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Introducción
Desde hace más de tres décadas, la cuestión migratoria ha despertado las tensiones morales de una Europa en profunda crisis: entendidos como “invasores” y “cuerpos oscuros”, a la par que “salvadores” de una Europa envejecida, el colectivo migrante llegado del Sur global durante la década de 1990 ha experimentado, desde entonces, un creciente y progresivo agravamiento de sus condiciones materiales de vida. Paradójicamente, a pesar de que buena parte de este cuerpo de trabajo migrado llegó para ocupar los puestos de trabajo más precarios (precisamente aquéllos que la población nacional/autóctona no quería ejercer), así como para cubrir los huecos de los históricamente frágiles estados del bienestar que caracterizan el Sur de Europa, su situación desde entonces no ha hecho más que empeorar. Desde la década de los 2000, la arquitectura legal de la “Europa Fortaleza” ha favorecido la creciente informalización de la población migrante, forzando su habitar en los márgenes y desplazándolos a los resquicios de la liminalidad laboral, social y urbana. Dicha arquitectura no sólo informaliza activamente a este cuerpo de trabajo migrante, sino que criminaliza su presencia, generando un verdadero terror cotidiano para las personas que no disponen de permisos legales de residencia, acosando a través de identificaciones “espontáneas” en calles, plazas y estaciones de transporte a personas racializadas, imposibilitando su incorporación al mercado laboral formal y obstaculizando su acceso al ejercicio de la ciudadanía y el derecho a la ciudad (Amnistía Internacional, 2023; Ferrocarril Clandestino, Médicos del mundo Madrid y SOS Racismo Madrid, 2016). De manera crucial, para muchas de estas personas, la noche supone un espacio-tiempo donde la tensión entre el anonimato, la visibilidad, la persecución (ser visto, perseguido o tolerado), supone una oportunidad de supervivencia en este escenario de creciente informalización y persecución de la alteridad migrante.
En las ciudades del Sur de Europa, buena parte del trabajo migrante, precarizado y, también, altamente feminizado, se ha dedicado fundamentalmente a dos sectores de creciente demanda por parte de la población autóctona: el servicio doméstico y la venta de servicios sexuales. Ambos colectivos, compuestos mayoritariamente por mujeres, a menudo migrantes racializadas del Sur Global, encuentran en la venta de sus servicios (sexuales, de limpieza o cuidados) una oportunidad para escapar de contextos de precariedad, subsistir, mantenerse a ellas mismas o a sus familias e, incluso, en ocasiones, ahorrar y sostener nuevos proyectos vitales (Agustín, 2009). A menudo indocumentadas (sin permisos legales de residencia y trabajo) estas mujeres migrantes encuentran en la liminalidad de la ‘noche informal’, en los espacios apartados y menos visibles de las ciudades, un salvoconducto para poder vivir, escapar, esconderse o subsistir. Así, según las bases de datos estadísticas nacionales (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2020a), de las 600.000 empleadas del hogar trabajando en España, 40.000 de ellas trabajan como internas en casa de sus empleadores: a menudo sin descansos y con extenuantes jornadas de trabajo, estas mujeres (el 90% de ellas mujeres migrantes y sin papeles) limpian, cocinan y cuidan día y noche los hogares de las clases medias altas de los barrios más privilegiados de ciudades españolas. La particularidad de la experiencia nocturna para estas mujeres es atravesada por un complejo de experiencias, que transcurren desde esconderse de las autoridades de migración en casa de sus empleadores, sortear el habitual abuso de sus clientes y cuidar en jornadas extenuantes, día y noche. En paralelo, aunque la estimación de las cifras es siempre problemática1, miles de trabajadoras sexuales encuentran en los espacios “oscuros” y apartados de calles, parques, y especialmente clubs nocturnos y pisos de alterne, su espacio-tiempo laboral en numerosas ciudades españolas. No obstante, a pesar de que la noche es un espacio-tiempo central para este cuerpo de trabajo informalizado, feminizado y altamente migrante y racializado, la relativa opacidad que atraviesa tanto los hogares privados en el caso de las trabajadoras domésticas, como los establecimientos de clubs nocturnos y pisos de alterne en el caso de las trabajadoras sexuales, dificulta poder abordar la exploración de este fenómeno. Parece necesario abordar con mayor atención la realidad de la ‘noche in/formal’ (Aramayona y Guarneros-Meza, 2023), y particularmente la experiencia de los cuerpos subalternos en la noche - también en los espacios privados, menos visibles. Por ello, generar mayores vínculos entre los estudios nocturnos y la interseccionalidad de los debates feministas contemporáneos (Federici, 2013; Marchetti et al., 2021) permite atender a estas otras noches, aquéllas que se dan en espacios invisibilizados, clandestinos y precarizados por los procesos de gobernanza urbana de las ciudades postindustriales.
