos investigadores colaboradores del proyecto. En este artículo, reflexionamos a partir de los hallazgos arrojados por las observaciones directas y participantes, las técnicas participativas y las entrevistas, y omitiremos el trabajo realizado por los otros investigadores, dado que la cantidad de material obtenido no permite presentar todo el trabajo de campo completo en un solo texto.

Salvo las entrevistas etnográficas, transcritas en el momento en el diario de campo, las entrevistas planificadas fueron grabadas y transcritas literalmente. Toda la información disponible se organizó con ayuda del software Nvivo 11. Una vez ordenada en carpetas, se realizaron análisis temáticos en base a categorías teóricas y emergentes de los siguientes ejes: (1) la integralidad (^{Valverde 2009}) como visión sistémica de las problemáticas que afectan a los niños y niñas; (2) el interés superior del niño, en consonancia con la Observación General número 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (De Ferarri y Curihuanca 2018); (3) la participación y protagonismo de los niños y sus familias en los procesos de praxis social que les atañen (Valverde 2009); y (4) el rol garante del equipo correspondiente a la Observación General número 2 (^{De Ferrari y Curihuanca 2018}), es decir, “el papel de las instituciones nacionales independientes de los derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño”.

Las técnicas grupales se realizaron con el equipo estable (cinco profesionales). Específicamente, la reconstrucción del proyecto C supuso dos sesiones de dos horas cada una, en las que se fueron nombrando los hitos principales del proyecto, su significado y también emociones implicadas. La segunda técnica grupal, el flujograma, requirió una sola sesión de dos horas, donde se procuró analizar los nudos críticos entendidos como problemas, obstáculos de la acción y dificultades que se conforman en una red de relaciones desde la subjetividad de los participantes (^{Ganuza et al. 2010}).

En ambas técnicas, las ideas surgidas fueron registradas en el momento por los propios participantes en pequeños papeles que fueron ubicándose en un gráfico construido para la actividad en papelógrafos. Complementariamente, las sesiones fueron grabadas en audio y transcritas literalmente. Las técnicas grupales conllevan análisis de la información que va surgiendo in situ durante el desarrollo de las mismas. Estas se convierten en reflexiones individuales y colectivas facilitadas por la coordinadora. El flujograma, además, envuelve una conexión explícita entre los nudos críticos identificados en una relación causa-efecto, así como un juicio por parte de los participantes de la capacidad de control sobre dichos nudos críticos.

Las condiciones éticas fueron respetadas y consensuadas en consentimientos informados que recogían los objetivos del trabajo, las responsabilidades, la confidencialidad de los datos, el anonimato de las personas (todos los nombres han sido cambiados) y la voluntariedad de los participantes. Los hallazgos fueron retroalimentados con el equipo tras finalizar el estudio y se entregó un informe final tanto a la directiva como al propio equipo del proyecto. Los datos personales y nombre del proyecto han sido anonimizados, debido a que este artículo, en particular, no ha podido ser revisado antes de su publicación por los participantes por su término de relación laboral.

La gubernamentalidad en despliegue: dominación humanizada de las lógicas empresariales

El programa, como ya se ha señalado, crea su ethos en contraposición a los programas oficiales de la red estatal (Sename), por lo que su diseño del espacio, la oferta de actividades, el alcance, la profundidad y, sobre todo, la calidad de la atención (en términos de tiempo y calidad de trato) son considerados, por todos, como “mejor”, “como debería ser”:

“Nos dimos cuenta de que faltaba un lugar de atención de actividades desde un punto de vista integral la segmentación, en atención perjudica y daña los procesos y las familias. En los otros programas, si una niña es víctima de abuso sexual, se le da terapia a la víctima y a la familia un acompañamiento del trabajador social, pero ¿qué pasa si la pequeña tiene también problemas de salud mental? Esto tiene que ver con el trabajo no especializado o el que no se hace.” [P7 reconstrucción del proyecto]

De este modo, el proyecto viene a “hacer bien”, de “mejor manera” lo que debería estar haciendo el Estado. Ante ello, la propuesta tiene un sentido de “innovación”, es decir, que el valor añadido del proyecto reside en “hacer bien las cosas”, involucrando un enfoque positivo e integral de trabajo con niños y familia.