A lo largo del presente trabajo, propongo explorar el concepto de “oscuridad” (darkness) y su relación con la creciente criminalización, clandestinidad e invisibilización de la fuerza de trabajo informalizada en el Sur de Europa. Tomando por caso el contexto urbano español, y centrando la atención en dos tipos de trabajo de facto informalizados altamente feminizados, migrantes y racializados (empleadas domésticas y trabajadoras sexuales) propongo explorar cómo la oscuridad, en tanto espacio-tiempo (la noche) pero también espacio simbólico (lo oscuro), permite generar prácticas de criminalización/re-estigmatización de la informalidad urbana por parte del discurso y política pública.
La primera sección ofrece una descripción detallada del enfoque metodológico utilizado para este trabajo. La segunda sección se centrará en la situación actual de dos tipos de actividades laborales de facto informalizadas en España, a la par que con un perfil socio-demográfico de composición femenina, migrante y habitualmente racializado: el trabajo sexual y el empleo doméstico, todas ellas llevadas a cabo en una gran mayoría de casos por migrantes transnacionales (a menudo mujeres racializadas e indocumentadas) procedentes de países del Sur Global. Para ello, con la aspiración de superar enfoques dicotómicos sobre qué es “formal” o “informal”, tomamos los debates recientes sobre informalización como proceso legal, económico y espacial, y lugar para el “análisis crítico” de diversas problemáticas urbanas (Banks et al., 2019; Boudreau y Davis, 2016; Roy, 2009). A través del análisis de las estrategias públicas de gobierno (políticas públicas, narrativas dominantes) de este cuerpo de trabajo informalizado durante las últimas tres décadas - incluyendo el periodo crítico de la pandemia de Covid-19 -, arrojaré luz sobre cómo la intervención pública utiliza una retórica basada en la oscuridad para criminalizar, hacer clandestino y “poner en la sombra” a este cuerpo de trabajo informalizado nocturno. En particular, describiré cómo el discurso público dominante (institucional/medios de comunicación) utiliza una retórica que (tanto por sus activas presencias como por sus ausencias y “silencios”) activa un imaginario sobre la naturaleza “oscura” de las actividades de este cuerpo de trabajo informalizado. En la cuarta sección, desarrollo con mayor profundidad el vínculo entre la reproducción de las nuevas geografías morales, informalización y la gobernanza neoliberal de las ciudades españolas. En particular, explico cómo la gobernanza pública española sobre la cuestión del empleo doméstico y el trabajo sexual ha derivado en la mayor clandestinidad de estas trabajadoras informalizadas - llevándolas “a la sombra” del espacio social urbano - criminalizando las actividades consideradas moralmente reprobables en el espacio público/visible, al tiempo que permitiendo, tolerando e incluso incentivando las mismas en el espacio privado/invisibilizado.
Objetivos y metodología
En este trabajo, propongo explorar el concepto de “oscuridad” y su relación con la criminalización y estrategias de supervivencia, oportunidad y resistencia de las trabajadoras informales (habitualmente migrantes y racializadas) en el Sur de Europa. Por “oscuridad” (darkness), entiendo no sólo el espacio-tiempo simbólico que habilita (“la noche” o “afterdark hours”) paradigmático de los estudios nocturnos (Nofre y Eldridge, 2018), sino un lugar simbólico-discursivo sobre el que operan legados de largo alcance sobre moral, raza y género (Edensor, 2013, 2015).