No obstante las intenciones, fueron muchas las oportunidades de observar y conversar con los participantes sobre las estructuras de gubernamentalidad que se reflejaban en la toma de las decisiones, la capacidad de autonomía real de trabajo y la forma en que venían diseñados los objetivos del proyecto piloto:

“Porque se supone que [fundación] daba las platas [dinero] para dos años para inicio del piloto, luego se supone que la evaluación de ese inicio se continuaba con otros dos años, y eso debería terminar como proceso con la empaquetación del modelo, o sea en el fondo que nosotros tengamos un producto que se pueda replicar en cualquier parte. […] Obviamente con sus diferencias territoriales. Ese es como el objetivo final y como también intentar que se pueda que el proyecto C sea como un modelo que pueda ser ejecutado en espacios, como entes públicos, por el Estado” [entrevistado 7].

A esta lógica de crear un “producto” de mayor eficiencia se suma la presión “contra reloj” que añade el hecho de ser considerado un proyecto piloto evaluado según indicadores “objetivos”:

“Entonces todas esas cosas que nosotros estamos diciendo que van a funcionar y están funcionando a nuestros ojos, pero no tenemos como una prueba, eh… tenemos que intencionarlas y tenemos poco tiempo para hacerlo, porque se supone que a más tardar en marzo [2018] empezaría la evaluación, esta evaluación de eficacia, entonces en eso estamos ahora… estamos viendo” [entrevistado 2].

En el proyecto, las intenciones de buena práctica implican la adecuación de los lugares de encuentro y los modos de interacción que se ven atravesados de las lógicas de “eficacia”. En términos de gubernamentalidad esto supone tomar el tejido social y procurar que sea una reproducción de las lógicas empresariales, multiplicando el modelo económico de inversión costo-beneficio, pero con connotaciones humanistas. Esta dinámica fue denominada por Foucault como “vitalpolitik, o política de la vida, en base a la obra de Alexander Rüstow”,⁴ refiriéndose a ella como: “La manera de compensar la frialdad de la competencia racional calculadora” (Foucault 2009).

Las dinámicas humanizantes, vitalpolíticas, en el caso de estudio han supuesto una forma de quebrar la tensión “mercantilista” que subyace al trabajo. El equipo hacía gran hincapié en la relación con las personas. Desde el punto de vista de los profesionales, esos esfuerzos se han dirigido al bienestar, en términos de cuidado del espacio físico y la acogida de los sujetos de intervención.

Así pues, los trabajadores reconocen el lugar físico de encuentro con los participantes como una de las apuestas más importantes para hacer del proyecto una alternativa diferente. La casa de dos pisos albergaba diversas salas para talleres y trabajo terapéutico, y un segundo nivel con una cocina donde se realizaba el taller de cocina y almorzaban todos los trabajadores juntos. En el segundo nivel, resaltaba una sala de espera grande donde había una estructura de madera casi esférica con repisas que albergaban libros, a las que los niños podían subir o jugar bajo ellas. Alrededor había cojines para sentarse, sillas y algunas cajas con juguetes donados.

Cuando les preguntaba a las personas “¿qué te parece este espacio?”, señalaban: “¡Me encanta!”, “¡Es lo mejor!”, o “¡Es muy bonito!”. Todas las personas subían al segundo piso para ser atendidas e ingresaban directamente a este lugar lúdico donde sonaba música continuamente. Las prácticas de acogida contaban con ritos adscritos a ellas: saludos de besos para los que llegaban por primera vez, y abrazos para los que participaban hacía más tiempo. El buen trato, la relación cercana y los espacios agradables eran importantes para todos y todas:

“Muy buena acogida, me encantó el lugar, amorosos todos, no puedo decir nada malo. Da pie a que una hable de lo que quiera, más el ambiente que hay, ¡es bonito! ¡Es acogedor!” [Conversaciones etnográficas, madre]