A través de un análisis exhaustivo de fuentes secundarias (i.e. bases de datos, informes, literatura especializada de carácter interdisciplinar sobre “nightlife/darkness”, migración, estudios de género, trabajo sexual y trabajo doméstico) se expone una situación actualizada sobre las condiciones en que viven los colectivos de trabajadoras de facto informalizadas (empleadas domésticas y trabajadoras sexuales) en el contexto español. A su vez, este análisis es combinado con un examen exhaustivo de la legislación y normativas públicas vigentes que afectan a estas trabajadoras a diferentes escalas: a nivel local (regulaciones municipales sobre orden público; e.g., Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona (12/2005)), nacional (Ley sobre Migración (LO 4/2000) y sus sucesivas modificaciones, Ley de Seguridad y Convivencia (LO 4/2015), Sistema especial para empleados del hogar (RD 1620/2011 y RD 16/2022) e internacional (normativa europea; e.g., Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)). Estos resultados se integran con un análisis del discurso público sobre ambos colectivos, identificado a través de debates parlamentarios y los medios de comunicación digital durante el periodo 1990-2021 (incluyendo el crítico periodo de la pandemia Covid-19) siguiendo las escuelas de análisis crítico del discurso (Antaki et al., 2003; Íñiguez y Antaki, 1994; Lees, 2004). A través de la triangulación multi-fuente y multi-método, la integración de esta información pretende brindar luz sobre los claroscuros (contradicciones e impactos) entre el discurso público y la política pública sobre las condiciones de estos dos colectivos de trabajadoras.
Resultados y discusión
Invisibilizando a las trabajadoras sexuales de calle: moralidad y desplazamiento de la prostitución hacia el indoor a través de políticas públicas en España
En los últimos años, la prensa y los medios de opinión pública se han hecho eco de un crecimiento exponencial del trabajo sexual en España. Aunque no hay datos oficiales, diversas organizaciones estiman que miles de trabajadoras sexuales2 operan diariamente en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, así como en zonas rurales fronterizas con Portugal y Francia (Oliveira, 2020; TAMPEP, 2010). De hecho, las políticas de austeridad y la pérdida generalizada de puestos de trabajo en el mercado formal desde la crisis de 2008 - agravada por la crisis de Covid-19 -, el trabajo sexual ha aumentado como modo de sobrevivir a la precariedad cotidiana (Asociación IN GENERO, 2021). La gran mayoría de las personas que venden servicios sexuales son mujeres, en particular mujeres migrantes procedentes de los países más pobres del Sur Global, de las cuales el 80% no dispone de permisos de trabajo y residencia (Asociación IN GENERO, 2021; TAMPEP, 2010). De ahí que muchas de ellas sufran, no sólo la aplicación de un complejo conjunto de legislaciones ambiguas y criminalizadoras relativas a la prostitución, sino de leyes nacionales crecientemente securitizantes de la población migrante (Osborne, 2004).
Desde finales de los años ochenta y principios de los noventa, intensos y polémicos debates han surgido en España sobre la naturaleza del trabajo sexual: la vulnerabilidad de las personas que venden servicios sexuales - en su mayoría mujeres - es utilizada como argumento por los discursos abolicionistas y prohibicionistas para cuestionar el consentimiento y la libre elección de la venta de servicios sexuales3. Desde finales de 1990, la movilidad de discursos a escala global en relación a la prostitución y “tráfico sexual” supuso la importación de un debate polarizado desde el contexto anglosajón a otros territorios, incluido el Sur de Europa (Garofalo Geymonat y Selmi, 2019), que incorporó entonces una retórica que equiparaba prácticamente cualquier trabajadora sexual con una víctima de tráfico, y a toda persona que facilitara de alguna forma esta actividad como miembro de la “industria proxeneta”. Las metáforas lumínicas no tardaron en aparecer: la “trata de blancas” necesitaba ser perseguida, como ejercicio de exorcización de un objeto oscuro (las mafias), salvadoras y en rescate de unas mujeres desprotegidas y carentes de agencia. Sin embargo, las organizaciones lideradas por trabajadoras sexuales y las posturas pro-derechos denuncian que son los marcos legales estigmatizadores y criminalizadores vigentes en España los que, de facto, aumentan su vulnerabilidad física, psicológica y económica tanto en el tránsito desde el país de origen como en la vida cotidiana en el país de llegada (Oliveira, 2020; OTRAS, 2020; Pheterson, 2023; Sánchez-Perera, 2023). Desde las redadas policiales, a las sanciones económicas, al miedo a la deportación de las inmigrantes indocumentadas, a la más reciente escasez económica debida a las restricciones de su actividad en el manejo de la Covid-19 (Asociación IN GENERO, 2021; Platt et al., 2020), las trabajadoras del sexo se encuentran hoy en día en una situación de extrema vulnerabilidad.