Las actividades también pretendían, como parte de la propuesta innovadora, un alcance integral de la respuesta que se materializaba en talleres de carácter (re)creativo como cocina, música, artes marciales, huerto, baile; y otras de carácter más educativo como género, autocuidado, buen trato, habilidades parentales. Todas ellas, en principio, pretendían responder desde el enfoque de derechos, puesto que había un interés en el desarrollo integral individual de los participantes y su bienestar; pero, no obstante, no terminaba de estar claro. Así lo revela una de las profesionales:

“yo veo de repente a los niños que vienen y no saben muy bien a lo que vienen, ¿me entendí? [¿me entiendes?], hay hartas realidades dentro del proyecto C. Entonces yo creo que a algunos le hace mucho sentido. En general la gente se siente cómoda porque tratamos de entrada que eso pase, pero también siento que hay hartas cosas que no tienen ese sustento tan claro o que la gente no tiene tan claro que está haciendo ¿cachai? [¿entiendes?]” [Entrevistado 4].

El equipo ponía energías en realizar una propuesta integral y creativa. No obstante, a pesar de los esfuerzos por crear un clima motivador y acogedor y su compromiso personal y creativo, todo ello se vio limitado por las condiciones del trabajo y las exigencias técnicas, situándoles en una posición de conflicto y tensión. Con respeto a esto, también hay que señalar que los participantes del estudio fueron capaces de reconocer esas tensiones y reflexionar su papel en ellas a lo largo del trabajo etnográfico.

Nudos críticos, tensiones y subjetividad

Los nudos críticos (figura 1), reconocidos por los propios trabajadores, acusaban directamente a las tensiones que les producía la formalización desde el modelo en respuesta a esta exigencia “empaquetadora” que correspondía a los objetivos institucionales, así como otras dificultades en el trabajo práctico cotidiano. De este modo, la falta de recursos humanos, la sobrecarga laboral y un sentimiento de “circo pobre” donde todos hacen de todo, surgieron en las declaraciones. No había tiempo material para reunirse, y eran sacrificados los espacios de profundización en los casos en los que trabajaban: solo hacían reuniones interdisciplinares de las familias participantes como equipo, cuando había situaciones de crisis que lo ameritaban.

Al profundizar en las causas de estos problemas, se volvía al punto de la autonomía profesional. Ello era debido a una habituación de la contingencia como motor de respuesta “irreflexiva”:

“Lo hacemos en función, siento yo bien desde afuera, siendo bien auto-críticamente, lo hacemos desde la contingencia ¿cachai? [¿entiendes?] y no necesariamente tiene que ser así.” [Reunión de equipo]

“yo creo que también, de alguna manera, estamos siendo críticos, o sea estamos con la idea y la intención cambiar el modelo y esas cosas, pero también estamos súper acostumbrados a que vengan los lineamientos hechos.” [Reunión de equipo]

La estructura de trabajo del proyecto C cuenta con una “cabeza” pensante que corresponde a los directivos de la fundación y el coordinador general (diseñadores de la propuesta innovadora); y un “cuerpo” ejecutor: el equipo, con escasa capacidad de auto-organización y control sobre la propia propuesta. Esta desconexión es uno de los elementos clave de la falta de autonomía, flexibilidad y capacidad de adaptación a las situaciones cotidianas. El equipo fue refiriendo estos limitantes que les producía una sensación de “hacer por hacer”, o “no saber qué están haciendo bien”. Señalaron que sus opiniones no eran tomadas en cuenta (por parte de la fundación), y cuando sentían que tenían cierto apropiamiento de lo que estaban haciendo, se les pedía cambios, debido a la estructuración permanente de los objetivos del proyecto.

“La fundación maneja muchos millones, muchos proyectos y asumió M. [cargo directivo] que tenía harta experiencia, no tanto en infancia, casi nadie tiene de infancia, pero en programas sociales, que nos pidió una evaluación de impacto, hasta que llego P. [cargo directivo] y nos cambió el discurso, y en vez de evaluación de impacto pidió hacer una evaluación de eficacia. En el 2016 se había llegado a hacer la evaluación y solo nos faltaba medir, pero vino P. y retrocedimos bastante con la idea de comparar con Sename, otra lógica que nos complicó bastante.” [Reconstrucción del proyecto]

En este conjunto de tensiones, juegan roles importantes algunos factores interesantes relacionadas con el propio equipo. Por ejemplo, las experiencias de trabajo anterior en otros programas “tradicionales” - donde se practica el (anti) modelo dominante de abordaje de la intervención -, influían negativamente en la práctica cotidiana del trabajo. Esto quiere decir que las formas de hacer en proyectos “tradicionales”, equiparados a modelos de “mala práctica” de los programas de la red estatal, lograban imponerse, finalmente, como recursos técnicos para hacer el trabajo del equipo. Ello se reforzaba con que los programas externos que enviaban a los niños, niñas y sus familias a ser atendidas al proyecto C solicitaban una intervención al estilo “clásico”, “tradicional”, de los programas de la red estatal. Estos otros equipos externos que solicitaban ayuda con las familias y los niños y niñas “no entendían” la propuesta del proyecto C, especialmente en lo relativo a las nuevas prácticas participativas:

“En octubre [2017] hicimos una recogida de intereses en los programas de la fundación que sí dependen del Sename. La idea era recoger propuestas desde los participantes en los otros proyectos de la fundación. Pero los [otros] equipos de intervención no entendían, eso ha pasado todo el tiempo, yo iba a los proyectos y les explicaba, el coordinador general iba también, siempre les hemos tratado de explicar de manera súper clara, pero más de uno interpreta mal las solicitudes.” [Reconstrucción del proyecto]

Ello hacía peligrar la participación, la autonomía y el protagonismo de los propios niños y las familias, una cuestión que los profesionales reconocieron como “relaciones de poder”:

“Es como la [nombre de la niña], llegó al proyecto C y la metimos en el taller de cocina y la echaron del taller de cocina porque dejaba la caga [entraba en conflicto] y todavía la [nombre de la niña], cuando estamos en sesión [terapéutica], se acuerda de que la echaron del taller de cocina, y se pone más disruptiva en la sesión, y es porque le duele el conflicto, se siente como de nuevo que no lo hizo bien que la expulsaron, así se siente. Entonces ahí nosotros cometimos el error cachai de haberla puesto en un taller el cual ella no estaba lista cachai. Entonces yo creo que tiene que ser así […] no presionar a la persona a un nivel que no esté lista.” [Reunión de equipo 2]

Los profesionales visualizaron una escasa capacidad de maniobra para la construcción del carácter especial de la propuesta, y para crear su propia “caja de herramientas” (^{Swidler 1996}). Esta búsqueda de estrategias involucra su particular cultura instrumental profesional en base a este modelo innovador de trabajo, construido en la interrelación de profesionales y participantes del proyecto con el trabajo contextualizado y los requerimientos que demandan la propia práctica (^{Caria 2017}).

Los nudos críticos y tensiones producidas creaban sentimientos de frustración y de consciencia de su propio límite. Pero persistía una idea clara de la calidad humana como norte del trabajo. Este humanismo abre una puerta de escape para crear una subjetividad en términos de autonomía, donde el enfoque de derechos podría ser una buena forma de debilitar la gubernamentalidad y transformarla. Este apropiamiento del trabajo, en términos de desarrollar sus propias ideas en base a la trayectoria recorrida como proyecto piloto, circulaba entre lo deseable y lo improbable. Improbable porque la amenaza constante de la valoración externa frenaba el empoderamiento del equipo de su propio proceso de trabajo a merced de lo esperado por la directiva, y no en base a lo más apropiado según los propios participantes o el propio equipo. (figura 1)

Fuente: Elaboración propia

Figura 1 Diagrama del resultado del flujograma sobre nudos críticos  

La etnografía como oportunidad para desarrollar autonomía

Si bien Foucault posiciona a la subjetividad como constructo determinado por la hegemonía, ^{Guattari y Rolnik (1999}), aunque también asumiendo la gubernamentalidad, ofrecen una puerta de salida en su término de subjetividad donde esta es capaz de articularse al tejido social y escapar del determinismo de la ideología. De este modo, siendo bien crítico con los interventores sociales, Guattari provee de una posibilidad de subjetividad construida desde la micropolítica.