España no es una excepción de la “cruzada moral” general (Weitzer, 2006) contra la prostitución que tiene lugar en Europa desde la década de 1950 (Foret y Rubio Grundell, 2020). El marco español se instala en un abordaje abolicionista - como la mayoría de estados europeos - que, a pesar de que su foco está puesto en “castigar” al cliente y a terceros a través de jurisdicciones penales para desincentivar la demanda, en la práctica termina por sancionar y criminalizar a la prostituta (Oliveira, 2020). Así, mientras se desincentiva o banaliza cualquier intento de auto-organización y representación colectiva por parte de las trabajadoras del sexo4, la industria de empresarios del sexo goza de una relajada situación normativa y jurídica. Como bien describe Paula Sánchez-Perera (2023) España dispone, en la práctica, de un Código Penal abolicionista, un prohibicionismo callejero y un reglamentarismo invisible (especialmente para la prostitución indoor en clubs nocturnos y apartamentos), que deja a las trabajadoras sexuales en una situación de inmensa vulnerabilidad.
Las pioneras regulaciones locales contra el trabajo sexual callejero en España nacen en la región de Cataluña: en 2005, instalados en una profunda retórica moral sobre el “civismo”, el Ayuntamiento de Barcelona estableció la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona (12/2005) que permite sancionar tanto a clientes como a trabajadoras sexuales por ofrecer, aceptar o realizar actos sexuales en espacios públicos, con sanciones agravadas cuando se realizan en zonas sensibles (por ejemplo, cerca de escuelas). Durante los años siguientes, ciudades como Valencia, Sevilla o Bilbao elaboraron normativas similares. Sin embargo, en aquellas ciudades que carecen de normativa urbana específica sobre la regulación de la prostitución callejera (como Madrid, Zaragoza o San Sebastián), la policía nacional aplica leyes nacionales de seguridad (como la Ley Orgánica (LO) 4/2015 Ley de Seguridad y Convivencia, también conocida como “Ley Mordaza”) para desplazar a las trabajadoras del sexo de “zonas sensibles” (art. 36) y sancionar las “exhibiciones obscenas” (art. 37.5) con multas que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros. Según datos del Ministerio del Interior, en el periodo 2015-2017, la LO 4/2015 fue utilizada 591 veces para sancionar trabajadoras sexuales, por un importe total de 100.420 euros (Barcons Campmajó, 2018). En definitiva, desde mediados de los 2000, las ciudades españolas disponen de marcos normativos (locales o nacionales) de carácter prohibicionista que de manera activa sancionan, persiguen y aterrorizan a las trabajadoras sexuales en espacios públicos.
Tal y como han denunciado varias organizaciones lideradas por trabajadoras sexuales y miembros de la academia pro-derechos, los enfoques institucionales en España en las últimas tres décadas no han puesto fin a la prostitución, sino que han hecho a las trabajadoras sexuales más invisibles, “en la sombra” y más vulnerables a abusos y actos de violencia por parte de actores estatales/públicos (policía y burócratas) y privados (clientes y proxenetas) (Asociación IN GENERO, 2021; Cruz Márquez y Maldonado-Guzmán, 2021; Motterle, 2020; OTRAS, 2020). De hecho, uno de los grandes efectos de este entramado legal (administrativo y penal) de gobernanza de la prostitución ha sido precisamente el aumento de la clandestinidad de las trabajadoras sexuales, a través de su desplazamiento del espacio público (la calle) a entornos cerrados (Clubs Nocturnos y apartamentos privados) (Barcons Campmajó, 2018; Villacampa y Torres, 2013). El desplazamiento del trabajo sexual callejero a escenarios indoor produce una pérdida de autonomía personal y económica - ya que muchas viven en los clubes donde trabajan -, son más propensas a aceptar condiciones de trabajo y situaciones de explotación por parte de