“La garantía de una micropolítica procesual solo puede y debe ser encontrada a cada paso a partir de los agenciamientos que la constituyen, en la invención de modos de referencias, de modos de praxis. Invención que permita elucidar un campo de subjetivización, y al mismo tiempo, intervenir efectivamente en ese campo, tanto en su interior como en sus relaciones con el exterior. Para el profesional de lo social todo dependerá de su capacidad de articularse con los agenciamientos de enunciación que asuman la responsabilidad en el plano macro político.” (^{Guattari y Rolnik 1999}: 44)

Este empoderamiento y apropiación pasa por un punto fundamental de quiebre que es la reflexividad de la acción por parte de los equipos profesionales. En nuestro caso, esta reflexión estaba presente y los participantes no dejaban de cuestionarse a sí mismos continuamente:

“¡No poh! Eso es lo que tenemos que hacer, en el fondo conversar, ver, evaluar. Porque nosotros sabemos que algunos sí lo van a necesitar y hay cosas que sí están pendiente y hay otros que probablemente que no poh. Entonces la idea es eso poh, cómo hacerlo de verdad, y también en eso estamos en conversaciones como en términos más técnicos también de cómo lo hacemos, por ejemplo, con el tema de las familias nuevas que son derivadas por ejemplo de algún programa, donde el programa nos pide a nosotros algo, pero cuando conocemos a la familia, quizás a la familia no le hace sentido eso que está pidiendo el programa.” [Entrevistado 1]

Estos momentos de reflexividad se vieron potenciados por el propio proceso etnográfico. Una etnografía de la intervención corre mucho el riesgo de influenciar aquello con lo que toma contacto en su desarrollo. Esto le da complejidad y carácter crítico si es aprovechado por los participantes. Si, además, se procuran momentos reflexivos participativos, estos ayudan a recoger y analizar información desde la auto-observación de la práctica.

Todo ello le imprime al trabajo de campo una connotación ético-política, en el sentido de que favorece la reflexión-acción desde posiciones críticas. En consecuencia, se produce lo que llamamos el “momento consciente” de los participantes de la investigación, en el que pueden decidir tener un rol activo y cuestionador de su propia acción, de las estructuras que la enmarcan y algunos elementos simbólicos como ritos, categorizaciones, significados, uso del espacio y lenguaje.

Innovación, gubernamentalidad y enfoque de derechos

En los procesos reflexivos, el concepto de innovación podría ser una herramienta interesante de transformación; no obstante, como señalan ^{Martínez Moreno et al. (2019}), esta se ha revelado con un fuerte componente institucional; por un lado, porque no es posible crear innovación sin contar con las organizaciones públicas en despliegue y, por otro lado, porque puede verse atrapada desde las lógicas de mercado.

En principio, la innovación social tiene connotaciones diferentes de la innovación económica. Mientras la económica se asocia a productos que responden a valores de mercado, la social tiene un sentido de transformación: pretende el cambio de prácticas, formas de recursos y relaciones de poder, o compresiones del propio sistema. Efectivamente, lo social también se asocia a la eficacia, pero no necesariamente en términos de costo-beneficio, sino también de justicia y sustentabilidad, sin ser imprescindible un contravalor económico en el mercado (Martínez Moreno et al. 2019).

En el proyecto C, la innovación pretende tener ese sentido de innovación social, al menos en su presentación como alternativa; pero, en la práctica, va adquiriendo otro sentido que lo equipara más a la innovación económica. El objetivo de la fundación es “empaquetar un modelo” con la intención de cubrir un nicho de servicios. Como ya se había adelantado, la lógica de la incidencia y la eficacia va a condicionar de forma limitante el carácter del proyecto y el logro de buenas prácticas centradas en la integralidad, las potencialidades de los sujetos, las relaciones entre actores, así como el alcance de los cambios para la restitución de derechos. Estas limitaciones, y sus consecuencias, producen una clara tensión entre las lógicas humanistas del proyecto y los objetivos de “empaquetar” y crear una respuesta estandarizada de uso general.

En el caso que nos ocupa, la falta de confianza y autoconfianza en la capacidad creativa de los profesionales, y las limitaciones en su autonomía para consolidar “nuestra propia forma de trabajar”, han dado lugar a la reproducción de estrategias hegemónicas de intervención que, precisamente, querían superar. Estos problemas han ido facilitando improvisación y mecanización del trabajo cotidiano bajo la lógica de los modelos “tradicionales” como repertorios rígidos (^{Tilly 1998}). Las respuestas creativas efectivamente se daban (en los talleres, en la terapia, en actividades grupales), pero eran tomadas como espacios de respiro artístico-profesional, no registradas y evaluadas para conectarlas o formar parte del modelo “innovador”. Los participantes daban por hecho que esas alternativas estaban fuera de lo esperado o lo valorado por la directiva.

El proyecto C, como alternativa complementaria, termina buscando compensar las circunstancias vitales que tienen sus participantes, atendiéndolos bajo una dinámica que acaba por objetivarlos. Así pues, el enfoque de derecho en sus premisas participativas y protagónicas no puede lograrse: las exigencias de registro y burocracia, los plazos ajustados para completar el trabajo y la persecución de los objetivos institucionales bajo los dictados de sus financiadores se imponen sobre los objetivos de los sujetos y los tiempos para la participación real. Estos factores dificultadores de la “buena práctica” ya se ha visto en otras dinámicas profesionales de protección dentro de las redes tradicionales (^{Ferguson 2016}; ^{Contreras, Rojas y Contreras 2014}).

Así pues, el trabajo de intervención se revela centrado en lo psicomédico, lo que les hace mantener, finalmente, una visión clínica reparatoria. El psicocentrismo del trabajo corre el riesgo de que la responsabilidad recaiga en el individuo y su éxito terapéutico, en lugar de observar el problema de forma sistémica, implicando los factores económicos, sociales y culturales que producen el maltrato y las violencias.

El psicocentrismo omite los problemas estructurales y la contingencia (^{Butler, Laclau y Žižek 2000}) y la labor terapéutica pasa a medirse bajo indicadores “objetivos” basados en los propósitos del proyecto, o de la fundación en este caso, lo que vamos a llamar exoeficacia (Ortega-Senet, Gómez y Bustamante 2021), y no en la subjetividad de los participantes y su visión de los problemas, lo que sería autoeficacia (^{Bandura 1997}).

El mercado hace una crítica al Estado como ineficaz para implicarse e interesarse progresivamente en sus papeles interventores sociales. Asumiendo este último una lógica de gubernamentalidad, que termina por imprimir una política vulneradora que reafirma el argumento de ineficacia que le da el mercado.

El caso de estudio muestra que las lógicas mercantiles racionales eficientistas no son capaces de tomar el rol de protección, - da igual si las asume el Estado o las asume el mercado -, ni resuelve la contradicción práctica entre actores económicos y sujetos de derechos. Al contrario, todo apunta a que el enfoque de derechos se ve dificultado por el efecto de mercantilización, “marketisation” en términos de ^{Harris (2014}).

Cuando las lógicas mercantilistas de innovación se cruzan con las lógicas sociales quedan sacrificados los elementos de protección, justicia social y garantía de derechos. En la práctica, y a pesar de los esfuerzos por generar relaciones distintas, los participantes no son considerados sujetos sino clientes bien tratados, a los que se les ofrece una oferta de actividades creativas y terapéuticas para compensar las falencias técnicas de los otros programas que sí pertenecen a la red estatal.