terceros, y tienen más riesgo de sufrir abusos físicos y sexuales por parte de los clientes (Arce, 2022; Barcons Campmajó, 2018). La invisibilización en el espacio privado (tanto en clubes como en pisos privados) en un escenario de alta criminalización y estigma, dificulta además el acceso a una vivienda digna, produce un mayor riesgo ante clientes abusivos (al conocer donde viven las trabajadoras) y a no denunciar abusos por miedo a ser identificadas como trabajadoras sexuales (Arce, 2022; Smith y Mac, 2018). De manera crucial, en el caso de las trabajadoras sexuales indocumentadas, también corren más riesgo de ser deportadas debido a las repentinas e inesperadas redadas masivas de la policía en los clubes de alterne. Para las trabajadoras sexuales que, a pesar de toda la persecución, permanecen “haciendo la calle”, este escenario incierto y criminalizado empeora las condiciones de su ejercicio al forzar, entre otras cosas, la rapidez en las negociaciones con los clientes en relación a los precios y prácticas sexuales, así como a esconderse en lugares menos visibles, “más oscuros” (Smith y Mac, 2018) y más peligrosos (Barcons Campmajó, 2018). En suma, la normativa pública española aplicada desde la década de 2000 ha desplazado el trabajo sexual outdoor (al aire libre) hacia escenarios indoor (en locales cerrados), caracterizados por ser entornos más opacos y clandestinos, y empeorando las condiciones de vida y trabajo de las personas que venden sexo.
En la actualidad, la coyuntura desde 2018 de un gobierno nacional de corte progresista entre un partido de izquierdas Unidas Podemos (auto-representado como heredero del movimiento 15M Indignados y de la más longeva Izquierda unida) en coalición con el histórico partido social-demócrata, PSOE, no ha sido preventorio de una postura no abolicionista respecto de la prostitución. De hecho, la gestión pública relativa a la pandemia de Covid-19 ha afectado gravemente a la situación de este colectivo: no sólo las medidas tomadas (o sus ausencias) han olvidado o reforzado un clima de persecución, abandono y falta de escucha al colectivo organizado en tanto agencia de interlocución, sino que durante este crítico periodo se reforzó en el nivel del discurso el vínculo entre “prostitución” y el oscuro estigma que lo asocia a violencia y enfermedad - en tanto práctica underground inherentemente violenta para la dignidad de las mujeres, que debe ser controlada o eliminada sin contar con el diagnóstico de sus protagonistas (las trabajadoras sexuales). En agosto de 2020, en plena quinta ola de pandemia, el Ministerio de Sanidad solicitó a las comunidades autónomas el cierre del ocio nocturno como estrategia de “combate” de la pandemia Covid-19. Poco más tarde, el Ministerio de Igualdad recomendó a los gobiernos autonómicos el cierre de prostíbulos y clubes de alterne, entendiendo la “persecución a la prostitución” como una cuestión de salud pública para manejar, a la par, la contención del virus Covid-19 y la dignidad de las mujeres prostituidas. Instaladas en un discurso abolicionista, que habitualmente no distingue entre trabajo sexual voluntario y tráfico sexual, esta iniciativa pública reforzó en el nivel de discurso la asociación, históricamente construida, entre prostitución y transmisión de enfermedades (venéreas) (Smith y Mac, 2018) - a pesar de que la evidencia empírica niega este habitual estereotipo (Asociación IN GENERO, 2021). Sin embargo, siguiendo esta recomendación del gobierno nacional, la región de Castilla La Mancha (que concentra los mayores índices de clubes y prostíbulos sexuales del país) implementó una normativa específica para prohibir y perseguir el trabajo sexual en los clubes5, acción que fue seguida por otros gobiernos regionales como Cataluña, Andalucía y Extrameduramediante el uso de restricciones generales a los lugares de ocio y entretenimiento nocturno.
Junto con las anteriores restricciones a la movilidad y horarios nocturnos, y en una ausencia práctica de ayudas públicas dirigidas a las trabajadoras sexuales, esta estrategia pública supuso un empeoramiento extremo de las condiciones sanitarias y económicas de las trabajadoras sexuales. Como ha denunciado recientemente el informe de la ONG Asociación IN GENERO (2021), debido al cierre repentino de los clubes, muchas trabajadoras sexuales perdieron su residencia, forzando el traslado de su actividad a pisos privados regentados por los jefes de su anterior club o sus clientes - y en menor medida, alquilados con otras compañeras trabajadoras sexuales -, haciéndolas más vulnerables a las extorsiones laborales y físicas, perdiendo poder de negociación con los clientes y haciéndolas aún más invisibles y estigmatizadas. Paralelamente, este clima pandémico de re-estigmatización y persecución de la actividad de venta del sexo, permitió un incremento del maltrato policial contra las trabajadoras sexuales que mantuvieron su actividad durante este periodo crítico: una vigilancia extra de los clubes nocturnos (aún abiertos) por parte de patrullas policiales, e incluso inmersiones extralegales a pisos privados donde se ejercía el trabajo sexual (Asociación IN GENERO, 2021). Recientemente, desde 2021, diversos anuncios sobre distintas propuestas de medidas legislativas orientadas a “abolir la prostitución”6 apuntalan esta tendencia de gobernanza criminalizante sobre las trabajadoras sexuales, y abre un interrogante sobre las posibles consecuencias para las personas que venden servicios sexuales en España.
Internas y trabajadoras domésticas ‘en la sombra’: limpiando y cuidando los hogares de clase media en condiciones precarias
Curiosamente, el empleo doméstico tiene una presencia significativamente mayor en el Sur de Europa - incluyendo el contexto español - en comparación con otros países europeos. En base al Instituto Nacional de Estadística (2020), actualmente hay 600.000 trabajadoras domésticas en España (150.000 en Madrid, la capital), posicionando a España como el segundo país europeo con las tasas más altas de empleo doméstico - solo por detrás de Italia - (Eurostat, 2019). Como en el caso del trabajo sexual, el trabajo doméstico en España es también una actividad altamente feminizada y racializada: el 88% de las personas que realizan servicios domésticos son mujeres, de las cuales el 65% son migrantes (INE, 2020a) - y una de cada cuatro carece de permiso de residencia y trabajo (Gálvez-Iniesta, 2020). Sin embargo, a diferencia del trabajo sexual, el empleo doméstico es una actividad laboral legal en España, que cuenta con una normativa laboral específica y que permite, en cierta medida, cierta protección legal a las empleadas domésticas. Sin embargo, la realidad es que muchos de estos trabajos precarios, habitualmente denominados “no cualificados”, se realizan en condiciones muy precarias o con una altísima tasa de irregularidades: en España, 1/3 de las empleadas domésticas trabaja en condiciones informales (OXFAM, 2021) e incluso teniendo permisos de trabajo y contratos formalizados, una de cada tres es pobre (INE, 2020b, en base a la Encuesta Española de Condiciones de Vida, 2019).
Aunque en la última década se han producido algunas mejoras, las organizaciones civiles denuncian la falta de un marco normativo que asegure una protección laboral de las empleadas domésticas en igualdad de condiciones respecto de otros empleos. En la actualidad, el trabajo doméstico en la legislación española se enmarca en un régimen especial de la Seguridad Social que, entre otras cosas, no permite a las trabajadoras beneficiarse de la protección por desempleo, garantiza sólo el salario mínimo - a pesar de ser una actividad esencial -, carece de protocolos de prevención de riesgos laborales y de protección legal frente a despidos “improcedentes”7, y dispone de indemnizaciones por despido inferiores a las de otros trabajos. De hecho, incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha denunciado recientemente la situación discriminatoria que sufren las empleadas de hogar en la actual legislación española (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Comunicado de Prensa 37/22, 2022). A pesar de que las inspecciones de trabajo en los domicilios privados son una demanda de los colectivos organizados, la “inviolabilidad del espacio privado” (el hogar) suele ser una de las excusas para no realizar este monitoreo público sobre las condiciones de las trabajadoras domésticas.