La gubernamentalidad se conjuga con la subjetivización desde la integración individuo-institucionalidad en continua tensión y se presenta en dos formas: una que viene a converger con las lógicas hegemónicas neoliberales y de racionalidad eficientista; y otra que se escapa y construye desde su autonomía como equipo. El equipo mostró tensiones y contradicciones permanentes en sus roles técnicos, viéndose sus acciones determinadas por la dominación y la objetivación del sujeto a través de las lógicas innovadoras mercantiles (^{Foucault 1991}). No obstante, rescatamos la capacidad reflexiva alcanzada por los participantes; si bien el enfoque de derecho es una visión integral, donde todo el espectro multidimensional de la intervención se ve implicado, la consciencia de las brechas de cada una de las partes involucradas por parte de los actores es un paso importante hacia una construcción coherente y sostenible del enfoque en la política pública hacia la niñez (^{Vergara del Solar 2018}).

Conclusiones

Tras la dictadura chilena se profundiza y consolida la mercantilización, lo que produce una atomización social, en un creciente predominio de individualidad, fragmentación y desconexión (^{Aguirre y Sánchez 2016}). Esta comprensión de la organización de la vida permite una estructura sociopolítica que compromete políticas públicas hacia la niñez adscritas a los fundamentos mercantiles, y produce alienación por parte de profesionales y los participantes: unos reducidos a intermediarios técnicos, y los otros reducidos a usuarios, a clientes o necesitados.

Los problemas de la institucionalidad afectan las propuestas independientes de diversas formas como vemos en el caso de estudio. Los esfuerzos para romper con esta dinámica son primordiales, y es importante que haya equipos y personas dispuestas a trabajar para la transformación desde propuestas alternativas. No obstante, ello no se va a lograr desde la intervención en las mediciones de eficiencia y la evaluación del rendimiento (^{Harris 2014}). El verdadero reto al que se enfrenta la innovación social en intervención del maltrato grave es instalar el análisis crítico en sus prácticas profesionales y relaciones de poder dispuestos en la vida cotidiana (^{Carballeda 2008}).

El impacto de la neoliberalización en la gestión de las políticas públicas que acorrala a Chile no es exclusivo. A nivel internacional se reconoce una crisis de valores como resultado de la aplicación de los principios neoliberales (^{Ornellas et al. 2019}). El neoliberalismo desbarata el sentido común adquirido en la experiencia de trabajo desde la perspectiva de los sujetos, porque desprecia el saber y lo “popular” por irracional. Este sentido común lo conforman las ideas vigentes de lo que está bien y está mal, que son interpretaciones de la realidad de comunidades históricas (^{Nun 2014}).

La política pública configura todo, la vida cotidiana, el diálogo y la interacción y viceversa. No hay políticas públicas que no tengan impacto en la significación (Nun apud^{Grimson 2014}) y no hay práctica neutra. Los cambios no son posibles sin los cambios políticos-culturales que articulan la multidimensionalidad de la vida. Una idea de innovación puede ser una propuesta técnica que envuelve actividades y espacios, pero también integra estructuras y formas de pensar, construye los fenómenos en su complejidad implicando el lenguaje, los discursos, las categorías y los imaginarios.

El enfoque de derechos tiene que desmontar el Estado de derecho desde sus lógicas mercantiles. El Estado debe asumir su responsabilidad como garante para deshacerse de los términos que la lógica neoliberal le ha otorgado como un órgano ineficaz y vulnerador (en términos de derechos humanos). Un Estado atravesado, como fin y como medio, por los derechos humanos y generador de políticas públicas y acciones sociales, tiene como criterio de validación el logro de la protección y la garantía de derechos desde los términos de los sujetos.

Transformar el enfoque de derechos en herramienta sociopolítica y cultural nos da la posibilidad de poder responder a los desafíos asumidos de protección y transformación reales. Las nuevas movilizaciones en Chile, y el proceso constituyente en marcha, abren puertas y permiten la reescritura de nuestra sociedad, puede que esta sea una buena oportunidad, ahora que las utopías vuelven a tener vigencia.