La falta de reconocimiento del valor del trabajo del hogar por parte de la opinión pública, la vulnerabilidad administrativa (muchas trabajadoras no disponen de permisos de residencia/trabajo), junto con una agenda legislativa desfasada y la invisibilidad de los espacios de trabajo privados (los hogares), hacen que las empleadas del hogar en España sea un colectivo altamente vulnerable a sufrir diversas formas de abuso laboral y violencia simbólica, física y sexual. Según un cuestionario, realizado a 80 mujeres del servicio doméstico, el 41% denunció insinuaciones y “comentarios vulgares” de carácter sexista, el 28% ha sufrido acercamientos excesivos o tocamientos indeseables, el 10% fue solicitada explícitamente para mantener relaciones sexuales con sus empleadores y el 10% sufrió abusos sexuales (Bofill y Véliz, 2019). La humillación y el chantaje también es una situación común denunciada por estas trabajadoras (Barrial, 2023). Críticamente, de nuevo la pandemia de Covid-19 ha empeorado las condiciones de vida y de trabajo de las empleadas domésticas: muchas fueron despedidas repentinamente sin previo aviso - a veces a las puertas de la casa de su empleador -, no cobraron la totalidad de las horas trabajadas o no recibieron indemnizaciones al ser despedidas. Todas estas situaciones de abuso, ya preexistentes a la pandemia, han crecido enormemente durante este periodo crítico (OXFAM, 2021). Sin embargo, conscientes de su vulnerabilidad legal, muchas mujeres inmigrantes indocumentadas evitan denunciar ante la policía o cualquier otro recurso institucional para evitar posibles identificaciones y deportaciones.
Del grueso de las empleadas domésticas, el caso de las trabajadoras internas es especialmente grave. De las 40.000 mujeres que viven y trabajan, día y noche, en los hogares más privilegiados de las ciudades españolas, el 90% son migrantes (INE, 2020a), en su mayoría sin papeles. Esta situación puede durar de meses a años, y es un puente habitual de numerosas migrantes indocumentadas que, debido a su incertidumbre legal y económica, prefieren vivir en la casa de sus empleadores para evitar el pago de los altos alquileres de las ciudades, así como evitar exponerse a identificaciones policiales y controles migratorios en espacios públicos. Obviamente, la mayor invisibilidad y vulnerabilidad legal de las internas permite una mayor impunidad sobre la violencia física, psicológica, laboral y sexual ejercida por sus clientes (Bofill y Véliz, 2019): desde horarios de trabajo extenuantes, a no disponer de horas personales de descanso o carecer de intimidad y espacios privados para el descanso, o ser chantajeadas por sus empleadores para aceptar condiciones abusivas debido a su situación legal de vulnerabilidad. Estas condiciones de semi-esclavitud son aceptadas por estas mujeres debido a su inmensa precariedad al llegar en condiciones irregulares a Europa: prefieren quedarse en el espacio privado de sus empleadores, incluso aceptando condiciones extremadamente abusivas y careciendo de su propio tiempo y espacio personales, con tal de ahorrar exponerse a identificaciones policiales y posibles deportaciones. Una vez más, la pandemia de Covid-19 afectó sobremanera al colectivo de internas: basándose en argumentos sanitarios, muchas internas perdieron su trabajo - y, en consecuencia, su lugar de residencia - o se les pidió que se quedaran indefinidamente en casa de sus empleadores para evitar el contagio, renunciando así a su derecho a horas de descanso y espacios privados (OXFAM, 2021).
Sin embargo, en contraste con la representación hiperbólicamente mediatizada de las trabajadoras del sexo, durante las tres últimas décadas ha habido un debate público casi ausente sobre las condiciones del empleo doméstico en España. Frente al insistente interés de gobiernos españoles y numerosas organizaciones del tercer sector en “dar luz” al “oscuro” mundo de la industria del sexo, el interés por las condiciones de las empleadas domésticas, y particularmente las internas, ha sido habitualmente menor. Salvo la puntual cobertura mediática de las incansables protestas de organizaciones de empleadas de hogar8 junto con las denuncias de algunos sindicatos tradicionales9, la situación del empleo del hogar en España no ha estado en la agenda de los debates mediáticos ni parlamentarios. Solo recientemente, en abril de 2022, se ha producido una cierta visibilidad pública en relación con la ratificación de la normativa internacional (Convenio 189 de la OIT de 2013), una histórica reivindicación de las organizaciones de empleadas de hogar (Marchetti et al., 2021). No obstante, el habitual “silencio” en el discurso público sobre el empleo doméstico contrasta con el desgarrado grito por las condiciones de las “mujeres prostituidas”, generando una ausencia de discurso público, también oscura, que nos permite brindar luz a los procesos de reproducción de las geografías morales de las ciudades nocturnas españolas.
Conclusión. Geografías morales de la informalidad nocturna: el desplazamiento de trabajadoras racializadas hacia la oscuridad de los espacios privados
Las comparaciones entre el (des)igual tratamiento público de estos dos tipos de trabajo feminizado, migrante y racializado (doméstico y sexual) son esclarecedores sobre cómo los procesos de in/visibilidad e informalización reproducen las geografías morales de las actuales ciudades postindustriales españolas. Mientras las trabajadoras sexuales callejeras reciben el constante acoso y las sanciones económicas derivadas de las regulaciones locales higienistas y la LO 4/2015, apenas se han dado avances institucionales por conocer las verdaderas condiciones de trabajadoras en clubes nocturnos y pisos. Al mismo tiempo, las puntuales e hipermediatizadas redadas policiales en clubes nocturnos y pisos donde se venden servicios sexuales, contrasta con la persistente falta de vigilancia pública e interés mediático sobre las condiciones abusivas que sufren las empleadas domésticas en espacios privados, especialmente las internas. Los esfuerzos que las ciudades neoliberales aplican a limpiar los espacios públicos de presencias “peligrosas”, “sucias” o “incívicas” - y su sesgada (des)atención a las situaciones de abuso en los espacios privados o semiprivados - revelan las contradicciones y tensiones de las actuales geografías morales españolas.
En este trabajo, describo el papel que el discurso público dominante (institucional y mediático), en combinación con una arquitectura legal y normativa a escala local, regional, nacional e internacional, tiene sobre la situación de dos trabajos de facto informalizados, feminizados y racializados en España: el empleo del hogar y el trabajo sexual. Así, sostengo que la estrategia pública (por pasiva o activa) en el contexto español, ha favorecido una mayor clandestinidad de estas trabajadoras informales en las tres últimas décadas: la tendencia hacia el desplazamiento de la informalidad (y su consiguiente vulnerabilidad psicológica, social, laboral, sexual y económica) “a la sombra” de los espacios privados o semiprivados (hogares, clubs nocturnos o apartamentos), así como el desplazamiento de las condiciones más abusivas que sufren las trabajadoras informalizadas hacia espacios más invisibles. Tal y como describe Laura Agustín (2009) de manera colateral en su célebre libro enfocado en trabajo sexual (“Sex on the Margins”), existe una relación directa entre trabajo sexual y doméstico con el fenómeno migratorio a escala global y ambos trabajos son, en buena medida, parte del proyecto migratorio de numerosas mujeres. Los colectivos de trabajadoras organizadas tienen claro que existe una relación directa entre trabajo sexual y otros trabajos precarios, como el de limpieza, el del hogar, el de hostelería, y tantos otros: las “ruedas de la pobreza” hacen que, en numerosas ocasiones, el trabajo sexual suponga una alternativa viable para poder salir de la precariedad para numerosas mujeres, a veces sustituyendo otros trabajos precarios, o complementándolos10. Sin embargo, probablemente por el “estigma puta” que subyace al ejercicio del trabajo sexual (Sánchez-Perera, 2023), así como por los impedimentos para que la voz de las trabajadoras sexuales organizadas sea escuchada, tanto los estudios científicos como el relato público que aborda la complementariedad de ambas esferas de trabajo siguen siendo minoritarios.
Más allá de todos los obstáculos, la noche (en tanto espacio-tiempo) y la oscuridad (en tanto espacio simbólico y discursivo) son utilizadas por esta fuerza de trabajo subalterna para habitar los resquicios de oportunidad que habilitan los regímenes neoliberales, patriarcales y racistas, así como las grietas de la ciudad que se escapan al control (bio-)político en la “liminalidad” de la noche (Nofre et al., 2019). Bien de manera individual, pero “encroached” (Bayat, 2000), bien colectivizada en forma de sindicatos populares, estas trabajadoras, habitualmente migrantes sin papeles, ejercen diferentes formas de resistencia al neoliberalismo urbano a través de sus prácticas de supervivencia diaria. Abordar con mayor centralidad cómo se producen estas prácticas y estrategias de supervivencia de la subalternidad nocturna (Aramayona y Guarneros-Meza, 2023) para apoyar futuros procesos de organización y lucha por el “derecho a la ciudad nocturna” (Koslofsky, 2011) es un deber de la nueva agenda de estudios urbanos y nocturnos.
